Confirman el millonario patrimonio inmobiliario de Pepe Álvarez, de UGT, en plena huelga general
El líder del sindicato encabeza el paro del 11N para exigir vivienda digna, pero su patrimonio y su sueldo reabren el debate sobre la coherencia de sus reivindicaciones.
Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una asamblea conjunta de CC ÖO y UGT.
Pepe Álvarez se ha convertido en uno de los protagonistas de una huelga general que amenaza con convertirse también en un nuevo episodio de confrontación política. El secretario general de UGT, que lleva una década al frente de la organización, ha llamado a los trabajadores españoles a parar este miércoles para reclamar soluciones al problema de acceso a la vivienda, mejores salarios y avances sociales. Una movilización que llega a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 29N y que tiene un elemento añadido que no ha pasado inadvertido: el patrimonio inmobiliario de quien encabeza una de las organizaciones convocantes.
Mientras miles de españoles tienen dificultades para acceder a una vivienda, afrontar una hipoteca o encontrar un alquiler asumible, el patrimonio de Pepe Álvarez ha vuelto a ser comentario en las redes por sus propiedades inmobiliarias.
Lo cierto es que en el Registro de la Propiedad aparecen siete propiedades inmobiliarias vinculadas al dirigente sindical. Entre ellas destaca un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio barcelonés de Gràcia, adquirido en 1992, cuando ya ocupaba responsabilidades en UGT Cataluña. La valoración registral recogida en la información era de 498.180 euros, aunque el precio de viviendas similares en la zona se situaría entre los 600.000 y los 800.000 euros.
A ello se suman varias fincas en su Asturias natal. En 2017 adquirió cinco parcelas rústicas en Belmonte de Miranda que suman más de 9.200 metros cuadrados. También figura una casa de pueblo que compró junto a su hermana, Elena. Un patrimonio que ha generado comentarios precisamente en vísperas de una huelga que pretende situar la vivienda en el centro de la agenda política y social.
El propio Álvarez ha salido al paso de las informaciones. En una entrevista ha explicado que posee la mitad del ático de Barcelona, que compró hace 36 años, y la mitad de una casa familiar en Asturias. También ha defendido que las parcelas rústicas no llegan a una hectárea y que las adquirió a un familiar por 18.000 euros. "Después de toda una vida trabajando, creo que me ha dado para tener un ático", ha argumentado, molesto por la difusión de detalles sobre su patrimonio y por la mención de su hermana.
El sueldo del líder sindical
La cuestión patrimonial tampoco se entiende sin poner sobre la mesa sus ingresos. Según datos facilitados por UGT correspondientes a 2023, Álvarez percibió entonces una nómina mensual de 2.638 euros. Una cifra que previsiblemente habrá experimentado variaciones desde entonces.
El contraste entre estas cifras y las dificultades habitacionales que sufren numerosos trabajadores ha alimentado las críticas en las redes sociales. No se trata de cuestionar que un dirigente sindical pueda tener propiedades después de décadas de actividad profesional, sino de poner sobre la mesa la distancia entre el discurso político y la realidad patrimonial de algunos de quienes pretenden liderar la respuesta a la crisis de la vivienda.
Huelga política con interrogantes jurídicos
Pero la polémica sobre Pepe Álvarez no se limita a sus inmuebles. La convocatoria del 11N también llega, tal y como les hemos contado en ESdiario, rodeada de interrogantes por su oportunidad y por su naturaleza. UGT y CCOO han decidido respaldar un paro general que se celebrará apenas dos días antes del comienzo de la campaña electoral del 29 de noviembre. Una coincidencia temporal que ha provocado suspicacias y que ha llevado a cuestionar si estamos ante una movilización estrictamente laboral o ante una protesta política, como es el caso.
El artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que son ilegales las huelgas que se inicien o mantengan por motivos políticos o con finalidades ajenas al interés profesional de los trabajadores afectados. La patronal CEOE ha cuestionado la legalidad de esta convocatoria y ha estudiado impugnarla.
La movilización nació impulsada por la protesta social contra la crisis habitacional y el desahucio de Maricarmen, y terminó convirtiéndose en una convocatoria de alcance general respaldada por las principales centrales sindicales y el propio Gobierno de Pedro Sánchez.
