El apagón nuclear traerá sobrecostes y más emisiones: ¿Qué celebraban?

Desde que en 2019 la entonces ministra Teresa Ribera presionó a los titulares de las centrales nucleares para que aceptarán firmar el Protocolo con ENRESA para el cierre escalonado de todas nuestras centrales nucleares entre 2027 y 2035, en el sector energético han cambiado muchas cosas.

La pandemia de Covid-19 en 2020, el primer aviso de crisis energética, -cuando se alcanzaron precios record de la electricidad, 90 €/MWh-, coincidiendo con el temporal Filomena, la crisis energética ya desatada a partir de junio de ese año y que no remitió hasta finales de 2022, con los precios disparados a cotas de más de 200 €/MWh, por la invasión rusa de Ucrania a partir de marzo de 2022. En plena crisis, en España pasamos a depender más del gas para garantizar el suministro, -por el cierre de las térmicas de carbón y por el previsto cierre nuclear-, mientras en toda Europa se seguía el proceso contrario para evitar la dependencia del gas ruso y mitigar los precios.

Ante esta realidad, en la UE volvía el debate sobre la garantía y continuidad de suministro y el concepto de autonomía estratégica, y también la preocupación por la competitividad de la UE en el proceso de transición energética; en ese debate, la tecnología de generación nuclear comenzó a verse como una tecnología clave y acabó siendo incorporada a la taxonomía verde europea y está incluida en el Reglamento (UE) 2024/1735 de industrias de cero emisiones netas. A pesar de la feroz oposición de la entonces Ministra Ribera que, sin embargo, no ha tenido reparo alguno en cambiar de opinión una vez nombrada Vicepresidenta de la UE y Comisaria de Transición limpia, justa y competitiva. Y es que la realidad se impone, acaba arrollando los prejuicios ideológicos.

La realidad es que la energía nuclear en España viene aportando el 20% de la electricidad que consumimos, no genera emisiones de gases de efecto invernadero y es más competitiva que el ciclo combinado de gas. Diversos estudios han cuantificado el encarecimiento del precio de la luz y el sobrecoste económico del cierre nuclear programado, -mayores beneficios para las eléctricas-, precisamente por efecto de un mayor uso y dependencia de los ciclos combinados ante la falta de otra alternativa de energía de respaldo para las renovables. El Informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, de marzo de 2019, estimaba el sobrecoste que iba generar el cierre, entre 2.000 y 3.200 M€ anuales. 

Más recientemente, el Informe de las Consultoras OKIOS y AFRY, estimaba un sobrecoste hasta 2050 de 22.600 M€, además de 3.400 M€ adicionales por mayores emisiones de CO2 y el Informe de PWC lo ha calculado en un +35% para la industria y un +23% para los particulares. A todo ello se suma la pérdida miles de empleos ya que la industria nacional nuclear exporta bienes y servicios y aporta 3.686 M€ al PIB y da trabajo a 20.000 personas. Además, el conjunto de las referidas centrales generó para las arcas del Estado en 2024 un total de aproximadamente 1.400 M€. España es en este momento, el único país del mundo con centrales nucleares operativas que tiene planteado su cierre.

Pero el gobierno, pese a la realidad, en debate de hace pocos meses sobre una Proposición de Ley del PP para la prórroga nuclear, seguía empeñado en el cierre, acusando Sánchez desde la tribuna del Congreso a quienes defendían la prorroga y extensión de la operación de nuestras centrales de ser lobistas al servicio de los “oscuros intereses” de las empresas eléctricas, del incremento de sus beneficios, cuando la extensión nuclear produce el efecto contrario en beneficio del consumidor al evitar el mayor uso de gas. Acusación que, por cierto, habría de hacer extensiva al PSOE de Extremadura, que dice oponerse al cierre de Almaraz o al exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, que postula públicamente la conveniencia de las nuevas prórrogas. 

Pero el gobierno, en un ejercicio de cinismo y contradicción sorprendente, dejaba la decisión en manos de las empresas, a las que incitaban a presentar la petición de prórroga, dando a entender que nada puede hacer el gobierno si tal solicitud no llegaba. Ni siquiera las resoluciones que llegó a aprobar el Congreso, con iniciativas del PP que instaban al gobierno a favorecer esa extensión de la generación nuclear, llevó al Ejecutivo a replanteamiento alguno de su cerrazón a considerar la posibilidad.

Y llegó el gran apagón de abril. El colapso sistémico que dejó sin luz a Portugal, la España peninsular y parte de Francia. Y llegaron las acusaciones de Sánchez a las “empresas privadas”. Incluso el Presidente Sánchez faltando, como casi siempre, a la verdad se permitió afirmar que la nuclear no fue parte de la solución sino del problema. Ni siquiera sabía que en España si tenemos uranio. Y en pocos meses llegó la petición formal al gobierno por parte de las titulares de las centrales, petición que informalmente hacía meses que ya habían traslado a la Ministra para negociar condiciones y que esta se resistía a considerar. 

Porque las empresas saben que la energía nuclear aporta servicios que dan estabilidad a la red eléctrica, aportan inercia, frecuencia, absorción de reactiva para control de tensión, aportan todo lo que faltó el día del apagón. Porque las empresas saben que con las nuevas tecnologías grid forming, con compensadores síncronos, quizás también las renovables puedan aportar esos servicios en el futuro, pero es una probabilidad no una realidad. Y los planes de inversión en redes y en esas nuevas tecnologías llevan su tiempo mientras que los cierres nucleares comienzan en 2027 con Almaraz. El gobierno también lo sabe, pero prefiere seguir instalado en la negación de la realidad, en la irresponsabilidad. Pero las empresas no pueden permitirse la irresponsabilidad.

Almaraz I y Almaraz II, tienen una producción neta anual de 15.655 GWh, que representa casi el 7% generación nacional, el equivalente al consumo de 4 millones de hogares y aporta una reducción de 5,5 millones de T de CO2. La central nuclear de Almaraz podría suministrar electricidad al 100% de la gran industria electrointensiva que no tiene restricción de potencia y con tensiones superiores a 145 kV.

Almaraz no solo es electricidad para Extremadura, Almaraz tiene 6 líneas de muy alta tensión (400KV) que suministran energía a Sevilla, Córdoba, Jaén, Madrid, Castilla y León y atiende a 3 interconexiones internacionales con Portugal (Cedillo – Falagueira, Aldeadeavila – Lagoaça, Balboa – Alqueva).

Almaraz emplea a 2.900 personas incorporando a 1.200 personas más durante las fases de recarga. Municipios en la zona de influencia de Almaraz, 12 municipios (Almaraz, Belvis de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Abalat, Mesas de Ibor, Romangordo, Millanes de la Mata, Saucedilla, Toril, Sarrejón, Valdecañas de Tajo). Estos municipios participan de los tributos y beneficios de forma directa de la instalación nuclear, pero los beneficios sobre la zona y región son mucho mayores como acredita la reciente manifestación que ha reunido a más de 30 alcaldes manifestándose a favor de la ampliación de la vida útil.

La solicitud de prórroga ya está sobre la mesa. Pero el gobierno sigue empeñado en el cierre, como demuestra la última votación de hace una semana en el Congreso, que introducía un cambio legal en las últimas Ordenes Ministeriales de prórroga de la actividad de las centrales para suprimir la expresión “última y definitiva”. 

La abstención de Junts, dio la victoria a la bancada socialista, que celebró alborozada que la espada de Damocles del cierre “último y definitivo” siga sobre nuestras cabezas. Sobrecostes, más emisiones, más riesgo de apagones, menos autonomía estratégica, menos empleo e industria. ¿Qué celebraban?