Séptima versión del fracaso de los fondos europeos: la oportunidad que España ha decidido no aprovechar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de una cumbre europea en Bruselas.
El Gobierno está a punto de presentar la séptima modificación del Plan de Recuperación y conviene decirlo con claridad: no es un ajuste técnico, es el acta notarial de un fracaso. El plan que se vendió como la mayor oportunidad económica desde la adhesión a la UE (163.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, un 13% del PIB) se ha ido desdibujando a fuerza de reprogramaciones, hitos rebajados y objetivos recortados hasta convertir su supuesto poder transformador en poco más que un relato de propaganda.
Cuatro años y once meses después del inicio del programa, la productividad de la economía española sigue por debajo de los niveles de 2018. La inversión en capital productivo continúa estancada y la brecha con los países que sí han aprovechado el ciclo de tipos bajos y fondos europeos para reforzar su tejido empresarial no deja de ampliarse. Mientras tanto, el Gobierno presume de haber recibido más de 71.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de estar “entre los países más avanzados” en desembolsos. La letra pequeña, sin embargo, es demoledora: lo realmente ejecutado ascendía hasta 2024 al 19,5% de lo asignado a España, y con datos a 30 de septiembre de 2025 (IGAE), los pagos reales del MRR sumaban poco más de 3.900 millones, apenas el 13% de lo presupuestado para este año.
Los ministerios llamados a ser “tractores” del cambio están prácticamente parados. Transportes apenas ejecuta en torno al 20% de sus créditos; Industria y Turismo se mueven en cifras similares; Transición Ecológica se queda en un ridículo 2% de pagos; Ciencia, Universidades roza el 3% y Educación nollega al 1%. Programas clave en agua, redes eléctricas o rehabilitación de vivienda social figuran con mínima ejecución. ¿De qué transformación productiva hablamos exactamente?
Frente a este atasco, la respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma: reprogramar. Entre 2024 y 2025, España habrá solicitado seis modificaciones del Plan. Ya se han alterado 118 hitos, objetivos o medidas que suman a los 52 hitos y objetivos reformulados en la Adenda de 2023. La mayoría de estos cambios no elevan la ambición, la rebajan: se posponen plazos, se simplifican descripciones, se sustituyen inversiones por otras de menor alcance o se reconocen, negro sobre blanco, medidas “inviables”.
El mejor ejemplo está en la arquitectura de los desembolsos finales de ayudas. Si se compara la Adenda de octubre de 2023 con la situación tras la última modificación (septiembre de 2025), el importe total de los desembolsos 4º a 10º no cambia –unos 47.700 millones–, pero la condicionalidad se deforma por completo. Antes había siete desembolsos finales, del cuarto al décimo, con 384 hitos; ahora hay solo seis, del cuarto al noveno, con 391 hitos.
El gran ausente es el décimo desembolso, que desaparece: se esfuman 84 hitos y 8.017 millones de euros como paquete final claramente condicionado. Ese dinero se redistribuye sobre todo entre el quinto, el octavo y el noveno desembolso, que engordan en millones y en número de hitos. No se trata de menos dinero europeo, sino de un final del plan menos exigente y más fragmentado.
¿Qué ocurre con los tramos que quedan, del sexto al noveno?
- El sexto desembolso pasa de 85 a 41 hitos, pero su importe sube de 4.076 a 5.341 millones. La condicionalidad se reduce a la mitad mientras el dinero crece un 31%. Cada hito vale ahora casi tres veces más. La conclusión es obvia: se eliminan o agrupan condiciones, concentrando el pago en menos hitos, previsiblemente los más fáciles o ya avanzados.
- El séptimo desembolso mantiene prácticamente el número de hitos (78 a 79), pero pierde 2.114 millones: baja de 10.261 a 8.147. El peso relativo de este tramo se reduce más de un 20%. Mismas casillas que rellenar, pero con menos dinero en juego.
- El octavo desembolso estalla: pasa de 14 a 44 hitos y de 573 a 5.307 millones. Multiplica por tres las condiciones y por nueve el importe, convirtiéndose de un pago residual (1% del total) en uno de los grandes bloques finales (más del 11%).
- El noveno desembolso sigue la misma lógica: de 39 a 95 hitos y de 5.633 a 8.334 millones. Se añaden 56 hitos y casi 2.700 millones adicionales. Pero, como en el quinto, cada hito “mueve” menos dinero: se trocean objetivos grandes en decenas de micro-hitos.
El resultado de este juego de vasos comunicantes es claro: no se recorta el volumen de fondos, se “liman” las condiciones. Se elimina el gran examen final y se sustituye por una batería de test parciales, con más preguntas, pero más sencillas. Menos reformas difíciles concentradas al final y más casillas administrativas que marcar por el camino. Justo lo contrario de lo que debería ser un plan de reformas.
Con la nueva modificación anunciada todavía se desvirtuará más un plan que sigue con el 56% de los hitos sin cumplir y con 1.100 millones de euros retenidos del quinto desembolso. En ese contexto, España ha optado por la peor combinación posible: un modelo que persigue cumplir papeles a base de reescribir hitos y que, al mismo tiempo, es incapaz de trasladar ese cumplimiento nominal a ejecución real sobre el terreno.
Sabemos, además, que los fondos han alcanzado a alrededor del 20% de las empresas, con una fuerte concentración en grandes corporaciones y empresas públicas como ADIF o Renfe. Para cientos de miles de pymes, el PRTR se ha reducido, en la práctica, al Kit Digital. El resultado es el contrario al que anunciaba el Gobierno, menos capilaridad, menos efecto arrastre y más dependencia de decisiones discrecionales desde Moncloa.
Y mientras España renuncia de facto a buena parte del bloque de préstamos, otro país mediterráneo ha hecho justo lo contrario. Italia pidió desde el principio casi el 76% de los préstamos disponibles y ha utilizado el Plan para reforzar su estrategia industrial y energética. España, en cambio, ha preferido centrarse en las subvenciones y seguir financiando su expansión del gasto estructural con deuda nacional, más cara y más vulnerable a los vaivenes de los mercados.
Nos acercamos al final del programa en apenas ocho meses. Se acumula el “efecto bola de nieve” (fondos que se arrastran sin ejecutar de un año a otro) con el “efecto precipicio”: menos de un año para ejecutar decenas de miles de millones en subvenciones pendientes bajo la amenaza de tener que devolver recursos no utilizados. Cuando eso ocurre, la tentación es gastar deprisa y mal, priorizando la absorción contable frente a la calidad del proyecto.
El Gobierno ha tratado el Plan de Recuperación como un gigantesco programa de gasto discrecional, no como una palanca para elevar la productividad. La centralización en Moncloa, la ausencia de cogobernanza real, la falta de indicadores de resultado y la opacidad en la ejecución han convertido una oportunidad histórica en una máquina de subvenciones de bajo retorno.
Y permítanme añadir una última cuestión. Esto no es gratis, a partir de 2028 España tendrá que devolver los fondos que hemos recibido en aportaciones al presupuesto europeo como contribuyente neto de UE, a pesar de que nuestra renta per cápita sigue casi 10 puntos por debajo de la media europea.
Negocio redondo de Sánchez, que pagaremos los demás, ni haber logrado que la productividad despegara, con una industria más debilitada y el tejido innovador estancado. El legado del PRTR será un plan reescrito y poco transformador, que dejará como herencia más deuda, más gasto estructural y una oportunidad perdida que tardaremos décadas en volver a ver.