La economía del permiso y de los conseguidores

No caeré en la tentación de comentar las implicaciones de todo orden que se derivan del Auto de la Audiencia Nacional que cita como imputado al presidente socialista José Luis Rodríguez-Zapatero. Mucho se ha escrito ya esta semana y se seguirá escribiendo en las próximas. Pero si creo que merece un comentario el caldo de cultivo que se ha venido creando en España en estos últimos años para que ese tipo de actuaciones sean posibles y, según parece, recurrentes.

Durante décadas, España intentó convencer al mundo de que había dejado atrás una vieja tentación nacional: la economía intervenida desde el BOE. La llegada de la democracia, la pertenencia a la Unión Europea, la apertura al capital exterior y la liberalización de sectores estratégicos parecían haber consolidado un marco razonablemente previsible para invertir. Pero algo está cambiando desde la llegada de Sánchez. La inversión sigue llegando, sí. Pero cómo.

El mercado eléctrico en regresión

Observemos lo que viene sucediendo en uno de los ámbitos más sensibles para el crecimiento económico presente y futuro: la energía y las infraestructuras asociadas a la electrificación. Desde 2020 el gobierno se ha venido empeñando en congelar capacidad y reservar nudos para subastas de acceso y conexión en concurrencia competitiva y no sólo por el orden de llegada de la petición, tal y como establece la ley. Pero las subastas no se han celebrado. Y la inversión necesaria en nuevas redes y su modernización se ha venido infravalorando con límites legales a la inversión que han quedado obsoletos. 

Con esas restricciones la congestión y la falta de capacidad ha seguido creciendo hasta alcanzar ya el 88% en distribución y en algunos municipios el 100%. Y llegó el apagón. Y el gobierno ofrece como solución dejar en sus manos la priorización de los proyectos que deben atenderse en este escenario de escasez provocada con la inacción gubernamental.

El peligro del RDL 7/2026

El Real Decreto-ley 7/2026 ha introducido la figura de los llamados “proyectos estratégicos”, otorgándoles prioridad en el acceso y conexión a las redes eléctricas. Sobre el papel, el objetivo parece razonable: acelerar inversiones vinculadas a reindustrialización, digitalización o transición energética. El problema es que, en un sistema donde la capacidad de acceso a red es ya un recurso escaso, conceder prioridad administrativa equivale, en la práctica, a decidir qué inversiones privadas podrán desarrollarse y cuáles quedarán relegadas o expulsadas.

Porque el RDL 7/2026 no se limita a crear una etiqueta política de “proyecto estratégico” o a facilitarle fondos públicos adicionales. Le otorga efectos regulatorios reales sobre el acceso a unas redes eléctricas colapsadas.

Cuando la regulación deja de ser general y previsible para convertirse en discrecional; cuando el Gobierno no solo fija reglas, sino que decide quién puede invertir porque es quién decide quien accede y quien no a infraestructuras críticas, entonces el mercado deja de existir y muta en un mal sucedáneo del sistema de planificación centralizada de la economía. El think tank FEDEA ha advertido expresamente de los riesgos de esa nueva regulación; puede generar distorsiones de competencia y favorecer arbitrariedad regulatoria. 

La utilidad de la “proximidad regulatoria” a este Gobierno

No es un matiz técnico menor. Porque cuando el acceso a una infraestructura esencial depende de una calificación política que decide el gobierno, el mercado deja de asignar recursos por eficiencia económica y comienza a hacerlo por “proximidad regulatoria”. Y es ahí donde la función reservada a los “conseguidores” adquiere todo su significado.

Lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado y provocado por una situación excepcional en nuestras redes eléctricas. Sucedió con los permisos ambientales para los proyectos de energía renovable, que ahora son objeto de investigación judicial en relación con Forestalia y la presunta corrupción de altos cargos del Ministerio entonces a cargo de Teresa Ribera. 

El escudo anti-opas

Y afecta a muchos otros sectores, no sólo al energético. La intención anunciada de volver a prorrogar y ampliar el llamado “escudo antiopas”, que obliga a las inversiones extranjeras en determinados sectores a pasar por autorización previa del Gobierno, es otro buen ejemplo de esta deriva. Esta semana, algún medio digital se hacía eco de número muy reveladores. Desde 2022, hasta 386 empresas extranjeras han tenido que pasar por autorización previa del Gobierno para invertir en España.

Solo en 2025 se analizaron 130 operaciones: 116 fueron autorizadas sin condiciones y otras 14 únicamente tras aceptar compromisos impuestos por el Ejecutivo. Aún cuando la inversión acaba aprobándose, el mensaje que recibe el mercado es claro: sectores enteros de la economía española han pasado a depender de supervisión y autorización política previa.

Los fondos europeos

Otro tanto ocurre con la forma en que se han gestionado las decenas de miles de millones de euros procedentes de ayudas europeas a España, hace apenas unos días varios medios económicos recogían las críticas empresariales al laberinto burocrático creado alrededor de los PERTE y de numerosas convocatorias vinculadas a fondos Next Generation y su escasísimo grado de ejecución real.

La sensación en buena parte del tejido empresarial era demoledora: parecía que el sistema estuviera diseñado para desincentivar solicitudes privadas y conservar margen político para una decisión discrecional sobre el destino final de los recursos. Eso puede explicar casos como el inexplicable caso de las ayudas concedidas a Plus Ultra y la presunta corrupción de Rodríguez Zapatero que ahora se investiga.

Las consecuencias de torpedear el mercado

La historia económica demuestra que este tipo de entornos muy enfocados en la necesidad de permisos gubernamentales terminan generando cuatro consecuencias muy concretas.

La primera es inseguridad jurídica. Cuando una empresa no sabe si una inversión dependerá mañana de un cambio regulatorio, de una autorización ministerial o de una reinterpretación administrativa, el coste del capital aumenta automáticamente.

La segunda consecuencia es menor competencia. Las grandes compañías con capacidad de interlocución institucional, músculo financiero y estructuras regulatorias complejas sobreviven mejor en entornos intervencionistas. Paradójicamente, muchas políticas que se presentan como defensa del “interés nacional” terminan consolidando oligopolios y reduciendo dinamismo empresarial.

La tercera consecuencia es macroeconómica: menor crecimiento potencial y, en el peor de los casos, colapsos como en el gran apagón o en la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Y la cuarta consecuencia, es la que da lugar a las investigaciones judiciales en marcha que afectan a conocidos conseguidores vinculados al gobierno de Sánchez y con la que abríamos esta crónica.

Las señales de advertencia

La experiencia reciente del sector eléctrico debería servir de advertencia. Tras años limitando inversiones en redes para evitar incrementos de peajes, el sistema terminó desembocando en tensiones operativas, retrasos regulatorios y, finalmente, un gran apagón que obligó después a improvisar inversiones urgentes y sobrecostes acelerados.

Ahora el riesgo es repetir el mismo patrón sobre la economía productiva: crear primero cuellos de botella regulatorios y utilizar después la discrecionalidad política para administrarlos.

Porque en una economía de mercado el papel del Estado, -y del Gobierno en su nombre-, debe ser arbitrar, no repartir permisos para poder emprender y competir. Porque ahí es donde aparece la tentación política que acaba en delito: administrar la escasez que la incompetencia o la intención deliberada gubernamental acaba generando … y cobrar por ello.