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El Tribunal de Cuentas pone bajo sospecha cinco contratos ferroviarios que Transportes avaló

Las adjudicaciones corresponden al AVE Madrid-Extremadura y forman parte de los 17 contratos de Adif por valor de 801 millones de euros remitidos a la Fiscalía Anticorrupción en 2025.

Uno de los trenes AVE (foto de archivo)

Uno de los trenes AVE (foto de archivo)RENFE

Patricia Rodríguez Corchado

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Cinco contratos destinados a la construcción y mejora de la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura figuran entre los expedientes en los que el Tribunal de Cuentas ha detectado presuntas irregularidades. Las actuaciones, todas ellas localizadas en la provincia de Cáceres, forman parte de una fiscalización que cuestiona los procedimientos utilizados por Adif para adjudicar obras ferroviarias financiadas con fondos europeos.

La documentación se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción desde el 26 de junio de 2025, cuando el consejero del Tribunal de Cuentas José Manuel Otero Lastres decidió trasladar los hechos al Ministerio Público. El departamento de Transportes, entonces dirigido por Óscar Puente, había descartado previamente la existencia de indicios de conductas ilícitas.

Los contratos extremeños afectan a cuatro tramos de construcción de plataforma ferroviaria: Casatejada-Toril, Toril-río Tiétar, río Tiétar-Malpartida de Plasencia y arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata. Este último incluía la remodelación de la estación de Navalmoral. El quinto expediente corresponde a la renovación de la vía entre Monfragüe y Plasencia.

Las adjudicaciones examinadas por el Tribunal de Cuentas se realizaron entre mayo de 2019 y marzo de 2023, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, con José Luis Ábalos y Raquel Sánchez al frente de Transportes.

Las puntuaciones que cambiaron el ganador

El origen de la investigación se encuentra en dos denuncias internas presentadas en 2022. La primera alertaba de que un empleado de Adif . La segunda advertía de posibles alteraciones de las puntuaciones para beneficiar a una determinada constructora.

Estas comunicaciones llevaron al Tribunal de Cuentas a ampliar el alcance de sus comprobaciones y seleccionar aleatoriamente otros 14 contratos. En todos ellos encontró deficiencias.

Los auditores identificaron criterios de valoración insuficientemente definidos, puntuaciones sin justificación detallada y elementos de evaluación que no habían sido comunicados previamente a las empresas participantes. Un procedimiento que, según el organismo fiscalizador, vulneraba la legislación de contratación pública.

En cuatro de los seis concursos relacionados con las denuncias iniciales, las modificaciones de las puntuaciones llegaron a alterar la identidad de la empresa adjudicataria.

El Tribunal de Cuentas cuestiona la actuación de Transportes

Pese a las advertencias, las investigaciones internas de Adif se cerraron sin apreciar indicios de actuaciones ilícitas. Una decisión que el Tribunal de Cuentas cuestionó al considerar insuficiente el rigor de las comprobaciones realizadas.

El importe total de los 17 contratos examinados asciende a 801.042.104 euros. Además de Extremadura, la fiscalización afecta a actuaciones ferroviarias en Madrid, Valencia, Galicia, Cataluña, Castilla y León y el País Vasco.

La documentación adquiere especial relevancia tras el operativo desplegado el pasado 6 de noviembre por la Fiscalía Europea, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para investigar un presunto fraude en los fondos comunitarios destinados a los sistemas de seguridad y señalización del corredor Madrid-Sevilla.

En Extremadura, las irregularidades detectadas afectan a una de las infraestructuras más reivindicadas por la región. La llegada del AVE ya figuraba entre los compromisos políticos de 2015 y, más de una década después, los extremeños continúan sin disponer de una conexión completa de alta velocidad con Madrid.

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