Cogeneración: neutralidad tecnológica condicionada no es neutralidad

El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado en los últimos días la aprobación por parte de la Comisión Europea del esquema de ayudas para las subastas de cogeneración, por un importe total de 3.100 millones de euros. 

El mensaje oficial es optimista, pero bajo ese titular se esconde una realidad incómoda; la cogeneración llega a estas subastas tras años de abandono regulatorio y lo hace, además, bajo unas condiciones tan restrictivas, -el proyecto de Real Decreto va mucho más allá que el marco europeo-, que pueden llegar a vaciar de contenido el principio de neutralidad tecnológica al que obliga la normativa comunitaria.

Conviene recordar qué es la cogeneración y por qué importa. Se trata de una tecnología de alta eficiencia que produce simultáneamente electricidad y calor útil para procesos industriales. Mientras que un ciclo combinado de gas alcanza rendimientos eléctricos del orden del 55–60 %, al no aprovechar el calor residual pierde cerca de la mitad de la energía primaria empleada, una instalación de cogeneración de alta eficiencia produce simultáneamente electricidad y calor útil, logrando rendimientos globales del 75–85 %, lo que supone ahorros de energía primaria superiores al 10–30 % respecto a la producción separada. 

Además, aporta seguridad de suministro, resiliencia y eficiencia real; ahorra anualmente en España el equivalente a 14 millones de barriles de petróleo y evita alrededor de 4 millones de toneladas de CO₂. Más de 600 industrias de sectores como alimentación, papel, cerámica o química —que representan en torno al 20 % del PIB industrial y sostienen más de 200.000 empleos— dependen de ella.

Pese a ello, la cogeneración está sometida en España a uno de los marcos regulatorios más exigentes del mix eléctrico. Para acceder a apoyo debe acreditar, conforme a la Directiva 2012/27/UE, ahorros de energía primaria superiores al 10 % y rendimientos globales del 75-80 %. Y el proyecto de Real Decreto español incrementa esas exigencias y establece obligaciones de autoconsumo, que no se imponen comunitariamente. Ni los ciclos combinados ni las tecnologías renovables están obligados a demostrar eficiencia global para operar en el mercado. 

A la cogeneración, además, se le exige estar preparada para incorporar hidrógeno como sustituto del gas natural, un requisito que tampoco se impone a los ciclos combinados, pese a ser menos eficientes.

Durante demasiado tiempo, el gobierno se empeñó, primero, en empujar hacia la electrificación a industrias de cogeneración que no pueden, aún a día de hoy, sustituir técnica ni económicamente el uso de combustibles por electricidad; después, se señaló al hidrógeno verde como alternativa, pese a que sus costes siguen siendo claramente no competitivos. 

El resultado es contundente. Antes de la pandemia, en 2019, la cogeneración aportaba el 12 % de la generación eléctrica en España (29.615 GWh). En 2025, su contribución ha caído hasta el 5,7 % (15.400 GWh). Mientras tanto, en el conjunto de la Unión Europea, la cogeneración mantiene su peso, con alrededor del 12 % de la generación eléctrica y el 15 % de la producción de calor.

Esta caída en España no es casual. La falta de convocatoria de las subastas prometidas desde 2021 para un nuevo régimen retributivo ha provocado que, en 2025, el 37 % de la potencia instalada haya agotado su vida útil. Para 2030, esa cifra alcanzará el 61 %. En la práctica, se ha forzado el cierre de instalaciones sin alternativa viable, con el consiguiente riesgo de cierre de fábricas y pérdida de empleo industrial.

A ello se suma la cicatería regulatoria en el reconocimiento de los costes de operación, especialmente tras los récords de precios del gas durante la crisis energética. Ahora para el periodo 2026-2030 se tramita un nuevo régimen retributivo que debe publicarse antes del 28 de febrero y que modifica el criterio de reconocimiento de costes —en particular los asociados al CO₂— manteniendo valores de operación claramente obsoletos. El recorte estimado de la retribución regulada ronda el 25 %, lo que supondría pérdidas agregadas de unos 250 millones de euros para el sector. En el caso de la cerámica, el impacto es aún más severo; un recorte anual de unos 30 millones de euros, equivalente a una caída del 37,5 % de los ingresos por cogeneración y un impacto directo cercano al 11 % del beneficio neto del sector.

La propia CNMC ha advertido de estas distorsiones. El regulador señala que la propuesta reduce de forma significativa el parámetro con descensos medios del 25 % en sectores con riesgo de fuga de carbono y del 38 % en los que no lo tienen, sin que la memoria de impacto normativo lo justifique. Además, alerta de errores de cálculo que habrían detraído indebidamente unos 75 millones de euros a la cogeneración, recomendando recalcular los ajustes para el periodo 2023-2025 por los efectos asimétricos entre tecnologías.

En definitiva, se penaliza una tecnología que reduce consumo de energía primaria y emisiones, mientras se tolera que otras operen sin demostrar eficiencia equivalente en la estabilidad de las redes y la garantía de suministro ni aportar calor útil. Adicionalmente, el aprovechamiento del biometano nacional, siendo España el tercer país de la UE con mayor potencial, depende en gran medida de la cogeneración local distribuida territorialmente en la España vaciada, generando industria de arraigo imprescindible para mitigar la despoblación.

La paradoja es clara. Mientras se acelera el despliegue de renovables no gestionables —con vertidos crecientes, precios negativos y redes saturadas y se incrementa la operación en “modo reforzado” tras el gran apagón, con mayor producción de los ciclos combinados— se ha estado debilitando a una tecnología que contribuye precisamente a equilibrar el sistema de manera más eficiente y que ayuda a la industria a ser más competitiva.

La neutralidad tecnológica no consiste en subvencionar indiscriminadamente, sino en valorar de forma equilibrada eficiencia, firmeza, flexibilidad, reducción de emisiones y competitividad industrial. Cuando una tecnología cumple con estos criterios y aun así se la somete primero al ostracismo y después a un régimen más exigente que al resto, no estamos ante neutralidad, sino ante una preferencia política encubierta.

La cogeneración no pide privilegios. Pide reglas estables, reconocimiento de su valor y coherencia entre relato y realidad. Una neutralidad tecnológica tan condicionada, sencillamente, no es neutralidad. 

Ahora el relato gubernamental vuelve a invitar al optimismo, como en 2021 con las promesas que luego no se cumplieron; pero antes de echar las campanas al vuelo, esperemos a que hable la realidad. Ya se ha hecho mucho daño irreversible. Ahora, ver para creer.