la patronal del sector reclama al Estado un cambio de modelo económico de manera urgente
El 15% de las 4.200 administraciones de Lotería de España ya no son rentables
Cada lotero necesita vender 62.000 euros de lotería al mes para sacar un sueldo mínimo y cubrir los gastos fijos del negocio -una nómina, cuota de autónomo, alquiler del local o costes de los servicios básicos como agua, luz y telecomunicaciones, entre otros.

Administración de lotería con toda la potencial fortuna ofrecida al cliente.
La viabilidad económica de las administraciones ubicadas en la España Vaciada depende de alcanzar “al menos” unas ventas mensuales de 62.000 euros en los diferentes productos de Loterías del Estado.
Una línea roja que cada vez cuesta más superar sobre todo en las localidades más despobladas.
“En municipios con 2.000 habitantes, lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino (de cualquier edad) invierta de media en juegos 31 euros al mes. Cosa que, evidentemente, no ocurre.
Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio”, señala Borja Muñiz, presidente de Anapal.
El modelo económico que emplea la Sociedad Loterías y Apuestas del Estado (Selae) para gestionar su red de ventas cuenta con más de dos décadas de antigüedad.
En estos 20 años se han multiplicado los diferentes tipos de juegos y los días de sorteo, han aumentado los trámites administrativos y de seguridad, se ha exigido al lotero contar con una liquidez mínima en las administraciones y adelantar pagos, entre otros. “Pero Loterías no ha sido capaz de adecuar el modelo de gestión al mismo tiempo que introducía nuevas exigencias que implican un aumento de los costes operativos y eso ha provocado una brecha que a día de hoy es insalvable para las administraciones situadas en los municipios más despoblados”, denuncia Muñiz.
En 2025, Anapal estima que el 44% de las administraciones de Lotería ya no crecía o estaba en riesgo (afectando a 1.800 loteros) y, de las 4.200 administraciones que hay en España, los 630 establecimientos ubicados en la conocida como España Vaciada son los que mayor riesgo inminente presentan.
¿Qué responden las autoridades?
Por todo ello, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) ha decidido romper relaciones con Selae después de que éste le haya manifestado su negativa a revisar las condiciones económicas de las administraciones de Lotería.
“Con esta decisión Selae está apostando contra su red de ventas. Es una actitud ilógica e incomprensible, que en cualquier empresa privada sería inviable”, ha explicado Borja, presidente de Anapal. La red de administraciones de lotería, llamada básica, aporta el 77% de las ventas de la Lotería.
Sin embargo, Selae lejos de fomentar el aumento de las ventas de la Lotería, un producto con gran arraigo cultural en España, lo está tensionando.
Los profesionales de la red de ventas llevan meses alertando del deterioro progresivo de la rentabilidad de las administraciones de lotería en España, según se desprende de un análisis económico realizado por Anapal.
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Los datos reflejan una creciente presión económica para el colectivo donde sólo un 15,5% de las administraciones considera que su negocio es rentable y con margen de crecimiento. Para Anapal, la combinación de estos datos apunta a un riesgo creciente para la sostenibilidad del modelo actual de administraciones de lotería, que constituye la base del sistema de distribución del juego público en España.
¿Quién va a vender la lotería si no hay loteros?
Para dar a conocer esta problemática y trasladarla fuera del ámbito estrictamente interno de Selae, Anapal ha puesto en marcha la campaña “Sin Loteros no hay Lotería”.
La entidad defiende así que la red de administraciones de lotería no puede seguir operando con un modelo desactualizado, mientras asume costes crecientes, nuevas exigencias operativas y una presión cada vez mayor del canal digital.
Bajo el paraguas de esta campaña, Anapal ha programado una agenda de reuniones con instituciones, organizaciones empresariales y representantes públicos en Congreso y Senado, con el objetivo de seguir sumando apoyos y avanzar hacia una revisión estructural que garantice la sostenibilidad futura de las administraciones de lotería.