Un país que premia la irregularidad y desaprovecha el talento

La economía española pierde productividad al no aprovechar el capital humano de inmigrantes cualificados

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo.Europa Press

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España no tiene un problema de falta de recursos, sino de prioridades. Mientras sectores clave de la economía no encuentran trabajadores y el acceso a la vivienda se consolida como uno de los mayores retos sociales, miles de profesionales extranjeros cualificados —que han llegado legalmente— sobreviven en empleos muy por debajo de su formación: ingenieros conduciendo VTC, médicos trabajando como auxiliares, arquitectos encadenando trabajos precarios. Al mismo tiempo, el debate político se centra en la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. La pregunta es inevitable: ¿tiene sentido económico este modelo?

España ha experimentado en los últimos años un crecimiento significativo de su población extranjera, alcanzando cifras históricas, con más del 14% de residentes de nacionalidad extranjera. Este fenómeno, lejos de ser un problema en sí mismo, debería ser una oportunidad. En un mundo globalizado, atraer talento es una de las principales palancas de crecimiento. Sin embargo, la forma en que España está gestionando esta realidad revela profundas ineficiencias.

Por un lado, se plantea la regularización de cientos de miles de personas en situación irregular, una medida que, según sus defensores, busca integrar a quienes ya forman parte de la economía sumergida. Pero por otro, se mantiene un sistema burocrático lento y restrictivo para quienes han cumplido las normas, han llegado con visado, formación y expectativas de desarrollo profesional. El resultado es un claro agravio comparativo.

El coste económico de la sobrecualificación

Hay historias concretas que reflejan el fallo del sistema. Laura, arquitecta colombiana, inició su trámite en 2022 y todavía no ha recibido respuesta, mientras expedientes más recientes se resuelven en pocos meses. Fernando, enfermero peruano, lleva tres años sin poder ejercer su profesión, pese a la supuesta mejora del sistema de homologaciones que defiende el Ministerio de Universidades. Carlos, fisioterapeuta venezolano, trabaja como repartidor desde hace años mientras espera una homologación que nunca llega, aunque desde la Administración se hablen de cifras récord. Y Diana, veterinaria mexicana, inició su proceso bajo el antiguo decreto y sigue sin respuesta; ni siquiera ha conseguido una cita sin recurrir a intermediarios que cobran por un servicio público que debería ser gratuito. No son excepciones: son el reflejo de un modelo que bloquea el talento legal mientras presume de eficiencia.

Desde el punto de vista económico, esto supone una pérdida directa de productividad. Formar a un profesional cualificado tiene un coste elevado —aunque en este caso haya sido asumido por el país de origen—, y no aprovechar ese capital humano implica desperdiciar recursos que podrían contribuir al crecimiento del PIB, a la innovación y a la sostenibilidad del sistema de bienestar.

Además, esta situación genera frustración individual y desincentiva la integración. Un trabajador que no puede ejercer su profesión difícilmente alcanzará su máximo potencial económico ni contribuirá plenamente a la economía.

Incentivos perversos y “efecto llamado”

El debate sobre la regularización masiva también introduce una cuestión clave en economía: los incentivos. Toda política pública genera señales, y en este caso, la señal puede ser problemática. Existe el riesgo, más que evidente, de que este tipo de medidas refuercen el denominado “efecto llamada”, incentivando nuevas entradas irregulares y alimentando redes de tráfico de personas, mafias.

Más allá del debate político, lo relevante desde una perspectiva económica es que las políticas deben ser coherentes y previsibles. Si el sistema premia, de facto, la irregularidad con procesos de regularización rápidos, mientras penaliza la vía legal con trámites largos y complejos, se está generando un desequilibrio en los incentivos que puede distorsionar los flujos migratorios.

Esto no solo tiene implicaciones en términos de seguridad o cohesión social, sino también en la eficiencia del mercado laboral.

El desajuste entre paro y necesidades productivas

Otra de las grandes contradicciones de la economía española es la coexistencia de un elevado desempleo —cercano al millón de personas— con la incapacidad de cubrir determinados puestos de trabajo. El sector de la construcción es probablemente el ejemplo más evidente. En un momento en que España necesita afrontar uno de sus mayores retos sociales —el acceso a la vivienda—, la falta de mano de obra está ralentizando proyectos y encareciendo costes.

¿Cómo es posible que con un nivel de paro estructural tan elevado no se consigan trabajadores para sectores clave?

La respuesta es compleja, pero pasa por varios factores: desajustes formativos, condiciones laborales poco atractivas y, nuevamente, una mala gestión del capital humano disponible. En lugar de diseñar políticas que alineen oferta y demanda de trabajo, el sistema parece funcionar de manera fragmentada, sin una estrategia clara.

En este contexto, resulta aún más difícil entender por qué no se prioriza la integración efectiva de aquellos inmigrantes que ya están en situación legal y que podrían cubrir parte de estas necesidades, ya sea directamente o mediante procesos de recualificación.

El debate sobre el gasto público

Otro aspecto relevante es el uso de los recursos públicos. Existe una percepción creciente de que España destina más recursos a la atención de la inmigración irregular que a la integración y promoción del talento extranjero legal. Más allá de la discusión política, lo importante es analizar si el gasto público está siendo eficiente.

Cientos de miles de inmigrantes reciben ayudas públicas sin estar trabajando . Este dato, en sí mismo, requiere matices y contexto, pero pone sobre la mesa una cuestión clave: ¿están las políticas públicas orientadas a la activación económica o a la dependencia?

Desde un enfoque económico, lo deseable sería que cualquier inversión en políticas migratorias tuviera como objetivo maximizar la participación en el mercado laboral, aumentar la productividad y reducir la carga sobre el sistema de bienestar. Sin embargo, si no se acompaña de medidas eficaces de inserción laboral, formación y reconocimiento de competencias, el resultado puede ser el contrario.

Un modelo que necesita repensarse

España no es el único país que enfrenta estos retos, pero sí presenta características particulares: un mercado laboral dual, una alta tasa de paro estructural y una economía con sectores de bajo valor añadido. En este contexto, la política migratoria debería ser una herramienta estratégica, no un parche coyuntural.

Otros países europeos están orientando sus políticas hacia la atracción de talento cualificado, agilizando la homologación de títulos y estableciendo sistemas de puntos que priorizan la empleabilidad y la integración. En cambio, España parece avanzar sin una estrategia clara, combinando medidas de regularización con un sistema administrativo que dificulta la plena integración de quienes ya cumplen con los requisitos legales.

El resultado es un modelo que ni resuelve la irregularidad ni aprovecha el talento disponible.

Conclusión: una cuestión de prioridades económicas

La discusión sobre la inmigración en España suele plantearse en términos políticos o emocionales, pero debería abordarse, sobre todo, desde la economía. En un país con problemas de productividad, envejecimiento poblacional y dificultades para sostener el estado del bienestar, cada decisión cuenta.

No se trata de oponer inmigración regular e irregular, ni de negar la necesidad de políticas humanitarias. Se trata de establecer prioridades coherentes y eficientes. De entender que el capital humano es uno de los recursos más valiosos de una economía y que su desaprovechamiento tiene un coste real.

España no puede permitirse ser el país que desaprovecha a quienes han venido a contribuir legalmente mientras gestiona de forma reactiva la irregularidad. No puede permitirse mantener a profesionales cualificados en empleos precarios mientras sectores clave reclaman mano de obra. No puede permitirse, en definitiva, un modelo que penaliza el cumplimiento de las normas y no recompensa el talento.

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Porque, al final, no es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de eficiencia económica.