Sánchez anuncia incentivos a caseros y medidas contra el "abuso" en alquiler de temporada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley, con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

"Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno", ha avanzado el jefe del Ejecutivo en su visita este lunes a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles.

En concreto, la primera medida del real decreto ley --que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas-- contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. "De esta manera ganamos todos", ha defendido.

La segunda, se trata de limitar los contratos de temporada para poner fin al "uso fraudulento evidente que se está produciendo", según ha explicado Sánchez.

Para ello, el Gobierno fijará condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

"Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo", ha defendido.

La tercera medida que se incluirá en la norma va a poner freno al uso del alquiler por habitaciones. "En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, el Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

"Además de seguir construyendo más vivienda, como vamos a hacer aquí en la 'Operación Campamento', vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias", ha señalado el presidente, tras asegurar que con estas medidas se beneficiarán más 3 millones de hogares que viven de alquiler.

Por fin comienza la operación Campamento 

Además, Pedro Sánchez ha señalado que el Ejecutivo seguirá construyendo más vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Después de que el Gobierno haya desbloqueado la 'Operación Campamento', en Madrid, paralizada desde 1989, este lunes se inician las obras del Nuevo Barrio de Campamento, que acogerá 10.700 viviendas asequibles.

"Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid", ha puesto en valor.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado en el acto que este proyecto es "el mejor" de todos los que se habían presentado en estos 40 años, ya que el 100% de las viviendas serán promovidas por empresa pública y serán asequibles. "Habrá viviendas en alquiler y en propiedad, pero todas asequibles", ha destacado.

En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. 

Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

Las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento se distribuirán de la siguiente manera: un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.

¿Y sus socios qué? 

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha avanzado este lunes que el grupo plurinacional descarta apoyar el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar el decreto, que también contempla medidas para regular el alquiler de habitaciones, se ha hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", ha subrayado el diputado en un mensaje publicado en la red social X, donde también ha confirmado que la norma "no contará" con el apoyo de Sumar.

A renglón seguido, Ibáñez ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España y que amenaza "la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias".