Cuando las buenas intenciones no bastan para legislar

Hay un conocido proverbio español que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Según el refranero multilingüe del hoy denostado (por obra y gracia de su director) Instituto Cervantes, el dicho indica que “de nada sirven los buenos propósitos si no van acompañados de las obras”.

Son ya varias las normas, leyes y regulaciones, todas echas con la mejor de las intenciones, en las que al Gobierno le ha salido el tiro por la culata, y cuyos resultados han sido bien diferentes a lo que prometían.

La Ley Garzón

La primera de estas leyes es la conocida como “Ley Garzón”, por el ministro de Consumo que la promovió, Alberto Garzón. El Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, prometía ser la solución definitiva para proteger a los menores y a los colectivos vulnerables frente al juego compulsivo.

En su lugar, se encontró con el rechazo del sector, de buena parte de los jugadores, e incluso de los clubes de fútbol, ya que prohibía de facto los patrocinios deportivos, lo que llevó a que muchos equipos, que tenían acuerdos vigentes con casinos y casas de apuestas online, corrieran el riesgo de demandas por incumplimiento de contrato.

Este Real Decreto también prohibía los bonos de bienvenida, lo que llevó a muchos de los mejores casinos para jugar con dinero real a replantearse sus estrategias de captación. Finalmente, el Tribunal Supremo estimó que varias secciones no estaban lo suficientemente justificadas, y en 2024 derogó varias de estas disposiciones.

El actual ministro, Pablo Bustinduy, está tratando de recuperar estos Artículos en su Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Supongo que en un intento de demostrar que es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra.

La Orden contra el spam telefónico

El 7 de junio entró en vigor la Orden del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a bloquear las llamadas comerciales desde líneas móviles. El objetivo, en este caso, era proteger a los usuarios frente al spam telefónico.

Echa la ley, echa la trampa: según una encuesta de la asociación de consumidores Facua, la mayoría de estas llamadas simplemente se hacen ahora desde números fijos nacionales (un 50,3%), y hay un 36,4% de encuestados que aseguran seguir recibiéndolas desde teléfonos móviles, sin consecuencias para los que llaman.

Para rematar, el 36,5% recibe ahora incluso más llamadas ilegales que antes de la prohibición, y el 36,3% afirma que han seguido igual. Las denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos tampoco parecen dar resultado, ya que la mayoría acaban archivadas o desestimadas por motivos que, para Facua, son "totalmente inaceptables".

La ley del “solo sí es sí”

La Ley Orgánica 10/2022 fue la medida estrella de la ministra podemita Irene Montero, que regulaba, entre otras cosas, la necesidad del consentimiento expreso antes de una relación. También eliminaba la distinción entre abuso y agresión, y tipificaba el acoso callejero. El objetivo era dar una mayor protección a las víctimas de violencia sexual.

Ya antes de entrar en vigor, la ley recibió críticas por parte de numerosos juristas, que advirtieron de varias deficiencias técnicas, por no hablar de la polarización social ante lo que muchos veían como una ley misándrica que solo buscaba criminalizar al hombre.

Finalmente se cumplieron las predicciones, que apuntaban a que la aplicación retroactiva de la ley iba a dar lugar a la reducción de penas en muchos casos.

Y es que, al incluir el delito de abuso sexual dentro del término genérico de “agresión sexual”, se reducía la condena por agresión sexual básica, que antes era de hasta cinco años, a un máximo de cuatro. La agresión sexual con penetración, antes castigada con penas de entre seis y 12 años, pasaba a tener un mínimo de cuatro.

Como resultado, apenas un año después de la entrada en vigor de la ley, se habían acordado 1.205 reducciones de condena, y se habían producido al menos 121 excarcelaciones, con la consiguiente revictimización de las mujeres que habían sufrido estos delitos.

La ley de protección animal

La Ley 7/2023, una ley creada por presuntos animalistas, comenzó ya con mal pie, al ponerse en contra precisamente a los principales encargados de velar por la salud de estos animales: los veterinarios.

Numerosas asociaciones, como la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (Avepa), criticaron duramente esta norma, que “deja en indefensión jurídica a los veterinarios”. Para Avepa “la medicina está en constante evolución, que la rigidez de una ley no puede acompañar”.

Por desgracia, el tiempo les ha dado la razón, y numerosos dueños de mascotas y veterinarios han tenido que ver cómo sus animales sufrían sin poder tener acceso a los medicamentos necesarios, operaciones o incluso la eutanasia en casos extremos.

Y, mientras se pone todo tipo de trabas a la industria ganadera española, costumbres bárbaras como la Fiesta del Cordero musulmana, donde se mata a los animales de forma cruel e inhumana, y sin ningún tipo de garantía sanitaria, son alabadas por el gobierno.

La reforma del Reglamento del Congreso

Para terminar, aunque se quedan otras importantes chapuzas en el camino (como la “ley trans”), una que ha quedado en casi una anécdota divertida. El 22 de julio se aprobó esta reforma, que buscaba dejar fuera de las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados a periodistas de derechas como Vito Quiles y a los que, desde el Gobierno, se consideraban “pseudomedios”.

Para lograrlo, entre otras medidas, impusieron un mínimo de 10 empleados contratados para poder acreditarse. Este límite acabó dejando fuera a numerosos medios de izquierdas, al tener menos de ese número de empleados en plantilla. Como escribió Antonio Maestre, uno de los afectados, “se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor”. A estas alturas, Antonio, ya deberías estar acostumbrado.

Derogaciones, reformas y vueltas atrás

Con el paso del tiempo, muchas de estas normas bienintencionadas han terminado reconociendo su propio fracaso, ya sea por sentencia judicial, presión social o pura inviabilidad práctica. La lista de leyes derogadas, reformadas o en vías de revisión es cada vez más larga, y constituye un claro ejemplo de que legislar a golpe de ideología rara vez da buenos resultados.

En primer lugar, el Real Decreto 958/2020, conocido como Ley Garzón, fue parcialmente derogado por el Tribunal Supremo en 2024, al considerar que varios de sus artículos carecían de la debida justificación jurídica. Concretamente, las restricciones más severas a la publicidad del juego y la prohibición de los patrocinios deportivos quedaron invalidadas. Sin embargo, lejos de aprender de los errores, el actual ministro Pablo Bustinduy pretende recuperar parte del articulado anulado dentro de su nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, lo que abre la puerta a una nueva oleada de recursos y litigios.

La polémica Ley del “solo sí es sí”, por su parte, fue reformada de urgencia en abril de 2023, apenas siete meses después de su entrada en vigor, tras el escándalo de las reducciones de condena a agresores sexuales. El propio PSOE impulsó la modificación, dejando fuera a Unidas Podemos, para elevar nuevamente las penas mínimas y corregir los errores de redacción que provocaron el efecto contrario al pretendido. De facto, esta reforma supuso la derogación práctica del espíritu original de la norma, aunque su nombre siga vigente en el Boletín Oficial del Estado.

Otra que se encuentra en el punto de mira es la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales (Ley 7/2023). El actual Ministerio de Agricultura, junto con varias comunidades autónomas, está preparando una revisión profunda de la norma, que podría incluir la derogación parcial de sus artículos más controvertidos, como los que impiden la eutanasia en animales enfermos o la cría bajo determinados criterios veterinarios. Incluso desde dentro del PSOE se ha admitido que la ley fue “mal planteada y peor negociada”, y que requiere un replanteamiento completo para adaptarse a la realidad del sector.

En cuanto a la Orden contra el spam telefónico, que entró en vigor el 7 de junio de 2024, el Gobierno ha reconocido que el texto necesita una rectificación técnica ante la evidencia de su ineficacia. Desde el Ministerio para la Transformación Digital se ha anunciado que se derogarán las partes del reglamento relacionadas con el bloqueo de llamadas móviles, sustituyéndolas por un sistema de sanciones más directo contra las empresas reincidentes. Todo apunta a que la norma tendrá una vida corta, víctima de su propio laberinto burocrático.

Por último, la reforma del Reglamento del Congreso, aprobada en julio, está también en el aire. Varias asociaciones de prensa han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales de información y libertad de prensa. De prosperar —como parece probable—, el Constitucional podría anular los artículos que restringen el acceso a los medios con menos de diez empleados, lo que supondría otra derogación encubierta de un intento de censura mal disimulado.

En definitiva, el balance legislativo del Gobierno deja una estela de rectificaciones, anulaciones y reformas improvisadas. Donde debía haber previsión y rigor técnico, ha habido impulsividad política; donde debía haber consenso, ha habido imposición. Y, como enseña el refrán, el infierno —también el legislativo— está empedrado de buenas intenciones.