Política energética para el decrecimiento

Una parte del gobierno, sino todo él, está aplicando la política del decrecimiento como lucha contra el cambio climático, aunque sin declararlo expresamente. No es posible explicar desde la torpeza lo que están haciendo con nuestra industria, de modo que sólo cabe entender que obedece a una intención premeditada. Porque para estos iluminados, la industria es el enemigo a batir, el monstruo de las siete cabezas del capitalismo que expolia recursos naturales sin freno y contamina nuestra atmosfera, nuestras aguas y nuestra tierra. Poco les importa que los datos demuestren que es en los regímenes comunistas en donde el medioambiente sufre los mayores impactos de la actividad económica. En su maniqueísmo moral, -en el que sólo ellos atienden a objetivos legítimos-, sólo lo público cuida lo de todos y nada privado aporta nada bueno. La libertad molesta y perturba su planificación ideal del mundo y de la vida propia y de los otros. 

Nacionalización y la gestión del apagón

Por eso, quienes se declaran orgullosamente comunistas desde SUMAR, pronto encontraron la solución al gran apagón de abril pasado; nacionalizar las empresas eléctricas, rehuyendo la responsabilidad del gobierno, -del que ellos forman parte-, en el histórico colapso eléctrico de nuestro país. Y es que poner en dificultades a la industria es la mejor manera de justificar su inviabilidad y acabar nacionalizándola a precio de saldo, si no obligando a su cierre. Mientras algunos ingenuamente seguimos preguntándonos que están haciendo con los miles de millones de fondos europeos, que no ejecutan ni abonan a sus beneficiarios.

¿Exagerado? No lo parece si repasamos la política de transición energética que el gobierno aplica a nuestra industria. La propaganda gubernamental extiende la idea de que nuestras energías renovables son una ventaja competitiva para la industria y, efectivamente, lo son; pero sólo si se desarrollan con las políticas adecuadas. Sin embargo el gobierno hace lo contrario. Se exige y se presiona para la descarbonización industrial, pero se levantan todo tipo de trabas para que esa descarbonización no pueda producirse, mientras con el relato se anuncian y prometen ayudas millonarias.

Limitaciones en electrificación y gas renovable

Así, con el Plan Integral de Energía y Clima (PNIEC 2030), se dice impulsar la electrificación de la industria para que abandone el consumo de gas en sus procesos térmicos, que cada vez resulta más penalizado con sobrecostes y restricciones, pero la realidad es que no hay red eléctrica suficiente para que la industria pueda engancharse. En septiembre, el 83% de las redes eléctricas estaban saturadas y sin capacidad de nuevos accesos y conexión. En Noviembre, ya es el 87% y en muchos municipios llega al 100%. Nueve de cada diez peticiones de conexión de la industria a las redes de distribución resulta rechazada por falta de capacidad en la red.

Si la electrificación industrial resulta imposible por falta de planificación e inversión en las redes, -responsabilidad del gobierno y del operador del sistema participado por el gobierno, Red Eléctrica-, cabría pensar que se facilitará una alternativa para poder descarbonizar el gas consumido en los procesos térmicos industriales, que se fomentará el uso de gases renovables de manera técnica y económicamente viable. Pero sucede exactamente lo contrario; pese a que España es una los países europeos con mayor potencial de generación de biogás y biometano, que podría cubrir hasta el 40% de la demanda nacional de gas, el PNIEC 2030 jibariza ese potencial y le otorga un papel anecdótico; 10,41 TWh para 2030 cuando nuestro potencial es diez veces más, 163 TWh/año.

Falta de apoyo en captura y almacenamiento de CO2

Si tampoco se ayuda a la industria para la descarbonización de su consumo térmico, al menos debería ofrecérsele alguna solución para hacer viable la captura de CO2 y su almacenamiento, tal y como obliga a hacer el Reglamento (UE) 2024/1735 de industrias de cero emisiones netas. Pero tampoco este gobierno lo considera necesario; somos la única gran economía de la UE que no tiene un Plan Nacional de Captura y Almacenamiento de CO2.

Finalmente, si no pueden electrificarse, no disponen de gas renovable que sustituya su gas natural, ni se les apoya sistémicamente para capturar y almacenar CO2, cabría pensar que se tratará de preservar el consumo industrial de gas que resulte más eficiente. Este es el caso de la cogeneración, que en un solo proceso genera electricidad y calor. Pero sorprendentemente, la cogeneración industrial es abandonada y penalizada por este gobierno, mientras se prioriza e incrementa el consumo de gas para producir electricidad en las grandes instalaciones de Ciclo Combinado, de manera mucho más ineficiente. El gobierno ya comenzó a discriminar a la cogeneración frente al Ciclo Combinado con el RDL 10/2022 de la “excepción ibérica” y la condenó cuando no quiso actualizar su retribución tras el incremento de los costes derivados de la crisis energética hasta bien entrado el 2024. ¡Y ahora propone un recorte del 40%!

España ha pasado de generar el 12% a solo el 6% con cogeneración, del total de producción eléctrica nacional, mientras la media mundial es del 15%, en Europa el 17%, en Alemania el 20% y en Italia el 35%. La cogeneración que ha cerrado en España equivale a la producción de dos centrales nucleares, pero distribuida en 200 emplazamientos, que contribuían a prestar servicios de inercia, frecuencia, absorción de reactiva para el control de tensión; en definitiva, a la estabilidad de la red para evitar apagones, al mismo tiempo que reducía emisiones respecto a los grandes ciclos combinados que han acabado sustituyéndolas.

Impacto económico y ambiental

Esos cierres industriales han supuesto 1.500 millones de euros menos de facturación energética anual de la industria, un 4% más de consumo nacional de gas, con tres millones de toneladas de emisiones de CO2 adicionales cada año. Y en los próximos tres años cerrarán otras 140 Plantas, con una potencia equivalente de 1.300 MW, otra central nuclear-, si el gobierno sigue retrasando la subasta que promete desde 2021 y nunca celebra para las nuevas inversiones en cogeneración de alta eficiencia, al mismo tiempo que propone recortar su retribución en 400 millones de euros al año, lo que las aboca al cierre definitivo en los próximos cinco años.

De manera opaca y silenciosa pero eficaz, este gobierno lleva adelante su política energética de decrecimiento industrial como burdo instrumento de reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático. Si persiste, puede llegar a ser irreversible.