Enredados con las redes

Tres años después del REPowerUE que aceleró la transición energética hacia la descarbonización, la UE comprueba el impacto en las redes eléctricas; su desarrollo y modernización no avanzan al ritmo necesario. Así, la Comisión Europea acaba de aprobar una Propuesta de Paquete de Redes con un nuevo enfoque para modernizar y ampliar la infraestructura de redes y multiplica por cinco los fondos comunitarios en el próximo presupuesto plurianual.

El problema es que Bruselas hace principal responsable del retraso a la resistencia social local, y su solución pasa por más normas, -que después no se aplican en los Estados Miembros-, para priorizar el “interés público superior” del desarrollo de las renovables, las redes y el almacenamiento, limitando y restringiendo la participación ciudadana en el proceso. Pero se puede estar echando, “gasolina al fuego”, ya que en algunos Estados Miembros el problema está en las malas prácticas de los gobiernos y las autoridades reguladoras, que generan incertidumbre y agravios.

El caso de España es paradigmático

El caso de España es paradigmático. La revisión del PNIEC de 2023 vino a confirmar que la inversión en redes tenía que crecer por encima de los topes legales establecidos para hacer frente a la crisis financiera y al déficit de tarifa de 30.000 millones de euros heredado de Rodríguez Zapatero; 53.000 M€ de inversión hasta 2030, cuando con los limites legales la inversión sólo alcanzaba a la tercera parte de esa cifra. 

Pese a ello, la entonces Secretaria de Estado de Energía y hoy Ministra, Sara Aagesen anunciaba en abril de 2024 que mantenían las limitaciones, porque “subir el límite supone subir los peajes a los consumidores».

Un año después sobrevino el gran apagón y entonces han llegado en aluvión las prisas y los sobrecostes a los consumidores, que debían haberse evitado con una adecuada planificación en tiempo y forma. 

Las causas del gran apagón

Primero, evitando el retraso y la incoherencia en la planificación de las redes. El 23 de diciembre de 2023, comenzó el plazo para que, hasta abril de 2024, las Comunidades autónomas y sujetos interés efectuaran propuestas para la red de transporte con horizonte 2030. 

Con ellas, Red Eléctrica, con los criterios fijados por el Ministerio, debió aprobar la Propuesta Inicial en octubre de 2024, sobre la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador independiente, realiza sus recomendaciones. Tras ese Informe, nuevo plazo de alegaciones sobre el impacto en la sostenibilidad económica y sobre el Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Todo debió aprobarse hace meses pero no se hizo y así llegamos al gran apagón de abril de 2025 y a las improvisaciones y parches.

El Real Decreto-ley 7/2025 autoadjudicó al Gobierno la posibilidad de aprobar unilateralmente, sin consulta pública ni informe de la CNMC, actuaciones urgentes en la red de transporte. Aunque no fue convalidado por el Congreso, el Gobierno ya había aprobado previamente 65 actuaciones por importe de 750 millones de euros.

Semanas después, la Ministra anunciaba un proyecto de Real Decreto que aumenta la posibilidad de inversión por encima de los limites legales; para el periodo 2026-2030, 1.540 millones de euros anuales en distribución y 720 millones en transporte- que, en conjunto, representa un incremento del 62% respecto del marco vigente. También defendía una Tasa de Retribución Financiera (TRF) para la distribución, superior a la que estaba preparando la CNMC.

A los pocos días de ese anuncio se produjo la aprobación de la Propuesta Inicial de la Planificación para el nuevo periodo 2025-2031, con más de un año de retraso, que a la vista de la propuesta de Real Decreto y de las actuaciones urgentes ya aprobadas tras el apagón, dejaban obsoletas las alegaciones de las Comunidades Autónomas y agentes y daba lugar a una ronda informal de conversaciones en la que los gobiernos “socios”, como en el País Vasco y Cataluña, ven estimadas sus peticiones, pero no los del resto.

El Gobierno llega fuera de plazo y pone en riesgo las inversiones de las empresas

La guinda de esta imprevisión llega con el final del año. El Consejo de Estado ha dictaminado que la prevista Circular de la CNMC para un nuevo modelo de retribución de la distribución eléctrica, vulnera la Ley del sector eléctrico, al introducir el concepto de riesgo en las inversiones en redes (condicionar la retribución a la demanda), incompatible con el carácter regulado de la actividad y porque establece límites a las inversiones, limites que son competencia exclusiva del Gobierno. 

El Gobierno llegó fuera de plazo a realizar sus orientaciones de política energética y no pudo convocar la Comisión prevista legalmente para resolver sus discrepancias en este punto con la CNMC y ahora, aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, no atender las razones de ilegalidad expuestas amenazaba con dar lugar a una cascada de reclamaciones judiciales por parte de las empresas, que pondrían en riesgo las inversiones necesarias en un momento clave para la transición energética. 

Si las nuevas circulares no se publicaban en el BOE antes del próximo 1 de enero, se hubieran prolongado por 6 años tanto la actual Tasa de Retribución Financiera, aprobada en 2019, como el actual modelo de retribución que data de junio de 2014.

Pese al riesgo y las prisas se ha aprobado el nuevo modelo...

Pese al riesgo, las prisas han llevado a la CNMC, con los votos particulares de tres miembros de su Consejo, a desoír la recomendación del Consejo de Estado de prolongar el modelo actual y, sin dar nuevo trámite de audiencia pública por tratarse de “objeciones esenciales”, ha aprobado el nuevo modelo retributivo, la TRF en el 6,58% en lugar del 7% estimado como mínimo por los afectados y el propio Ministerio y, -para salvar la tacha de ilegalidad-, ha “pasado la pelota” a la discrecionalidad del Ministerio sobre el límite de inversiones y el mecanismo de retribución que lo exceda, según cómo pueda acabar el trámite del proyecto de Real Decreto anunciado.

En definitiva, todo cogido “con alfileres” y a la espera de las reclamaciones judiciales, por vicios de forma e insuficiencia de retribución en actividades reguladas, mientras las redes siguen colapsadas. ¿Y la resistencia local a los proyectos? Si, eso también…