Gibraltar un acuerdo de la opacidad

Opacidad y falta de transparencia

Si hay algo peor que un mal acuerdo es un acuerdo que nace con opacidad. En una democracia liberal madura, la transparencia es el primer eslabón de la rendición de cuentas. Y, sin embargo, el Gobierno de España ha vuelto a hacer lo que mejor se le da cuando el asunto es delicado: escamotear información, evitar el debate público y concentrarse en el relato. 

La gestión de un acuerdo trascendente para España con Gibraltar afecta directamente a miles de españoles y a la economía del Campo de Gibraltar y sin embargo, el Gobierno ha eludido que los economistas hagamos el análisis técnico de lo que subyace en este acuerdo, del mismo modo que evita a las Cortes Generales.

Es una forma de gobernar, y es preocupante porque cuando el Gobierno actúa de esta forma suele ser por dos motivos: o bien no controla lo que ha firmado, o bien sabe que lo firmado no resiste una lectura calmada. Para eso hace falta información. Y aquí se ha intentado sustituir información por propaganda.

Dicho esto, entremos en lo importante. El acuerdo puede tener elementos potencialmente beneficiosos, sobre todo para el empleo transfronterizo y cierta normalización logística, pero también encierra riesgos económicos y fiscales nada menores. El problema es que el Gobierno pretende venderlo como “histórico” antes de demostrar que será eficaz, ejecutable y verificable. Y la economía, como la contabilidad, no funciona con adjetivos.

La arquitectura del acuerdo pivota sobre un cambio esencial, eliminar la barrera que supone la frontera mediante controles en el puerto y aeropuerto, y una gestión más apoyada en sistemas de tránsito y trazabilidad. En teoría, suena moderno. En la práctica, significa que pasamos del control visible al control administrativo, del sello al dato. Y el dato, sin personal, sin recursos, sin interoperabilidad y sin sanciones, es solo una ilusión tecnocrática, típico del “made in Brussels”.

Permítanme que vuelva al consuelo que supone siempre la teoría económica recordando a Hayek. La gran cuestión no es si el Estado interviene más o menos, sino si lo hace con conocimiento suficiente y con reglas que reduzcan arbitrariedades. En el caso de este acuerdo, si el sistema se diseña con agujeros o, peor, se gestiona con incentivos políticos para no molestar, el resultado será el de siempre: competencia desleal, descompensación fiscal y pérdida de recaudación en el lado español. Dicho de otro modo, si el control falla, el coste lo pagará el contribuyente español y el comercio del Campo de Gibraltar.

El esquema operativo que se plantea, con instrumentos específicos de tránsito y procedimientos para mercancías, exige un Estado con músculo. Y hoy, España no funciona, miren servicios públicos e infraestructuras.

España asume buena parte del papel de cortafuegos para Europa con este acuerdo. Si el circuito de control tiene fallos o si determinados flujos quedan en zonas grises, serán las autoridades españolas quienes tengan que detectar, perseguir, liquidar y sancionar. 

La pregunta es inevitable: ¿con qué medios? ¿con qué indicadores? ¿con qué transparencia? La solución no es confiar en la buena voluntad de la administración, sino diseñar reglas que obliguen a medir y publicar resultados. Si el Gobierno no quiere publicar ni una traducción en español, ¿por qué deberíamos confiar en que publicará después datos incómodos sobre fraude, tabaco o incidencias?

Fiscalidad y distorsiones económicas

El texto incorpora un mecanismo impositivo, una “Transaction Tax”, (no un IVA como se ha publicado en algunos sitios), con un tipo inicial del 15% y una senda de convergencia hasta el 17%. Esto reduce parcialmente la brecha fiscal, pero no la elimina de golpe. Y el diablo está en los detalles. Cuando dos jurisdicciones están pegadas y el tránsito es masivo, pequeñas diferencias generan grandes distorsiones. Es economía básica.

El riesgo no es solo macro (recaudación agregada), sino micro:, con un comercio local que puede perder ventas, pymes que compiten con una fiscalidad más amable al otro lado, y un goteo constante de actividad que se desplaza por puro diferencial. En un área económicamente sensible como el Campo de Gibraltar, eso se traduce en empleo de calidad o empleo precario, inversión estable o actividad oportunista.

Y es que los acuerdos siempre son impecables en el papel cuando definen franquicias para los ciudadanos, importación no comercial o límites cuantitativos. Pero la vida real implica miles de cruces diarios, incentivos para fragmentar cantidades, redes que profesionalizan el goteo de mercancías y administraciones que, si no están bien dotadas, terminan mirando hacia otro lado para evitar conflictos.

El fraude como prueba del acuerdo

Aquí ahora una verdad incómoda: el fraude no es una travesura; es un impuesto oculto sobre quien cumple la ley. Podríamos adaptar uno de los enunciados clásicos de Milton Friedman: nada es tan duradero como un coladero que se tolera en nombre de la “normalidad”.

Así que, si el Gobierno nos quiere convencer de que esto no será una autopista para el mercado negro, que no nos hable de intenciones, que nos hable de tabaco. El tabaco es el termómetro. Si la brecha de precios persiste, si las incautaciones no caen, si el mercado ilegal no se reduce, entonces el acuerdo habrá fracasado en su prueba más práctica. Y en economía, cuando falla lo práctico, el relato se desmorona.

Y aquí volvemos al origen: un Gobierno que empieza negando información básica (como una versión oficial en español) difícilmente será el Gobierno que publique con puntualidad cifras incómodas sobre contrabando, inspecciones y sanciones.

Hay otro riesgo clave, el de las ayudas de estado o incentivos encubiertos. Las jurisdicciones pequeñas compiten muchas veces, no con productividad, sino con ingeniería regulatoria: beneficios fiscales selectivos, normas hechas a medida y mecanismos parlamentarios propios que blindan políticas difíciles de revertir desde fuera. España debería exigir un control claro, independiente y con capacidad real de corrección rápida. Si no, el diferencial competitivo se consolidará antes de que se pueda reaccionar. 

Yo les propongo tres condiciones para que esto no sea otro “éxito” de propaganda del Gobierno. Los ciudadanos necesitan garantías. Si esto va a ser un acuerdo útil y no una cesión envuelta en retórica, hacen falta tres compromisos inmediatos: transparencia total, dotación de medios (personal, tecnología, interoperabilidad, auditoría en los puntos españoles de control), e información periódica sobre inspecciones, incidencias, tiempos de respuesta, evolución de precios del tabaco, incautaciones y sanciones. Si no se mide y no se publica, no existe.

En definitiva, Gibraltar no debería ser un monumento al pragmatismo sin control. España tiene que exigir acuerdos donde la falta de transparencia no sea la norma y donde el coste potencial del descontrol lo pague siempre el mismo: el contribuyente español y el tejido productivo del Campo de Gibraltar.

Si el Gobierno cree que este acuerdo es bueno, que haga lo más sencillo, que lo explique y que lo someta a debate y que se comprometa a publicar resultados. Lo demás, como casi siempre, es propaganda.