¿Qué sistemas tecnológicos y jurídicos protegen a los jugadores de azar en España?

En España la protección al jugador combina leyes claras, registros nacionales y autonómicos de prohibidos, límites económicos, verificación de identidad y monitorización tecnológica constante. Esto no solo busca cumplir con la normativa, sino también prevenir el fraude y minimizar los daños derivados del juego problemático.

El año pasado casi dos millones de personas participaron en juegos de azar en España en sitios regulados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). En un contexto donde los juegos de azar son cada vez más elegidos (las cifras lo respaldan), contar con sistemas que protejan a los jugadores se vuelve más importante que nunca.

En este artículo haremos un repaso sobre cuatro medidas que sostienen una gran red de protección a las personas que participan en juegos de azar en el país.

Aunque los esfuerzos son permanentes y estos sistemas a veces fallan, en conjunto hacen que España sea un país pionero en la materia, con un modelo exportado dentro y fuera de Europa.

247 expedientes de sanción a casinos en un año

Una de las bases que sustentan la protección al jugador en España es la lucha contra los casinos ilegales, que se realiza con el respaldo de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

El regulador tiene el poder y la responsabilidad de castigar las infracciones, sean leves o graves. Sin embargo, las infracciones muy graves son competencia del Ministerio de Consumo, actualmente delegada en el Secretario General de Consumo y Juego.

Por poner un ejemplo, en 2023 se iniciaron un total de 247 expedientes sancionadores, de los cuales 25 fueron considerados muy graves (bajo responsabilidad del Ministerio), otros 25 graves y 197 leves.

A lo anterior se suma que el año pasado hubo al menos 14 sancionados que fueron impedidos de hacer negocio en el país por más de 2 años.

Todo lo anterior es un reflejo de los esfuerzos de la DGOJ y los ministerios por mantener a raya a quienes operan fuera de la ley. De forma de mantener a los jugadores alejados de fraudes, incumplimientos y condiciones abusivas.

Suplantaciones de identidad, alerta permanente

Otra de las amenazas comunes es la suplantación de identidad, una acción tomada por ciberdelincuentes y jugadores problemáticos, sea para esquivar sanciones o para cometer delitos económicos.

Incluso se han detectado casos donde personas canjean un bono de bienvenida sin depósito y obtienen ganancias bajo otra identidad.

Aunque en España el delito está tipificado en el artículo 401 del Código Penal, bajo el concepto de "usurpación de estado civil", y puede ser penado con entre 6 meses y 3 años de prisión, es bastante frecuente.

Por eso, se recomienda siempre a los jugadores no subir copias escaneadas del DNI a ningún sitio, a menos que sea requerido por un organismo oficial del Estado, siempre con la finalidad de no caer en manos de los hackers.

Prevención del juego problemático y auto-exclusión

La legislación española también contempla mecanismos activos para prevenir el juego problemático, entre los que se destaca el sistema de auto-exclusión.

Este sistema se basa en un listado llamado Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Se trata de una base de datos bajo gestión de la DGOJ, que permite identificar a personas que han solicitado su auto-exclusión, tanto de casinos online como presenciales.

Cada vez que un jugador intenta registrarse o acceder a una plataforma que se encuentre regulada por la DGOJ, su información personal es chequeada en tiempo real para comprobar si su nombre figura en el registro.

El papel de la identificación en la prevención de delitos

El proceso de identificación, obligatorio para todos los operadores, también actúa como barrera frente a delitos financieros o de suplantación.

Además, permite detectar comportamientos de riesgo, acceso por parte de grupos impedidos y aplicar medidas de protección adicionales, como límites de depósito o intervenciones ad hoc.

En definitiva, este control no protege únicamente a los jugadores de las poblaciones más vulnerables, sino que también garantiza el cumplimiento de la normativa actual en vigencia, con sus bemoles, y refuerza la transparencia del sector de juego.

Cuidado de los datos por normativa europea

Dado que en España el año pasado hubo 1.992.889 usuarios registrados en plataformas de juego y apuestas deportivas, está claro que el volumen de datos acumulados ha sido enorme.

Aquí entra en juego, nunca mejor dicho, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde 2018. La normativa de la Unión Europea establece cómo debe ser el almacenamiento, uso y eliminación de datos de las personas que aquí residen.

Este reglamento les da a los ciudadanos el derecho de conocer cuáles son los datos que las empresas acumulan sobre ellos, pueden rectificarlos o incluso oponerse a su recogida, al tiempo que obliga a las empresas a garantizar su protección mediante sistemas seguros y políticas de privacidad claras.

Si hablamos de datos también cabe decir que la DGOJ lleva un registro sumamente detallado de su actividad histórica y del mercado de juego local.

Gracias a los informes de memoria anual y del perfil del jugador en España es posible conocer los detalles, el gasto y la inversión de un segmento que, solo el año pasado, facturó más de 1.400 millones de euros.