España ante 2026: las grietas de un crecimiento agotado

España entra en 2026 creciendo, sí, pero creciendo cada vez menos y sin prosperar. Lo más inquietante es que la desaceleración ya no es una amenaza difusa, sino el escenario que han confirmado Gobierno, Banco de España o AIReF para 2026 y 2027: menos crecimiento y, de nuevo, sin efecto tracción sobre la productividad.

Si no cambiamos el modelo, si no pasamos de un crecimiento apoyado en más deuda y en el aumento de población extranjera ocupada en puestos de bajo valor añadido, a un crecimiento por productividad, el país seguirá sumando PIB… pero no bienestar.

El problema no es coyuntural, es estructural y en 2026 se verán las grietas. La primera es el mercado laboral. El Gobierno presume de empleo, pero España sigue siendo una anomalía europea. Mientras la Unión Europea ronda el 6% de paro y la eurozona el 6,4%, aquí continuamos en el doble dígito, con el triste privilegio de liderar el paro general (10,5%), el femenino (12,1%) y el juvenil (25,3%). Es el síntoma de un mercado mal estructurado, incapaz de crear suficiente valor añadido incluso en fase de crecimiento.

A ese diagnóstico se suma un dato demoledor por lo que revela de ineficiencia y pérdida de talento: el 35% de los trabajadores universitarios está sobre cualificado para su puesto. Es decir, el mercado no aprovecha su formación, mientras muchas empresas no encuentran perfiles con las competencias que necesitan. España ostenta el peor registro de sobre cualificación de la UE, muy por encima de la media europea (21,5%) o de Portugal (16%). En 2026, esta fractura entre educación y empleo seguirá traducida en salarios que no despegan, movilidad social limitada y frustración colectiva, especialmente entre los jóvenes.

Pero la raíz que explica casi todo está en la productividad. No basta con crear empleo si la productividad no crece. España trabaja más horas, pero no produce mucho más por hora. La productividad por ocupado sigue estancada (-0,9%) por debajo de 2018 y el PIB por empleo equivalente a tiempo completo está un 3,3% por debajo del último trimestre de 2019, con una evolución plana desde mediados de 2024. 

Y lo más grave es que no se trata de falta de estímulos. Ni el incremento de la deuda pública en más de 500.000 millones desde que Sánchez llegó al poder, ni los miles de millones en fondos europeos han logrado cambiar el tejido productivo. La pregunta incómoda para 2026 será cuánto crecemos, sino por qué seguimos sin transformar lo que producimos y cómo lo producimos.

La segunda gran grieta es el empobrecimiento silencioso de las clases medias, empujado por la inflación y por una fiscalidad que sube por la puerta de atrás. La inflación cerró en el año en el 2,9%, con una brecha que se sigue acrecentando con la Eurozona desde mitad de 2025, con una grave pérdida de competitividad de nuestra economía. Pero lo que de verdad aprieta es el día a día: servicios al 3,7% y alimentación sin elaborar al 6,6%.

Por eso, la clase media se empobrece por una pinza muy concreta: precios más altos en lo imprescindible y un Estado que recauda más cuando no deflacta y permite que la inflación engorde la factura fiscal, sin debate, ni transparencia. Desde que gobierna Sánchez, la inflación acumula un 23% y los alimentos un 38%.

Ese deterioro ya tiene rostros y porcentajes: más de 4 millones de españoles (8,3%) en carencia material y social severa; la tasa de riesgo de pobreza infantil (AROPE 16 años) en 34,7%; y un 35,8% de los españoles sin capacidad para afrontar imprevistos.

Y mientras tanto, el esfuerzo fiscal sobre el trabajo se intensifica. El tipo efectivo del IRPF está en máximos históricos tras aumentar 1,7 puntos desde la llegada de Sánchez (del 12,66% al 14,36%). Incluso con salarios estancados, la carga sigue creciendo y drenando renta disponible. En 2026, esta presión sobre nóminas puede convertirse en un freno adicional al consumo y al ahorro familiar.

Tercera grieta: la inversión, que es el crecimiento del mañana. La Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB sigue estancada desde 2019 (20,3%). Y el contraste con Europa es difícil de maquillar: la Comisión Europea sitúa a España como el último país de la UE en inversión pública sobre el PIB en 2025 (apenas algo más del 2% frente al 3,8% de media), y en 2026 seremos el penúltimo (3%).

Sin inversión y sin productividad no habrá mejora en los salarios reales. Y a esto se suma que la inversión empresarial privada en términos reales sigue un 5,4% por debajo de 2019, pese a que los fondos europeos debían actuar como palanca de modernización. En I+D, el problema es casi crónico: 1,50% del PIB, lejos del objetivo nacional del 2,12% para 2027 y por debajo de la media europea (2,24%).

La inversión extranjera tampoco compensa: estancada en torno al 2,4% del PIB, con una caída en los nueve primeros trimestres de 2025 de 18.896 millones, un 27,5% menos que el año anterior. Algo que puede volverse estructural en 2026 puede volverse estructural si no se corrige la inseguridad jurídica, la sobrerregulación y una fiscalidad confiscatoria que ahuyenta capital.

Cuarta grieta: el sector exterior. En 2025 ya dio una advertencia: exportaciones +0,8% (enero-octubre) frente a importaciones +4,9% y un déficit comercial de -45.799,5 M€ desde -31.023 M€ un año antes. Cuando el crecimiento depende del consumo interno y el saldo exterior empeora, el país se vuelve más vulnerable, especialmente si 2026 viene con menos crecimiento.

Incluso con EEUU han sufrido las exportaciones (-8% enero-octubre) e mientras crecen las importaciones (+9,9% nueve primeros meses), con un déficit de bienes de -12.018 M€ y un empeoramiento de 3.530 M€. El Banco de España recuerda que el saldo cambia al incluir los servicios, pero el mensaje de fondo es que sin músculo exportador, volvemos al espejo de la productividad.

Quinta grieta: el tejido empresarial y el coste regulatorio. El número total de empresas apenas ha crecido en 2025 (+0,20%) y además se recompone hacia sectores más cíclicos: la construcción suma, pero agricultura se desploma (-9,32%) y se pierden empresas en comercio (-1,15%) e industria manufacturera (-0,75%).

A esto se añaden dos lastres de competitividad: absentismo y vacantes sin cubrir. AMAT estimaba para 2025 un equivalente a 1,789 millones de trabajadores que no acudiría ningún día a su puesto de trabajo. Y el exceso regulatorio es una losa: se publica una nueva norma cada 45 minutos. En 2026, con menos crecimiento, estas cuestiones pesarán más.

Y queda el gran elefante en la habitación: los fondos europeos, que deberían ser la oportunidad histórica de inversión y acaban retratando una incapacidad de gestión. 2025 fue el año de la doble renuncia: el Gobierno renunció a 60.455 millones en préstamos del Plan de Recuperación; en total, al 37% de los fondos asignados y al 70% de los préstamos, con impacto especial en los PERTE. Paralelamente, se han multiplicado las renuncias empresariales por retrasos y por la constatación de que no se podrán completar inversiones antes de agosto de 2026.

Lo definitivo para 2026 es el dato que desmonta el relato: a 30 de noviembre de 2025, los pagos realizados apenas alcanzaban el 13,7% de lo presupuestado para 2025; en onc meses, 4.700 millones de más de 34.500 disponibles. En ocho meses se acabó el programa Next Generation.

Con este panorama, el reto de 2026 no es inventarse más conejos de la chistera que sorteen el parlamento. Es cambiar prioridades: productividad, inversión, seguridad jurídica, calidad regulatoria, y una gestión pública que deje de confundir anunciar con ejecutar. Porque España puede seguir creciendo un tiempo… pero si lo hace sin prosperar, el país pagará la factura en forma de estancamiento, pérdida de competitividad y una clase media cada vez más frágil. Y entonces ya no habrá relato que tape la realidad.