La burocracia invisible que acaba con las empresas

España tiene más de 3,3 millones de empresas activas. Es una cifra que demuestra el enorme dinamismo y la capacidad emprendedora de nuestro país. Sin embargo, detrás de esa cifra, hay otra realidad que pocas veces ocupa espacio en el debate público: la inmensa mayoría de esas empresas son pequeñas. Muy pequeñas. Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el 81,6% de las empresas españolas tiene dos o menos asalariados y más de la mitad ni siquiera cuenta con trabajadores contratados.

Este dato debería ser suficiente para replantearnos cómo diseñamos las políticas públicas que afectan a la actividad empresarial.

Cuando se aprueba una nueva obligación administrativa, muchas veces se piensa en la empresa como un gran buque con departamentos especializados. Pero la realidad española es otra. La realidad es la de un autónomo, una microempresa y una pequeña pyme o micropyme donde, en numerosas ocasiones, es el propio empresario quien se encarga de gestionarlo todo.

Y es ahí donde aparece lo que podríamos denominar la burocracia invisible.

Invisible porque rara vez genera titulares. Invisible porque no suele medirse en estadísticas. Invisible porque cada nueva obligación, considerada de manera individual, parece razonable. Sin embargo, cuando se acumulan decenas de ellas, terminan convirtiéndose en una carga que resta competitividad, productividad y capacidad de crecimiento.

Cada hora dedicada a cumplimentar formularios, adaptar procedimientos internos, revisar nuevas normativas o atender requerimientos administrativos es una hora que deja de dedicarse a innovar, vender, internacionalizarse o crear empleo. Y esto tiene consecuencias económicas reales.

España lleva décadas enfrentándose a un problema estructural de tamaño empresarial. Nuestro tejido productivo está formado mayoritariamente por microempresas, lo que limita su capacidad de inversión, innovación y crecimiento. Sin embargo, en lugar de preguntarnos cómo ayudar a esas empresas a ganar dimensión, seguimos añadiendo nuevas capas regulatorias que consumen recursos. 

Y no seamos oportunistas, no se trata de eliminar controles. Tampoco de reducir garantías. Los empresarios somos los primeros interesados en que existan reglas claras y seguridad jurídica. Pero una cosa es regular y otra muy distinta bloquear el desarrollo de los empresarios.

Por eso España necesita una auténtica estrategia de simplificación administrativa. La burocracia es invisible sí, ¿pero a ojos de quién?