El Real Decreto-ley anticrisis: algunas luces y muchas sombras

Irán como pretexto para mutar el modelo eléctrico

El Real Decreto-ley 7/2026 (RDL) convalidado este pasado jueves en el Congreso con la abstención del Grupo Popular se ha presentado como una respuesta urgente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, dos tercios del mismo revelan que no estamos sólo ante un paquete coyuntural de ayudas, sino ante una reforma estructural que altera los principios básicos del funcionamiento del sistema eléctrico español.

Al resguardo de las medidas más publicitadas y coyunturales —rebajas fiscales, ayudas al combustible o protección a consumidores vulnerables— se destapa una arquitectura regulatoria que constituye una reforma estructural de largo alcance en el sector eléctrico e industrial español: el RDL sustituye un modelo de acceso a las redes eléctricas basado en reglas objetivas por otro en el que la decisión última queda en manos del Ejecutivo. Incluso con prioridad sobre los que ya cuentan con el permiso.

Es grave. Porque sin guardar relación alguna con la crisis de Irán y con la excusa de desatascar el colapso en el acceso y conexión a las redes eléctricas, -colapso que el propio gobierno ha generado en estos ocho años-, se utiliza el RDL para mutar el mercado liberalizado y sometido a la competencia por un nuevo modelo de planificación centralizada e intervención política con un amplio abanico de nuevas figuras; proyectos estratégicos, proyectos energéticos preferentes, proyectos de excelencia social y territorial, y proyectos energéticos prioritarios. Todos dependerán de las decisiones del gobierno. Y esa selección gubernamental, los colocará por delante de cualquier otro proyecto para tener derecho a conectarse a unas redes eléctricas hoy por hoy completamente saturadas.

Un filtro político para conectarse a la red

Desde la reforma eléctrica que supuso la nueva Ley del sector eléctrico de 2013, el acceso y conexión a las redes se regía por un principio básico: el orden temporal de solicitud. Este criterio, conocido como first come, first served, aportaba seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores. Una garantía en un mercado abierto a la competencia, en donde la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos lo determina su éxito o su fracaso económico una vez puestos en marcha.

El RDL 7/2026 rompe con ese esquema. El nuevo modelo permite priorizar proyectos no por su posición en la cola, sino por su consideración como “estratégicos”, “preferentes” o de “alta prioridad”, siempre decididos por el gobierno central y con criterios cuya definición se remite, en gran medida, a desarrollos reglamentarios posteriores. A ello se suma la capacidad de la Secretaría de Estado de Energía para intervenir en concursos de acceso, asignar capacidad directamente en determinados nudos o incluso desconvocar procesos en marcha si se consideran prioritarios otros proyectos.

En paralelo, sectores emergentes como los centros de datos quedan sujetos a requisitos de sostenibilidad y “soberanía digital” que serán definidos posteriormente por el propio Gobierno, condicionando su acceso a la red a criterios aún no concretados.

Esto supone, en la práctica, sustituir un sistema reglado por uno de selección discrecional. El Gobierno pasa a decidir qué proyectos industriales, energéticos o de centros de datos acceden a la red y cuáles quedan relegados, incluso si estos últimos ya disponían de permisos concedidos. Miles de millones de euros de inversión, que no necesitaban de ninguna decisión política discrecional para ponerse a prueba en un mercado en competencia, ahora dependen absolutamente de la decisión del gobierno, del filtro político que quiera imponer el presidente Sánchez. 

Exoneración de responsabilidad para los especuladores

El RDL también permite a los especuladores que no van a desarrollar proyecto alguno que renuncien a su derecho de capacidad y conexión a las redes sin perder los avales económicos que debieron prestar legalmente con la anterior regulación.

Cuesta aceptar que el gobierno exima ahora de esa responsabilidad a quienes han colapsado el sistema durante estos años sólo por la expectativa de obtener un beneficio comerciando con el permiso, sin proyecto real detrás. Pero aun cuesta más al comprobar que esta medida se adopta en un momento en que se han hecho públicas las investigaciones judiciales que afectan a un modelo de corrupción sistemática por parte de altos cargos del MITECO en la concesión de permisos a proyectos renovables y su mercado de traspaso de esos permisos con beneficios mutimillonarios. ¿Se les descubrió el negocio a algunos y ahora se les permite la retirada sin coste económico, recuperando los avales prestados? 

Olvida la seguridad del suministro y la devolución de los sobrecostes

El RDL acelera nuevamente la electrificación renovable, pero sin adoptar las medidas para garantizar la seguridad y continuidad del suministro que días antes la CNMC ha recomendado en su informe sobre el apagón, con un Plan Integral para adoptar medidas urgentes, de corto plazo, y de medio y largo plazo. ENTSO-e también publicó su informe de recomendaciones y sobre ellas nada dice el RDL.

Tampoco el RDL resuelve los sobrecostes de la operación reforzada vigente desde el apagón, -más de 1.000 M€ hasta ahora-, ni los problemas de aumento de los vertidos ni la canibalización de la fotovoltaica. Además, insiste en agravar los problemas de seguridad de suministro y sobrecostes, avanzando en el calendario de cierre de las nucleares, ensanchando el alcance de los nudos de transición justa en caso de cierre nuclear hasta un radio de 50 km.

El contraste con el “escudo social”

El gobierno ha ocultado esta transformación estructural, poniendo el foco publicitario en el llamado “escudo social”: rebajas fiscales, ayudas directas y protección a consumidores vulnerables. Muchas de estas medidas son positivas y, en algunos casos, coinciden con propuestas de la oposición.

Sin embargo, su alcance es más limitado de lo que sugiere el relato político: rebajas de IVA y bonificaciones de combustibles limitadas hasta el 30 de junio e incluso antes si el IPC energético de abril no supera el 15% del de abril del año anterior, rebaja del Impuesto a la Producción eléctrica de sólo el 10% en el primer trimestre y del 100% en el segundo, lo que supone sólo el 35% de la recaudación anual de IVPEE. (400 millones de euros aproximadamente) y bonificaciones a combustibles que no han impedido que su precio siga estando por encima de los vigentes antes de la crisis.

Reformas largamente aparcadas ahora son urgentes

Es cierto que el RDL también da respuesta a demandas acuciantes del sector energético, como la obligación de mayor información sobre capacidades disponibles, la nueva prestación por reserva de capacidad, -orientada a reducir comportamientos especulativos-, la metodología de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) exigidas por la UE, la simplificación de procedimientos plazos y mejoras en la planificación para hacer adaptarla con mayor rapidez a la evolución de la demanda y del sistema.

Asimismo, el RDL introduce avances para la repotenciación de instalaciones, refuerza el papel del almacenamiento energético —especialmente el bombeo— y promueve el autoconsumo y las comunidades energéticas, ampliando su alcance y eliminando barreras regulatorias. A ello se suma el refuerzo al desarrollo de nuevos vectores como el biometano y el hidrógeno, junto con el impulso de instrumentos como los Certificados de Ahorro Energético. 

Riesgo regulatorio y voluntad política

En conjunto, las medidas apuntan a una reorganización de un sistema colapsado y desequilibrado en los últimos años, pero su efectividad dependerá del marco de aplicación y de la estabilidad regulatoria que finalmente se consolide. En última instancia, la cuestión no es si el sistema necesita ajustes —algo evidente— sino cómo se resuelven. Si la solución pasa por sustituir criterios objetivos, -siempre mejorables y modificables-, por otros subjetivos del gobierno que sean los únicos en soportar las decisiones discrecionales, el coste puede no ser inmediato, pero acabaremos pagándolo en términos de inversión, competencia y confianza regulatoria.

Una clara señal de la voluntad del Congreso es que en la misma sesión en que resultó convalidado el RDL también fue aprobada una Moción del Partido Popular que va más allá que la iniciativa gubernamental, tanto en las medidas de protección anticrisis como en las reformas estructurales pendientes.

Es de esperar que la decisión unánime de todos los grupos de la Cámara de tramitar el RDL como Proyecto de Ley en trámite de urgencia permita corregir, vía enmiendas, su preocupante sesgo actual de excesiva discrecionalidad y completar las medidas de alcance estructural con aquellas que se necesitan para asegurar la operación del sistema eléctrico ante la alta penetración renovable. Esperemos que no quede, como otros tantos Proyectos de Ley, aparcado y sin más trámite, consolidando así una mutación encubierta del modelo del sistema eléctrico que da al poder político un protagonismo incompatible con la libertad de mercado.