¿Queremos industria electrointensiva?

En los últimos días se ha conocido que el Gobierno estudia la posibilidad de considerar a los centros de datos como consumidores electrointensivos, permitiéndoles acceder a algunas de las compensaciones previstas en el Estatuto aprobado —con dos años de retraso— mediante el Real Decreto 1106/2020. Se trata de un marco normativo diseñado para industrias con un consumo eléctrico muy elevado, expuestas a la competencia internacional y para las que la electricidad constituye un factor crítico de coste.

Hasta junio del año pasado, estas industrias se beneficiaban además de un descuento del 80 % en los peajes eléctricos, exención que fue prorrogándose mediante sucesivos reales decretos-ley hasta que el Real Decreto-ley 7/2025 no fue convalidado por el Congreso. Desde entonces, el marco de apoyo ha quedado debilitado, reabriendo el debate sobre qué sectores deben ser protegidos y en qué condiciones.

A raíz de la posible inclusión de los centros de datos en este régimen, algunos analistas han alertado de los problemas observados en determinadas zonas de Estados Unidos, donde la fuerte expansión de grandes cargas ha generado impactos sistémicos: mayor necesidad de generación de respaldo, tensión sobre las redes y encarecimiento de los mercados eléctricos, por necesidad de mayor uso del gas como respaldo. Se argumenta que estos efectos no se resuelven solo con baterías, ya que el perfil de consumo continuo (24 horas al día, 365 días al año) de los centros de datos plantea un problema de desequilibrio estacional que hoy solo se cubre con generación térmica, fundamentalmente gas.

El almacenamiento resulta competitivo cuando puede realizar múltiples ciclos de carga y descarga. Almacenar energía durante meses para descargarla solo en invierno no es económicamente atractivo. En mercados marginalistas, más gas de respaldo implica precios más altos y mayores pagos por capacidad. A ello se suman requisitos técnicos más exigentes —control, protección, soporte de tensión y reactiva, participación en servicios de ajuste— y fuertes inversiones en redes para conectar grandes cargas, costes que acaban repercutiéndose en el conjunto de los consumidores.

¿Cuáles son las soluciones?

Las soluciones que se estos expertos están proponiendo pasan por definir peajes específicos para grandes cargas, exigir requisitos técnicos más estrictos y obligar a los centros de datos de mayor tamaño a contar con contratos bilaterales físicos con generación adicional renovable, de forma que no tensionen precios en el mercado. 

Pero la pregunta surge de inmediato: ¿por qué estas exigencias se plantean solo para los Centros de Datos y no para el resto de consumidores electrointensivos, o para infraestructuras estratégicas como el tren de Alta Velocidad de ADIF, segundo mayor consumidor eléctrico del país? Generalizar estas “soluciones” para el sistema eléctrico podría suponer un golpe definitivo para buena parte de nuestra industria. 

Conviene recordar que, de media, el coste del suministro eléctrico representa en torno al 35 % del coste final de un producto electrointensivo, llegando en algunos casos al 50 %.

Y aquí surge la gran paradoja. España debería ser una potencia energética competitiva. Cuenta con abundantes recursos renovables, ha desplegado nueva generación a gran velocidad y ha reducido su dependencia de combustibles fósiles importados. Sin embargo, cuando se analiza el precio final de la electricidad que paga la industria electrointensiva, el relato oficial se desmorona. Lejos de convertirse en una ventaja, la transición energética se está traduciendo en una desventaja estructural.

España parte con ventaja en el componente estrictamente energético...

El Barómetro de AEGE para 2026, elaborado para un consumidor tipo con un consumo anual de 500 GWh, permite comparar el coste real de la electricidad en España, Francia y Alemania. El resultado es claro: en 2026 el coste final asciende a 65,84 €/MWh en España, frente a 30,89 €/MWh en Francia y 56,13 €/MWh en Alemania.

España es más del doble de cara que Francia y casi 10 €/MWh más cara que Alemania, pese a contar con mejores condiciones naturales para generar electricidad renovable. Para una planta que consume 500 GWh al año, la diferencia con Francia supera los 17 millones de euros anuales.

Conviene subrayar que el mercado mayorista no es el principal problema. El precio de la energía en mercado es similar en España y Francia (56,19 frente a 58,83 €/MWh) y muy inferior al de Alemania (94,01 €/MWh). España parte con ventaja en el componente estrictamente energético. Esa ventaja se pierde al añadir el resto de capas regulatorias.

Un sistema cada vez más tensionado

El primer gran diferencial aparece en los servicios de ajuste y otros costes del sistema, que en España suponen 18 €/MWh, frente a cero en Francia y Alemania. Esta partida refleja el coste de operar un sistema cada vez más tensionado por la volatilidad, las restricciones técnicas y una planificación deficiente. La industria acaba pagando los errores de diseño del sistema eléctrico.

A ello se suman los peajes de acceso (4,23 €/MWh en España frente a 1,08 en Francia) y, sobre todo, los cargos e impuestos: 4,65 €/MWh en España frente a 0,95 en Francia. España multiplica por cinco la carga fiscal y parafiscal aplicada a su industria electrointensiva, utilizando estos instrumentos como mecanismo recaudatorio en lugar de como palanca de competitividad.

Y los mecanismos de corrección, como la gestión de la demanda o la compensación por costes indirectos del CO₂, tienen en España un alcance muy inferior al de sus vecinos; en 2026, la compensación por CO₂ reduce el coste en 12,26 €/MWh en España, frente a 27,47 €/MWh en Francia y 38,78 €/MWh en Alemania. 

El Gobierno, en relación con la compensación de los costes indirectos de CO2, no aplica ni siquiera lo contenido en la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que establece un límite máximo para estas ayudas del 25% de los ingresos obtenidos por la subasta de derechos de emisión, pero se abre a la posibilidad a superarlo si se expone motivadamente qué razones hay que justifiquen su incremento.

Las evidentes contradicciones

La contradicción es evidente. Entre 2018 y 2025, el Estado ingresó más de 18.000 millones de euros por subastas de derechos de emisión. Solo en 2022 recaudó 3.231 millones, y en 2023, 3.584 millones. En 2024, los ingresos rondaron los 2.600 millones, y en 2025, según los datos oficiales de subastas, alcanzaron 2.603,6 millones de euros. 

Frente a estas cifras, la compensación a la industria electrointensiva ha sido marginal: 244 millones anuales en 2022 y 2023 (con ayudas efectivamente concedidas incluso inferiores), 300 millones en 2024 y 600 millones en 2025. En términos relativos, durante varios ejercicios el Estado ha devuelto a la industria apenas entre el 6% y el 8% de lo recaudado por CO₂, porcentaje que solo en 2025 se acerca al 23% tras duplicarse la dotación. El resto se ha destinado a múltiples fines presupuestarios, convirtiendo el CO₂ en una fuente fiscal estructural.

Todo ello afecta negativamente a un sector estratégico. La industria electrointensiva en España agrupa a sectores donde la electricidad es el principal factor de coste de producción. 

El peso en el PIB: La industria en su conjunto aporta aproximadamente el 15 % del PIB, con un acusado descenso desde el más del 30% que llegó a alcanzar en el inicio de la transición democrática. La industria electrointensiva española genera más de 20.000 millones de euros de valor añadido, unos 60.000 empleos directos de alta cualificación y concentra alrededor del 10 % de la demanda eléctrica peninsular, siendo clave en cadenas de valor como la metalurgia, la química, la alimentación, el papel o el cemento.

Nuestra industria compite con nuestros vecinos europeos

En EEUU la industria y los Centros de Datos se benefician de un gas autóctono y a precios que han llegado a ser hasta una quinta parte del precio del gas en España, con un coste de la electricidad que acaba siendo la mitad del precio que pagan la industria electrointensiva europea. No son magnitudes comparables y difícilmente las soluciones pueden ser equiparables. 

Nuestra industria electrointensiva compite con nuestros vecinos europeos y debe encontrar la mejor opción de encaje en nuestro sistema eléctrico observando si eso aumento o disminuye nuestra competitividad con nuestros vecinos mas cercanos. 

La competitividad de nuestra industria electrointensiva es la competitividad de España. Incluyendo los Centros de Datos. No nos despistemos enfocando demasiado la lupa y que los árboles no nos dejen ver el bosque. Para otro día, el análisis sobre que hay de cierto en los problemas que para el sistema eléctrico se imputan a estas infraestructuras críticas de la economía del siglo XXI.