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la patronal cnc ha querido analizar el impacto de la actual situación en el sector

La guerra en Oriente Medio ya afecta al 90% de las constructoras españolas

El 56% frena su actividad y el 22% alerta de una posible destrucción de empleo.

Asamblea de la patronal de la construcción.

Asamblea de la patronal de la construcción.

Israel García Juez
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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que la guerra en Oriente Medio ya está teniendo un impacto económico de intensidad media o alta en el 90% de las constructoras españolas, según un Informe presentado por la patronal durante su Asamblea General.

En cuanto a los costes totales, la mayoría de las constructoras reconoce incrementos de hasta el 15%, siendo el encarecimiento de los combustibles uno de los principales focos de presión para el sector. 

En concreto, más del 60% de las constructoras ha registrado aumentos superiores al 20% en el precio de los carburantes y una de cada cuatro sitúa ese incremento por encima del 30%.

A ello se suma el aumento de los costes energéticos. 

El 85% de las empresas consultadas asegura haber sufrido incrementos del coste eléctrico de hasta el 20%, una situación especialmente preocupante para aquellas actividades intensivas en el uso de maquinaria, tanto en obra pública como en edificación residencial, donde la energía representa aproximadamente el 40% de los costes de producción.

Igualmente de grave es el impacto de la crisis energética en las constructoras que usan betunes y emulsiones asfálticas, pues casi el 80% de estas empresas señalan que el encarecimiento de estos productos ha disparado más del 20% sus costes, y a casi la mitad de las constructoras, más del 30%.

CNC ya solicitó al Gobierno la puesta en marcha de ayudas específicas para el sector, similares a las aprobadas para otras actividades altamente dependientes de los combustibles, como el transporte o la agricultura, dentro del paquete de medidas anticrisis.

El 80 por ciento de las constructoras asumen íntegramente los sobrecostes 

En términos generales, el 80% de las constructoras afirma haber asumido íntegramente los sobrecostes derivados de la guerra, lo que está empezando a tener consecuencias directas sobre la actividad del sector. 

De hecho, el 56% de las compañías reconoce haber reducido ya su actividad o estar valorando hacerlo próximamente.

El impacto también comienza a trasladarse al empleo, hasta el punto de que el 22% de las constructoras está considerando reducir plantilla como consecuencia del incremento de costes. 

Y entre aquellas que descartan esta posibilidad, el 60% admite que la escasez de mano de obra es el principal condicionante.

Se están abandonando algunas obras 

Esta situación preocupa especialmente a la patronal en un momento en el que España necesita aumentar la oferta de vivienda y acelerar la construcción y mantenimiento de infraestructuras estratégicas. 

CNC recuerda, además, que ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado -incluidos los energéticos y laborales- provoca retrasos, ralentización de proyectos e incluso abandono de obras.

En este contexto, la patronal considera que, si el conflicto bélico se prolonga y deriva en un shock energético más severo, recuperar mecanismos eficaces de revisión de precios resultará determinante para garantizar la continuidad del sector.

Por todo ello, CNC vuelve a reclamar al Gobierno una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno en la construcción de viviendas e infraestructuras estratégicas para España.

Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “nuestro sector es especialmente sensible a la espiral inflacionista derivada de la crisis energética, lo que podría frenar obras tan determinantes como las de vivienda o infraestructuras estratégicas. 

Vivimos en un contexto de incertidumbre radical frente a la que las empresas necesitan, por encima de todo, estabilidad y seguridad jurídica. 

Por ello, resulta imprescindible avanzar en el reequilibrio de precios en los contratos públicos y que el Gobierno actúe de forma coordinada, teniendo en cuenta que ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores”.

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