La OCDE confirma que España paga los impuestos sobre el trabajo más altos de su historia.

El informe Taxing Wages 2026 de la OCDE sitúa a España 6,3 puntos por encima de la media y en el máximo histórico de la serie. El grueso de la carga recae sobre el empleador – casi 10 puntos más que el promedio de la OCDE -, lo que encarece contratar y castiga especialmente a autónomos, pymes y familias con hijos. Siete años de gobierno socialista han bastado para convertir a España en uno de los países de Europa occidental donde más caro resulta trabajar y crear empleo.

La media de la OCDE está en 35,1%, frente al 41,4% de España (6,3 puntos de diferencia) y muy por encima de países como Noruega (36,4%), Holanda (35,8%), Dinamarca (35,8%) o Reino Unido (32,4%), todos ellos con sistemas públicos más desarrollados que el español. Esto, en resumen, viene a significar que en España se pagan más impuestos sobre el trabajo que en los países citados.

La OCDE acaba de publicar el informe Taxing Wages 2026 que representa la radiografía anual más detallada que existe sobre la fiscalidad del trabajo asalariado de las economías avanzadas. El informe calcula la llamada “cuña fiscal” (tax wedge) que no es más que la diferencia entre lo que le cuesta al empleador y lo que el trabajador recibe, una vez restados IRPF y cotizaciones sociales.

Pero esto no siempre fue así, la cuña fiscal con el Gobierno de Aznar (PP) se mantuvo constante, creció con Rodríguez Zapatero (PSOE), bajó con Mariano Rajoy (PP) y se ha disparado desde que Pedro Sánchez (PSOE) llegó a Moncloa tal y como se puede observar en el siguiente gráfico con los datos de la OCDE.

La razón detrás del ascenso de los últimos años es el llamado “fiscal drag”, la progresividad fría, ese impuesto silencioso que aparece cuando los salarios nominales suben con la inflación pero los tramos y deducciones del IRPF no se actualizan al mismo ritmo. Su solución es fácil y ha sido reclamada por el Partido Popular en numerosas ocasiones, deflactación de los tramos. Pero tantas veces ha sido pedido como veces no se ha tomado en consideración porque claro, hay mucho gasto que atender desde que Sánchez llegó al gobierno.

Cuando un trabajador consigue una subida nominal que apenas compensa la inflación, una fracción creciente de su salario cruza a un tramo más alto y paga un tipo marginal superior, sin que haya habido reforma fiscal alguna. No es magia, es un aumento real de los impuestos por la puerta de atrás. Así de simple y así de perverso.

Dicha fiscalidad es especialmente dañina para las familias con hijos y especialmente perjudicial para las familias monoparentales (12,2 puntos superior a la media de la OCDE).

Lo más singular del caso español no es tanto el nivel de la cuña como su composición. De los 41,4 puntos porcentuales que España detrae del coste laboral de un trabajador medio, 23,4 corresponden a cotizaciones sociales del empleador, 5,0 a cotizaciones del empleado y 13,1 al IRPF. La media de la OCDE reparte esa carga de manera muy distinta y mucho más equilibrada tal y como se puede ver a continuación:

Este sesgo sobre las cotizaciones del empleador de casi 10 puntos con la OCDE tiene consecuencias económicas relevantes ya que encarece la creación de empleo, desincentiva la contratación de trabajadores con menor productividad y es un lastre insoportable para los de siempre, autónomos y pymes.

En resumen, los datos de la OCDE cuentan una historia que retrata el hacer del gobierno de Sánchez. España soporta hoy la cuña fiscal más alta de su historia reciente, la diferencia más amplia jamás registrada respecto a la media de los países desarrollados y una estructura singularmente lesiva para quien contrata y para quien tiene hijos.

Y esa trayectoria no es casual: cuando el Partido Popular ha gobernado, la cuña fiscal se ha mantenido estable con Aznar y se ha reducido con Rajoy; cuando lo ha hecho el PSOE, ha subido con Rodríguez Zapatero y se ha disparado hasta el récord actual con Sánchez.

El diagnóstico es evidente y las soluciones también lo son —empezando por deflactar el IRPF y aliviar las cotizaciones que penalizan el empleo—, pero exigen una voluntad política que este Gobierno no ha demostrado.

Porque, mientras tanto, cada euro que España pierde en competitividad laboral es un euro que el Gobierno necesita para sostener un gasto público que no deja de crecer. Esa es, en el fondo, la verdadera radiografía que deja el informe de la OCDE. Los españoles trabajan cada vez más para el Estado y cada vez menos para sí mismos. Ese es el triste legado fiscal del sanchismo.