Los inspectores de Hacienda estudian una posible malversación de fondos para el 'cupo catalán'

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha anunciado este viernes que está analizando si se puede estar produciendo algún tipo de desviación de fondos públicos en torno al despliegue de la financiación singular en Cataluña y ha confirmado que está estudiando la posibilidad de adoptar medidas penales como consecuencia de esa supuesta malversación.

"Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma", ha denunciado la presidenta de la asociación en el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, que este año se celebra en Salamanca.

Ana de la Herrán ha confirmado que desde la asociación están analizando con su despacho jurídico si se puede estar produciendo algún tipo de desviación de fondos públicos y están estudiando la posibilidad de adoptar medidas penales como consecuencia de esa supuesta malversación.

"No se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías, porque se necesitaría en su caso", ha explicado Ana de la Herrán.

Lo que sí que se conoce, a día de hoy, es que se ha creado el Consejo Asesor y el Comisionado y que se ha impulsado la norma para modificar el régimen jurídico de la agencia, para adaptarlo a la singularidad fiscal.

Problemas con el fraude y las devoluciones del IRPF 

Según han denunciado, desde que se inició el proceso de aplicación del "Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña", ningún experto ha puesto de manifiesto algún efecto positivo de dicho régimen, por lo que sólo obedece a la exigencia política de los independentistas catalanes para apoyar el nombramiento del presidente de la Generalitat.

El colectivo de inspectores entiende que se está produciendo una modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas por la "puerta de atrás", dado que no se ha modificado la normativa fundamento de dicho régimen. 

Esta alteración del régimen jurídico, que conllevaría también el fraccionamiento de la Agencia Tributaria española, puede conllevar a situaciones de vulneración del principio de igualdad, según han alertado.

De acuerdo con el informe, una de las principales consecuencias de esa fragmentación es que existirían muchos problemas en la lucha contra el fraude fiscal para realizar algunos planes de control, incluidos los más graves como es la lucha contra las tramas de IVA y del fraude organizado.

Se darían también problemas de deslocalización de las empresas si se fraccionara la gestión de los impuestos sobre el consumo. 

Y existirían problemas de control de las grandes multinacionales, en la comprobación de los grandes patrimonios, así como en las operaciones de fiscalidad internacional.

Asimismo, todas las actuaciones relativas a temas no tributarios que la agencia efectúa en el territorio nacional, no se podrían efectuar con los ciudadanos residentes en Cataluña y se produciría un deterioro de los servicios prestados por la agencia o ciudadanos, como es el caso de las devoluciones del IRPF.

"El sistema tributario y la Agencia Tributaria están en esa situación en la que se están poniendo cargas de dinamita en todos los pilares", ha alertado el portavoz de la asociación, José María Peláez, en la rueda de prensa.

Los Inspectores de Hacienda proponen nacionalizar la inspección fiscal, que está ahora regionalizada

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto la nacionalización de las competencias de la inspección financiera y tributaria, eliminando la competencia regionalizada en función del domicilio fiscal.

Según los inspectores, con esta nacionalización se ganaría en flexibilidad en la asignación de recursos humanos, permitiendo con ello movilizar funcionarios allí donde haya mayor carga de trabajo o existan casos complejos, evitando cuellos de botella en determinadas delegaciones.

"Se sabe el paraguas que supone las miles de millones de empreasa que se concentral en Madrid. Si tienes una empresa grande o mediana en Cuenca, lo más probable es que tengas una inspección, pero si esa empresa en Madrid, pasa desapercibida", ha explicado el portavoz de la asociación, José María Peláez.

"Dar competencia nacional, sin que prevalezca el criterio regional del domicilio fiscal, derivaría en reforzar esta unidad y estatalidad, mejorando, consecuentemente, la seguridad jurídica y la confianza en la institución", han remarcado.

Lo anterior permitiría homogeneizar criterios y procedimientos, reduciendo discrepancias entre delegaciones. 

La AEAT ya funciona con bases de datos centralizadas. Por lo tanto, la limitación territorial es administrativa, no técnica. "Seríamos más eficientes así", ha defendido la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán.

Propuestas para combatir el fraude 

Para los inspectores de Hacienda, atajar el fraude fiscal sigue siendo la "asignatura pendiente" de la Agencia Tributaria, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años.

Por ello, han propuesto regular legalmente la posibilidad de que la Inspección pudiera efectuar actuaciones de obtención de información actuando de incógnito. 

Esta medida ha sido utilizada, con evidente éxito y rentabilidad por EEUU, Francia y otros Estados, según los inspectores.

Además, han planteado la introducción en la ley general tributaria de un régimen especial para determinados obligados tributarios defraudadores, así como la implantación de un sistema de "muerte civil" para no comparecientes en procedimientos tributarios y para defraudadores fiscales a los que se les aplique el régimen fiscal especial.

Asimismo, los inspectores han propuesto la creación de la Oficina Nacional de Antifraude (ONAF) y de una Policía Fiscal dependiente de la AEAT -dependencia funcional y orgánica- en la que se integren unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con las unidades operativas de Vigilancia Aduanera, e Inspectores de Hacienda que desempeñen funciones de investigación.