Sánchez recurre a otra “agenda social” para tapar el desgaste del PSOE

Pedro Sánchez vuelve a la carga con otro anuncio grandilocuente. El próximo lunes, 15 de septiembre, el presidente del Gobierno aprovechará la Interparlamentaria del PSOE en el Congreso para presentar lo que él denomina una “ambiciosa agenda social”. En realidad, más que un proyecto sólido, parece un intento desesperado por recomponer un bloque de investidura cada vez más frágil y, sobre todo, por maquillar la pérdida de confianza ciudadana en la segunda mitad de la legislatura.

Lejos de ser una hoja de ruta seria y consensuada, la propuesta llega en un momento en el que el PSOE acumula desgaste político, divisiones internas y promesas incumplidas. Consciente de que las encuestas ya no le son favorables, Sánchez recurre de nuevo a la fórmula que tantas veces ha repetido: anuncios rimbombantes que rara vez se traducen en medidas efectivas.

La llamada “agenda social” se presenta, por tanto, como un instrumento más de propaganda que como una solución real a los problemas del país. Un recurso de manual para tratar de ganar tiempo y mantener cohesionada una mayoría parlamentaria que depende de pactos precarios y concesiones continuas.

En lugar de respuestas concretas a la inflación, a la crisis de vivienda o al deterioro de los servicios públicos, lo que los ciudadanos se encuentran es otra escenificación política, con Sánchez en el centro del foco, intentando vender optimismo mientras la realidad apunta en la dirección contraria.

La reunión, que congregará a los grupos del partido en el Congreso, Senado y Eurocámara, marcará el inicio oficial del curso político con un enfoque en medidas sociales, como el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, la abolición de la prostitución y avances en vivienda, en un intento por superar el impacto del 'caso Cerdán' y fortalecer la posición del Ejecutivo frente a las críticas de la oposición.

El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado con la OCDE, incluye medidas como procedimientos judiciales sumarios, decomiso preventivo de bienes, auditorías externas obligatorias para partidos con financiación pública y controles patrimoniales anuales a altos cargos. Además, Sánchez impulsará un anteproyecto de ley para abolir la prostitución, una propuesta del PSOE defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y endurecerá las penas por delitos contra la Administración Pública. 

Con temas como la emergencia climática, la vivienda y una postura firme sobre el conflicto en Israel, el Gobierno busca recuperar la iniciativa política, parece olvidar prioridades como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado  y una posible remodelación del Ejecutivo ante las elecciones andaluzas.