El precio de la inseguridad

La seguridad es como el aire. Apenas pensamos en ella mientras está ahí. Pero cuando empieza a faltar, ocupa todos los espacios. Durante años, España ha disfrutado de una realidad que muchos países europeos observan con cierta envidia: calles relativamente seguras, instituciones estables y una convivencia razonablemente sólida. Esa normalidad ha sido tan cotidiana que hemos terminado por considerarla permanente. Y, sin embargo, no lo es.

Los datos del Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2026 deberían invitarnos a abandonar cualquier complacencia. No porque España haya dejado de ser un país seguro. No lo ha hecho. Sino porque las fortalezas de una sociedad rara vez desaparecen de golpe. Se erosionan lentamente, casi siempre en silencio, hasta que un día descubrimos que aquello que creíamos garantizado ya no lo está tanto.

Entre enero y marzo se registraron en España 595.240 infracciones penales, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra, por sí sola, podría parecer asumible. Pero detrás de ese porcentaje aparecen tendencias que merecen atención.

Los homicidios consumados aumentaron un 10,6%; los secuestros, un 16,7%; las lesiones y riñas tumultuarias, un 11,1%; las agresiones sexuales con penetración, un 3,8%; y los delitos relacionados con el tráfico de drogas crecieron un 2,8%. Al mismo tiempo, la ciberdelincuencia continúa avanzando y ya representa más del 20% de todas las infracciones penales registradas en nuestro país.

No se trata de generar alarma. Se trata de evitar la indiferencia. En Cantabria, además, la evolución resulta especialmente significativa. La criminalidad aumentó un 5,2%, cinco veces más que la media nacional. Los delitos por lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 62,3%, mientras que los relacionados con el tráfico de drogas aumentaron un 61,9%. Torrelavega registró un incremento del 24,3%; Camargo, del 10,7%; Santander, del 7,4%; y Castro Urdiales, del 6,5%.

A menudo analizamos estas cifras únicamente desde una perspectiva policial o judicial. Sin embargo, existe una dimensión económica que rara vez ocupa espacio en el debate público. La inseguridad tiene un coste.

Lo tiene para el comerciante que necesita invertir más en protección que en modernizar su negocio. Lo tiene para el hostelero que observa cómo determinadas zonas pierden atractivo para sus clientes. Lo tiene para los ayuntamientos que deben destinar más recursos a vigilancia y menos a inversiones productivas. Lo tiene para las compañías aseguradoras que recalculan riesgos. Y lo tiene para los ciudadanos, que modifican hábitos que antes consideraban normales.

La seguridad es uno de esos bienes públicos cuyo valor sólo se aprecia plenamente cuando empieza a faltar. Los organismos internacionales llevan años señalando la relación directa entre seguridad, calidad institucional y crecimiento económico. La OCDE, el Banco Mundial y numerosos estudios académicos coinciden en una misma conclusión: los territorios más seguros atraen más inversión, generan más actividad económica y ofrecen mejores oportunidades para la creación de empleo.

La razón es sencilla. La economía funciona sobre una materia prima invisible llamada confianza. Ningún empresario cancela una inversión por una sola mala noticia. Lo hace cuando percibe una tendencia. Ningún turista deja de visitar un destino por un incidente aislado. Lo hace cuando cambia la percepción. Ningún ciudadano pierde la confianza en sus instituciones de un día para otro. Lo hace cuando acumula demasiadas dudas durante demasiado tiempo.

Por eso la seguridad es mucho más que una cuestión policial. Es una cuestión económica. Y también institucional. La inversión extranjera, el turismo, el comercio y el emprendimiento necesitan algo más que estabilidad presupuestaria. Necesitan seguridad jurídica, estabilidad política y confianza social. Son activos invisibles, pero determinantes. Cuando se debilitan, el crecimiento acaba resintiéndose.

Por eso resulta tan relevante el debate abierto en torno a la seguridad. El Partido Popular ha situado esta cuestión en el centro de su discurso político, reclamando más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una respuesta más firme frente a la multirreincidencia y un mayor respaldo a jueces, fiscales y agentes. Se podrá discrepar de algunas propuestas concretas, pero difícilmente puede discutirse que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y una condición indispensable para la prosperidad económica.

Pero existe una segunda cuestión que tampoco deberíamos ignorar. La seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones suelen caminar juntas. Cuando una se debilita, la otra acaba resintiéndose.

Los ciudadanos observan con preocupación la creciente polarización política, los continuos enfrentamientos institucionales y una sucesión de escándalos que deterioran la credibilidad pública. El resultado no siempre aparece en las estadísticas, pero sí en algo igualmente importante: la sensación de que las reglas ya no funcionan igual para todos.

Y cuando una sociedad empieza a perder esa convicción, comienza a perder una parte de sí misma. Y cuando una sociedad empieza a perder esa convicción, comienza a perder una parte de sí misma. Las sociedades inteligentes no esperan a que los problemas se conviertan en crisis para reaccionar. Actúan antes. La historia económica demuestra que las naciones más prósperas no son necesariamente las que tienen más recursos. Son las que generan más confianza. Y la confianza, igual que la seguridad, tarda años en construirse y apenas unos meses en perderse.

España sigue siendo una de las democracias más seguras de Europa. Precisamente por eso tiene la obligación de proteger esa ventaja. Porque la seguridad no es únicamente una cuestión de orden público. Es una cuestión de prosperidad, de libertad y de confianza colectiva.

Quien habla habitualmente con comerciantes o empresarios sabe que la preocupación por la seguridad ha dejado de ser una cuestión abstracta para convertirse en una conversación cada vez más frecuente. No suele aparecer en los balances empresariales ni en los indicadores macroeconómicos, pero está presente en muchas decisiones cotidianas: dónde invertir, cuándo ampliar un negocio o cómo valorar el futuro.

Quizá por eso convenga recordar una evidencia tan sencilla como a menudo olvidada: la confianza es el principal activo de cualquier sociedad. Y protegerla sigue siendo una de las responsabilidades más importantes de quienes tienen la obligación de gobernar.