De Sánchez a Zapatero: dos hombres y un mismo destino
Si José Luis Rodríguez Zapatero pasó a la historia por el Plan E y el gasto acelerado tras la crisis de 2008, Pedro Sánchez corre el riesgo de convertirse en el presidente de la “digitalización decorativa”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso.
Europa puso el dinero. España tenía una oportunidad histórica para transformar su economía, reforzar su tejido productivo y dar un salto tecnológico comparable al que otros países europeos ya están aprovechando. Sin embargo, conforme avanzan los plazos de ejecución de los fondos Next Generation, emerge una sensación inquietante: el país corre el riesgo de repetir algunos de los errores que marcaron la etapa final del zapaterismo económico.
Cambian los nombres, cambian las siglas y cambia la estética política. Pero el patrón empieza a resultar familiar: una lluvia multimillonaria de dinero público, una administración desbordada por su propia burocracia y una creciente distancia entre los recursos movilizados y la transformación económica realmente conseguida.
Si José Luis Rodríguez Zapatero pasó a la historia por el Plan E y el gasto acelerado tras la crisis de 2008, Pedro Sánchez corre el riesgo de convertirse en el presidente de la “digitalización decorativa”: millones europeos movilizados, grandes anuncios institucionales y una ejecución que empieza a mostrar grietas preocupantes.
Existe, sin embargo, una diferencia clave. El Plan E se financió esencialmente con deuda pública española. Los fondos Next Generation proceden directamente de Bruselas y están sometidos a hitos, auditorías y plazos mucho más estrictos. Precisamente por eso el riesgo actual es todavía más serio: España no solo puede acabar gastando mal, sino perdiendo una parte relevante de la mayor oportunidad financiada por Europa en décadas.
Del Plan E a la economía del PowerPoint
En 2008, Zapatero respondió al colapso económico con un programa de gasto masivo que movilizó más de 13.000 millones de euros bajo el Plan E. El país se llenó de plazas rehechas, rotondas innecesarias y obras municipales aprobadas a toda velocidad.
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El objetivo político era evidente: generar sensación de actividad y transmitir la imagen de un Gobierno actuando frente a la crisis. El problema es que gran parte de aquel dinero terminó en proyectos de escaso valor productivo. Mucho cemento. Muy poca transformación estructural. Hoy, casi dos décadas después, el riesgo reaparece con otro lenguaje.
Las rotondas se llaman ahora “ecosistemas digitales”. Las viejas obras municipales se transforman en hubs tecnológicos, plataformas de innovación y programas RETECH financiados con fondos europeos.
No se trata de afirmar que todos los proyectos sean inútiles ni que todos los fondos estén mal gestionados. Existen iniciativas valiosas y sectores que sí están aprovechando estos recursos. Pero el problema surge cuando el volumen de dinero supera claramente la capacidad administrativa de gestión y supervisión.
España corre el riesgo de sustituir parte de la vieja economía del ladrillo por una nueva economía del PowerPoint: proyectos grandilocuentes, fuerte dependencia de subvenciones y escasa capacidad para generar aumentos sostenidos de productividad.
El verdadero problema: productividad, no gasto
La gran cuestión macroeconómica no es cuánto dinero recibe España, sino qué capacidad tiene para convertirlo en crecimiento potencial. Una economía puede crecer artificialmente durante algunos años impulsada por gasto público o estímulos extraordinarios sin mejorar realmente su productividad. Y precisamente ahí aparece una de las grandes debilidades históricas del modelo español.
Durante décadas, el crecimiento descansó excesivamente sobre sectores de baja productividad relativa —construcción, turismo intensivo o consumo interno— mientras el peso de la industria tecnológica y la innovación exportadora seguía siendo limitado frente a otros socios europeos.
Los datos estructurales ayudan a entender el problema. Durante las dos últimas décadas, la productividad por hora trabajada en España ha crecido sistemáticamente por debajo de la media de la eurozona, mientras el peso de la industria apenas ronda el 16% del PIB frente a cifras cercanas o superiores al 20% en economías como Alemania. La inversión española en I+D continúa situada alrededor del 1,4% del PIB, lejos del promedio europeo y muy por debajo de países líderes en innovación.
A ello se suma un problema histórico de tamaño empresarial: más del 94% de las empresas españolas son microempresas, lo que limita su capacidad de internacionalización, escalabilidad e inversión tecnológica. El resultado es un estancamiento prolongado de la productividad total de los factores —el indicador que mide la eficiencia real de una economía más allá del mero aumento de empleo o capital—, reflejando una dificultad persistente para transformar inversión y gasto público en competitividad duradera.
Los fondos Next Generation representaban una oportunidad excepcional para corregir parte de ese desequilibrio. Pero para lograrlo no basta con gastar mucho dinero. Hace falta capacidad institucional, planificación estratégica y selección rigurosa de proyectos transformadores.
Ahí empiezan las dudas. Porque parte de los fondos parecen estar alimentando más una expansión burocrática del ecosistema subvencionado que una verdadera modernización del aparato productivo.
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La mayor lluvia de dinero europeo de la historia
Pedro Sánchez gestiona más de 160.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU entre transferencias y préstamos europeos. Nunca antes España había recibido semejante volumen de recursos comunitarios.
Sobre el papel, el objetivo era ambicioso: modernizar la economía, impulsar la inteligencia artificial, acelerar la transición energética y reforzar la competitividad tecnológica.
Sin embargo, el debate económico empieza a girar cada vez menos sobre transformación y cada vez más sobre retrasos, licitaciones fallidas y falta de capacidad administrativa. Hasta el punto de que el propio Gobierno ya asume internamente que una parte relevante de esos fondos puede perderse.
Diversas informaciones económicas apuntan a que Moncloa da prácticamente por imposible ejecutar alrededor de 20.000 millones de euros antes de agosto de 2026, fecha límite fijada por Bruselas. La cifra equivale aproximadamente al 1,3% del PIB español.
No hablamos de un simple retraso burocrático. Hablamos de miles de millones que debían financiar modernización productiva y que ahora corren riesgo real de quedarse sin ejecutar.
Mientras países como Polonia o Italia han orientado buena parte de sus fondos hacia reindustrialización e infraestructuras estratégicas, España sigue mostrando una fuerte tendencia a dispersar recursos entre capas administrativas, consultoría y estructuras intermedias de gestión.
RETECH: la gran promesa atrapada en la burocracia
El programa RETECH resume perfectamente la distancia entre la narrativa gubernamental y la realidad administrativa. La iniciativa nació para impulsar ecosistemas regionales de innovación vinculados a inteligencia artificial, salud digital o ciberseguridad. Sobre el papel, un proyecto estratégico para situar a España en la vanguardia tecnológica europea. La realidad es bastante más compleja.
Muchas licitaciones han llegado tarde. Otras presentan errores técnicos, requisitos contradictorios o plazos extremadamente difíciles de cumplir. Algunas convocatorias acumulan recursos administrativos y otras han quedado desiertas porque numerosas empresas consideran inviable ejecutar proyectos complejos dentro del calendario europeo actual.
La consecuencia es evidente: adjudicaciones aceleradas, presión política por gastar rápido y una creciente sensación de improvisación administrativa. Exactamente el mismo clima que acompañó al Plan E, aunque ahora revestido de lenguaje tecnológico.
Mucho dinero comprometido… pero ¿quién controla realmente el gasto?
El verdadero problema no es únicamente el retraso. La gran cuestión es el control. Gestionar fondos europeos no consiste simplemente en adjudicar millones. La clave está en garantizar que el dinero se utiliza correctamente y que las inversiones generan un retorno económico tangible.
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El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha advertido de deficiencias relacionadas con la trazabilidad y supervisión de parte de los fondos gestionados por España. Bruselas ha señalado dificultades para distinguir con claridad entre dinero anunciado, comprometido y realmente ejecutado.
La sensación creciente es que el control administrativo avanza mucho más lento que la necesidad política de acelerar adjudicaciones. Porque bajo conceptos como “digitalización” o “transformación tecnológica” empiezan a proliferar consultorías millonarias, estructuras administrativas sobredimensionadas y proyectos cuyo impacto real sobre la productividad resulta difícil de medir.
El problema de España no es recibir fondos europeos. El problema es que, desde hace décadas, muestra enormes dificultades para transformar grandes inyecciones de gasto público en aumentos duraderos de productividad. La diferencia entre gastar mucho y modernizarse de verdad sigue siendo la gran frontera pendiente de la economía española.
Dos hombres y un mismo destino
Zapatero gobernó desde el optimismo de la burbuja y la confianza absoluta en el gasto público como motor económico. Sánchez gobierna desde la hipercomunicación política y la construcción constante de expectativas alrededor de la transformación digital. Pero ambos comparten una misma debilidad estructural: la tendencia a priorizar el anuncio político sobre la ejecución rigurosa.
Zapatero llenó España de carteles del Plan E mientras la economía se deterioraba rápidamente. Sánchez multiplica los anuncios sobre “la mayor modernización de la historia” mientras Bruselas empieza a asumir que España no ejecutará una parte sustancial de los fondos europeos recibidos. Y junto al debate económico aparecen inevitablemente las controversias políticas.
El rescate de Plus Ultra terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos de la utilización de ayudas públicas durante la pandemia, pese al posterior archivo judicial de las investigaciones: una aerolínea de relevancia estratégica discutida recibiendo 53 millones de euros y generando intensas dudas políticas sobre los criterios utilizados.
En la etapa de Sánchez, el escándalo vinculado al fraude de los hidrocarburos ha vuelto a poner el foco sobre posibles fallos de supervisión y enormes agujeros de control fiscal en operaciones multimillonarias.
Son casos distintos y sin conexión judicial directa, pero ambos alimentan una misma percepción pública: la sensación de que los mecanismos de control del dinero público llegan tarde, son insuficientes o quedan subordinados a la urgencia política.
El verdadero riesgo: desperdiciar otra oportunidad histórica
El verdadero problema no es únicamente perder miles de millones europeos. El verdadero problema es que España vuelva a demostrar que sabe recibir dinero… pero sigue teniendo enormes dificultades para convertirlo en productividad, competitividad y prosperidad duradera.
Los fondos Next Generation representaban una ocasión única para transformar el modelo productivo español, fortalecer la industria tecnológica y mejorar la posición económica del país frente a las grandes potencias internacionales.
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Pero cuando las licitaciones se improvisan, los controles se debilitan y la prioridad política pasa a ser anunciar antes que ejecutar correctamente, el riesgo es terminar reproduciendo el mismo patrón que dejó el Plan E.
El fracaso del Plan E dejó una lección que España parecía haber aprendido: gastar mucho no garantiza modernizar un país. Hoy, con una cantidad de recursos infinitamente mayor sobre la mesa, esa lección vuelve a ponerse a prueba.
“España vuelve a enfrentarse al viejo dilema de su historia económica contemporánea: recibir enormes cantidades de recursos extraordinarios y no saber convertirlos en competitividad duradera.”