El “fondo soberano” de Sánchez es propaganda, deuda y más intervencionismo

El Gobierno ha decidido bautizar como “fondo soberano” a un instrumento que no cumple, ni de lejos, las características de los fondos soberanos que existen en el mundo. Y no es un matiz banal, es el núcleo del engaño. Un fondo soberano nace, por definición, del ahorro nacional acumulado con excedentes por materias primas (petróleo, cobre), superávits fiscales persistentes, reservas, etc… y se gestiona con un mandato claro: invertir a largo plazo, diversificar globalmente y maximizar la rentabilidad para proteger el patrimonio de un país. Eso es Noruega. Eso son los grandes fondos de Oriente Medio. España, en cambio, no está creando ahorro, está creando relato. Y lo hace con deuda. 

Llamarlo “fondo soberano” es una operación de marketing político. “Soberano” suena a músculo, a futuro, a potencia industrial. Si hubieran utilizado “Instrumento de apalancamiento del ICO” suena mucho más deprimente, aunque se acercaría a lo que realmente es, un vehículo de política industrial financiado con préstamos europeos canalizados por el banco público.  

Y aquí viene lo importante, la diferencia no es semántica. Determina el riesgo, la contabilidad y la credibilidad. Un fondo soberano acumula patrimonio; este invento Sanchista acumula obligaciones. Se habla de soberanía cuando lo que se crea es un fondo con pasivos.

En “España Crece” el Gobierno presume de 10.500 millones “disponibles” del Next Generation. Pero la realidad es otra, se busca una fórmula para no tener que reconocer que el fracaso de los fondos europeos, donde ya hemos renunciado a 60.000 millones de euros por incapacidad del gobierno, es un agujero todavía más escandaloso. 

Lo único que buscan es evitar otra devolución, estirando la ejecución más allá de los plazos límite de agosto de 2026 y maquillando el problema de fondo: la incapacidad de diseñar, seleccionar y ejecutar proyectos con criterios económicos claros. 

Tras los fracasos de los PERTE, ¡pretende financiar las mismas políticas donde ya ha fracasado! Anuncia inversión en vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua, saneamiento, defensa, mismo producto pero con una etiqueta nueva y un envoltorio más vistoso. 

Y luego llega el gran titular: movilizar 120.000 millones. Doce euros privados por cada euro público. Un 12 a 1. Es una cifra tan disparatada que se mueve entre lo inverosímil y el ridículo en los ámbitos económicos, sobre todo cuando el propio Plan de Recuperación, basado en transferencias, aspiraba a multiplicadores mucho más modestos (4 a 1) y, aun así, ha demostrado sus límites en ejecución real. El Gobierno intenta justificar esa magia dividiendo el cuento en dos etapas: primero, el apalancamiento del ICO; después, la coinversión privada. 

Primera etapa

Pero ahí está de nuevo otra trampa del Gobierno. La primera etapa no es movilización privada, es simplemente más balance del ICO. Es decir, más capacidad de crédito público presentada como efecto multiplicador. Marketing, querido lector. Si el multiplicador se logra porque el ICO se apalanca con recursos públicos, no estamos atrayendo capital privado, estamos hinchando un intermediario público y llamándolo éxito. 

Además, ni siquiera es cierto que toda esa capacidad adicional vaya a poder transformarse en instrumentos de capital o cuasi-capital (los más atractivos para impulsar proyectos largos). Hay restricciones de plazos, flujos, riesgo y encaje financiero que limitan drásticamente lo que puede hacerse en la práctica. 

Segunda etapa

La segunda etapa, la supuesta coinversión privada, es todavía más frágil porque no depende del BOE, depende del mercado. Y el mercado no coinvierte porque el Gobierno lo anuncie en una rueda de prensa. Coinvierte si hay proyectos sólidos, reglas claras, gobernanza profesional, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y retornos razonables. Precisamente los elementos que este Gobierno ha erosionado con su modelo: más intervención, más incertidumbre regulatoria, más arbitrariedad y más politización de la economía. 

Aquí aparece el último riesgo: el riesgo moral. Un esquema de coinversión mal diseñado, sin reglas transparentes sobre quién asume pérdidas primero, cómo se seleccionan proyectos, qué criterios técnicos se imponen y qué límites existen a la discrecionalidad, puede convertirse en una máquina de nuevos ganadores elegidos políticamente. Y cuando un gobierno acostumbra a confundir política industrial con política de amiguetes, el peligro no es teórico, es estructural. 

Además, al financiarse con préstamos del programa Next Generation, el instrumento arrastra exigencias como el cumplimiento del principio de adicionalidad y trazabilidad que, sobre el papel, suenan bien pero en la práctica suelen terminar en lo de siempre, financiar lo que ya iba a suceder, multiplicar cargas burocráticas y elaborar memorias justificativas que sustituyen al resultado económico.  

España no falla por falta de instrumentos, ni por falta de fondos públicos o ahorro privado, falla por desconfianza, diseño, coordinación, gobernanza y ejecución. Y eso no se arregla inventando un nombre grandilocuente.

Con todo esto, se constata que estamos viendo una tendencia muy preocupante. Ante la ausencia de reformas que generen inversión privada, el Gobierno responde con más ingeniería financiera pública y más presencia del Estado en el tejido productivo (capital, préstamos participativos, garantías, coinversión), todo ello con el ICO como brazo ejecutor.  Es decir: más palancas políticas donde debería haber más reglas estables; más mercado y más seguridad para invertir.

España necesita inversión, sí. Pero no necesita propaganda. Un país no se hace competitivo con refritos financieros y presentaciones repetitivas, se hace competitivo con instituciones que funcionen. Si de verdad se quiere movilizar capital privado, la receta es conocida: estabilidad, seguridad jurídica, reducción de trabas, gobernanza y evaluación independiente, y proyectos que se sostengan por su rentabilidad y viabilidad económica. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es un sinsentido.

Y por eso, precisamente, el Gobierno insiste en el término “fondo soberano”. Porque suena mejor que lo que es: deuda, apalancamiento público presentado como inversión privada, y un nuevo instrumento que se vende como solución milagrosa a un problema que no es de instrumentos, sino de gestión.