Minería, ¿insostenible?

El marco legal que regula el sector minero en España sigue siendo la Ley de Minas de 1973, cuya reforma fue anunciada por el propio Gobierno en la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales aprobada en agosto de 2022. Poner el acento en lo “sostenible” cada vez que se trata de actividades extractivas para ser una “cláusula de estilo” de nuestros gobernantes. Y es que durante años la política energética española viene hablando de transición ecológica, electrificación y despliegue masivo de energías renovables como si todo ello pudiera construirse únicamente con viento, sol y voluntad política. Pero la transición energética, además de tecnológica, es profundamente minera; sin materias primas minerales no hay baterías, sin metales no hay redes eléctricas y sin tierras raras no hay aerogeneradores.

Por eso resulta revelador que el Gobierno haya anunciado ahora, en el Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, el primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, acompañado de un Programa Nacional de Exploración Minera que el propio Ejecutivo ha presentado como “el primero en cincuenta años”. Revelador porque se presenta como reacción de respuesta a la nueva crisis energética que está provocando el conflicto bélico con Irán. Se trata de mitigar nuestra dependencia exterior y la de la UE de estos recursos críticos para nuestra autonomía estratégica. China controla aproximadamente el 90 % del refinado mundial de tierras raras, más del 60 % del procesamiento global de litio y cobalto y buena parte de la producción mundial de baterías y paneles solares.

Sobre el papel, la iniciativa parece reconocer una realidad que durante años ha sido ignorada en el debate energético español. El problema es que llega tarde. Muy tarde. Y de manera tan inconcreta que más parece una nueva promesa de “relato” que un compromiso normativo que dote de un marco jurídico seguro y previsible a las inversiones que esperan.

Un año de retraso en cumplir una obligación europea estratégica

Lo que ahora el gobierno presenta como respuesta a la crisis es en realidad el cumplimiento de una obligación exigida por UE, obligación que se cumple con un año de retraso. La política europea de materias primas críticas quedó definida en el Reglamento de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act) aprobado en 2024. El reglamento estableció objetivos como objetivos para 2030 que al menos el 10 % de las materias primas críticas deben extraerse dentro de la Unión Europea, que el 40 % deben procesarse en territorio europeo y que el 25 % deben proceder del reciclaje.

Pero además imponía una obligación concreta a los Estados miembros: desarrollar adoptar programas nacionales de exploración minera antes de mayo de 2025 para mejorar el conocimiento geológico del territorio. España no lo ha hecho hasta este mes marzo de 2026. Casi un año después del plazo límite establecido y dos años después de la aprobación del Reglamento.

Medio siglo sin apoyo a la exploración minera

El retraso no es un simple problema administrativo. España lleva 50 años sin programas públicos de exploración minera sistemática y con un marco normativo pre-constitucional, que ha tenido que ir adaptándose a las crecientes exigencias medioambientales y a la organización competencial de la España de las autonomías. Pero la tecnología y las necesidades de materias primas también han cambiado en cincuenta años; lo que era estratégico entonces ahora no lo es tanto y lo que se desechaba por antieconómico ahora es muy valioso. Los sistemas de exploración e investigación también han experimentado un desarrollado espectacular. Todos estos nuevos desarrollos no se consiguen con planes ni hojas de ruta; necesitan marcos legales que den previsibilidad al retorno de las inversiones.

La Hoja de Ruta aprobada en 2022 incluía explícitamente la elaboración de una nueva legislación minera. Cuatro años después, ni la reforma de la ley de 1973 se ha aprobado ni existe siquiera un anteproyecto legislativo. Lo paradójico es que esa reforma figura en los Planes Anuales Normativos del Gobierno de los años siguientes, que identifican las iniciativas legislativas que el Ejecutivo se compromete a presentar cada ejercicio, sin que hasta ahora se hayan cumplido.

Sin minerales no hay transición energética

El nuevo plan anunciado por el Gobierno tampoco resuelve esa incertidumbre. Aunque el Ejecutivo ha anunciado una dotación global cercana a los 400 millones de euros, no ha detallado qué parte corresponde a financiación nueva, qué parte procede de programas ya existentes ni cómo se distribuirán los recursos entre exploración, procesamiento, reciclaje o investigación. Sin ese desglose resulta difícil evaluar el impacto real del plan.

Para un país que lleva medio siglo sin programas de exploración sistemática, esa dotación resulta modesta si se compara con las necesidades que exige la transición energética. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda mundial de minerales críticos para tecnologías energéticas podría multiplicarse por cuatro antes de 2040. El litio es esencial para las baterías, el níquel y el cobalto para el almacenamiento, las tierras raras para los imanes permanentes de los aerogeneradores, el cobre para las redes eléctricas, motores y transformadores…

Un país con recursos… que no explota

España cuenta con potencial geológico para 22 de las 34 materias primas críticas identificadas por la Unión Europea, incluidas algunas especialmente relevantes para la transición energética. Sin embargo, durante años la política energética española ha estado marcada por una profunda reticencia hacia la actividad minera, alimentada por prejuicios ideológicos que han tratado la extracción de recursos como una actividad incompatible con la protección ambiental.

Con datos de 2021, 30 proyectos mineros con multimillonarias inversiones comprometidas, estaban paralizados por diversos motivos. Siendo Teresa Ribera la Ministra responsable de la regulación de las materias primas, ostentando España la Presidencia europea en 2023 declinó asistir a la gran cumbre sobre minerales críticos celebrada en París por la Agencia Internacional de la Energía a la que asistieron los Ministros de las grandes potencias mundiales. También declinó sumarse a la alianza estratégica con Alemania, Francia e Italia, dejándonos fuera de la cadena de valor europea. Se impulsa una transición energética intensiva en minerales mientras se rechaza la actividad necesaria para obtenerlos.

El potencial de nuestro sector minero

Pero paradójicamente, contamos con un potente sector minero español, fruto de nuestra historia minera, de nuestras capacidades y formación especializada y del esfuerzo inversor privado en tiempos no favorables para la actividad. El sector está comprometido en ese objetivo de recuperación del potencial minero español, con un volumen de negocio de 26.510 millones de euros y exportaciones que superan los 11.370 millones de euros, las actividades mineras no sólo contribuyen significativamente a la balanza comercial de España, sino que también generan empleo directo e indirecto para aproximadamente 344.500 personas, con condiciones de calidad y estabilidad muy superiores a las de otros sectores.

En este contexto debería ser prioritario para el Gobierno poner en valor la cadena de valor de las materias primas nacionales, que abarca unas 3.650 empresas y 4.460 explotaciones mineras y fábricas, que no sólo impulsan el sector de las energías renovables y de la transformación digital, sino que favorecen también la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el reto demográfico, al generar industrias de arraigo en zonas despobladas o en riesgo de despoblación.

Porque el gobierno de España está empezando a descubrir, con años de retraso, que la transición energética no puede hacerse sin minería.