El Gobierno declara la guerra al precio de la vivienda... y la pierde

Hay guerras que se pierden el día que se declaran, porque se subestima al enemigo o porque sobreestimas tus propias capacidades. La que el Gobierno libra contra el precio de la vivienda es una de ellas. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a publicar el parte de bajas: la vivienda subió el 12,9% en el último año y las viviendas de segunda mano crecen a su nivel más alto de los últimos años. Llevamos años de leyes, topes, índices de referencia y muchos anuncios para frenar un precio que no hace más que acelerar. Igual va siendo hora de reconocer que las políticas socialistas de vivienda han fracasado y cambiarlas.

La raíz del problema es una Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez con sus socios Frankenstein pensada para intervenir el mercado, introducir topes al alquiler, crear "zonas tensionadas" y que ha terminado generado un goteo permanente de inseguridad jurídica sobre quien tiene o construye una casa. Un relato en el que el culpable es siempre el que vende, nunca el que impide construir.

Los cimientos del fracaso de la política de vivienda los ha radiografiado el propio Banco de España. Su diagnóstico es demoledor: faltan casas. La institución cifra el déficit acumulado de vivienda en torno a las 700.000 unidades en la última década, con la producción de obra nueva corriendo muy por detrás de la creación de hogares. En 2023 se crearon en España tres hogares nuevos por cada vivienda terminada.

Mientras la demanda crece —por demografía, por la reducción del tamaño de los hogares, por la inmigración y por el comprador extranjero—, la oferta permanece rígida. Tan rígida que el INE ha tenido que incorporar este mismo trimestre una variable nueva a su modelo para distinguir si el comprador es europeo y si la vivienda está en una provincia turística.

Cuando la oferta escasea y la demanda empuja, el precio es la única válvula de escape. No es magia, es algo que aprenden los estudiantes en primero de economía y que parece que en Moncloa desconocen.

Se puede atacar esa válvula con topes y multas, pero eso no crea ni una sola casa: solo restringe la oferta. El tope al alquiler no abarata el alquiler; reduce el número de pisos disponibles, porque el propietario los retira, los vende o los reconvierte. La maraña administrativa no protege a nadie; encarece y retrasa cada promoción. La inseguridad jurídica no disciplina al mercado; ahuyenta al que podría construir y decide no hacerlo.

Dirán que sobran casas, que hay casi cuatro millones de viviendas vacías. Es verdad, pero están en la España que se vacía —en Galicia interior, en Castilla, en los pueblos de los que la gente se marcha—, no en Madrid, ni en Barcelona, ni en el Gran Bilbao, donde la demanda aprieta. Una casa vacía a doscientos kilómetros del empleo no resuelve la escasez de quien busca techo cerca de su trabajo. El problema no es que falten ladrillos en el mapa: es que faltan donde la vida quiere instalarse, y ahí es donde llevamos quince años sin construir lo suficiente.

La salida no es un decreto más contra el precio. Es suelo, es agilidad en la tramitación, es seguridad jurídica para quien invierte y construye, es colaboración público-privada en lugar de sospecha permanente. Es, en una palabra, oferta. Todo lo demás es propaganda y ahí es donde ha decidido vivir el Gobierno de Sánchez.

El Gobierno seguirá anunciando su próxima ofensiva contra los precios. Y los precios seguirán subiendo, porque se empeña en disparar al enemigo equivocado. Declaró la guerra al precio de la vivienda. La está perdiendo. Y lo más grave es que la pierden, sobre todo, las familias y los jóvenes que no buscan nada más que tener un proyecto de vida independiente, algo que, gracias a Sánchez y sus socios, hoy es bastante más difícil.