España acumula 360 millones en deudas por laudos de renovables

España enfrenta un nuevo revés judicial en Estados Unidos que agrava su situación en los litigios por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. En las últimas semanas, se han conocido cuatro decisiones judiciales que han condenado al país a pagar más de 360 millones de euros en compensaciones, lo que incrementa el riesgo de embargos de bienes soberanos en el extranjero. 

Estas sentencias, relacionadas con los casos Infrared, Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services (también conocido como ‘caso Antin’), han fortalecido la posición de los inversores afectados y evidencian la delicada situación de España, que acumula actualmente 26 laudos impagados, superando a países como Venezuela y Rusia.El caso Infrared, gestionado por Blasket Renewable Investment, brazo inversor del banco HSBC, ha marcado un hito con la sentencia que el Tribunal de Distrito de Columbia ha emitido el 13 de agosto de 2025.

El juez John D.Bates ha rechazado los argumentos de España, que cuestionaban la validez del arbitraje que ha condenado al país por retirar retroactivamente los incentivos a las renovables. Según el fallo, la justicia estadounidense ha otorgado “plena fe y crédito” al laudo del CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, apoyado en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio del CIADI. Este litigio, que se ha iniciado en 2014 (ICSID Case No. ARB/14/12), se refiere a dos proyectos de energía renovable en Andalucía y Extremadura, afectados por los cambios regulatorios y fiscales que España ha aprobado entre 2010 y 2013. El laudo, que se ha dictado en 2019, ha impuesto a España una compensación de 28,2 millones de euros, a los que se han añadido cerca de 7 millones en intereses de demora, elevando la factura a unos 35 millones.

Las otras tres sentencias recientes, relacionadas con Eurus, RREEF y Antin, han sumado una carga adicional que supera los 360 millones de euros en total. Estas decisiones han facilitado los procedimientos de ejecución de los laudos en Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles embargos cautelares o definitivos de bienes del Reino de España si el gobierno de Pedro Sánchez no actúa con rapidez. El acuerdo que se ha alcanzado en junio con JGC, en el que España ha abonado la compensación correspondiente, ha sido un paso positivo, pero resulta insuficiente para resolver un problema que sigue dañando la reputación del país. España acumula actualmente un total de 26 laudos impagados, con indemnizaciones pendientes que superan los 1.492 millones de euros, a los que se han añadido 386 millones en intereses y costes procesales. 

La negativa a cumplir con estos laudos ha derivado en embargos de bienes soberanos en jurisdicciones como Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Entre los casos más destacados, se ha autorizado en Bélgica la incautación de los ingresos por tasas de control aéreo que Eurocontrol transfiere a ENAIRE, con un impacto estimado de 80 millones de euros. En el caso Infrared, los denunciantes han logrado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, una medida que podría avanzar si no se alcanza un acuerdo. Estas derrotas judiciales han puesto en jaque la credibilidad de España en el ámbito internacional y exponen su patrimonio en el extranjero. 

Para evitar más daños, el gobierno español debe negociar acuerdos similares al de JGC y resolver de manera efectiva las disputas pendientes. De no hacerlo, el riesgo de nuevos embargos y el impacto económico seguirán creciendo, consolidando a España como el país con más laudos impagados por los recortes a las renovables, un episodio que urge cerrar.