La economía va bien… hasta que llega la factura de la luz

Hay una forma muy sencilla de comprobar si la economía va tan bien como nos dicen: mirar cuánto queda en la cuenta corriente después de pagar todo. La factura de la luz de un consumidor medio acogido a la tarifa regulada ha subido en agosto un 19% respecto al mismo mes del año pasado. Son más de catorce euros adicionales en un solo recibo.

Puede parecer poco cuando se dice así, de forma aislada, pero las familias no pagan una sola factura. Pagan la luz, la compra, el combustible, la hipoteca o el alquiler, los seguros, los gastos de los hijos y todos esos pequeños desembolsos que, al final de mes, pesan mucho más de lo que parece. Esa es la realidad que uno escucha cuando habla con la gente.

Porque una cosa es que determinados indicadores económicos sean positivos y otra muy distinta es que esa mejoría llegue de verdad a los hogares. La pregunta que muchas familias se hacen no es cuánto ha crecido el PIB, sino algo mucho más sencillo: ¿puedo comprar hoy lo mismo con mi sueldo que hace unos años? Y demasiadas veces la respuesta es no.

La electricidad es un buen ejemplo. Durante agosto, el mercado mayorista ha superado de media los 118 euros por megavatio hora, el nivel más alto desde febrero de 2023. Al mismo tiempo, desde junio el IVA de la electricidad ha vuelto al 21%. Es decir, la luz sube y la fiscalidad vuelve a ser mayor, y ahí es donde cuesta entender determinados discursos.

Cuando una familia recibe una factura un 19% más cara no le sirve de mucho escuchar que España lidera la transición energética o que estamos batiendo récords de generación renovable. Todo eso puede ser importante, pero tiene que terminar notándose también en el bolsillo. La transición energética tiene sentido si conseguimos producir energía más limpia, sí, pero también más barata, más estable y más segura.

No podemos conformarnos con tener horas del día con precios muy bajos y otras en las que el coste se dispara porque dependemos del gas para cubrir la demanda. Necesitamos mejores redes, más almacenamiento y una política energética que piense menos en el titular y más en el resultado final, que no es otro que la factura que termina pagando el ciudadano.

En Cantabria tenemos, además, una paradoja que merece reflexión. En 2025, el 84,8% de nuestra generación eléctrica fue renovable y, contando el autoconsumo, el porcentaje se acercó al 86%. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica creció un 4,2%, por encima de la media española.

Tenemos energía, capacidad renovable e industria. Lo que necesitamos es conseguir que todo ese potencial se traduzca también en precios competitivos para quien vive, trabaja o mantiene abierto un negocio aquí. Porque en Cantabria el precio de la energía importa, y mucho.

Tenemos muchas pequeñas empresas, comercios, explotaciones ganaderas, negocios familiares, hostelería e industria. Para todos ellos cada subida de costes cuenta. He hablado muchas veces con autónomos que no pueden repercutir cada incremento en sus clientes y que, cuando sube la electricidad, el combustible o las materias primas, terminan absorbiendo ellos mismos una parte de ese coste.

Y llega un momento en que ya no pueden más. Después nos preguntamos por qué cuesta tanto poner en marcha un negocio, por qué desaparece comercio pequeño de nuestros pueblos o por qué tantos autónomos dicen que trabajan cada vez más para ganar prácticamente lo mismo. No hace falta complicarlo demasiado; basta con escucharles.

Lo mismo ocurre con las familias. La pérdida de poder adquisitivo rara vez llega de golpe. Va llegando poco a poco: un poco más en la compra, un poco más en la gasolina, un poco más en la luz y un poco más en el alquiler. Y llega un momento en el que esa familia que antes podía ahorrar algo deja de hacerlo, aplaza una compra, renuncia a unas vacaciones o empieza a preocuparse cuando llega un gasto inesperado.

Esa es la economía real y creo que desde la política tenemos la obligación de hablar más de ella. No se trata de negar los datos positivos ni de decir que todo va mal, sino de no caer en el triunfalismo. Porque cuando desde un Gobierno se afirma que la economía va extraordinariamente bien, pero una parte importante de los ciudadanos siente que vive cada vez más ajustada, hay una desconexión que no conviene ignorar.

Gobernar no puede limitarse a explicar a la gente que debería sentirse mejor. Tiene que conseguir que viva mejor. Y eso significa que el crecimiento económico llegue a las nóminas, a los autónomos, a las pequeñas empresas y a los hogares. También significa revisar la fiscalidad cuando sea necesario.

La electricidad no es un lujo. Nadie puede decidir no encender la nevera y ninguna pequeña empresa puede funcionar sin energía. Por eso resulta razonable preguntarse si tiene sentido mantener un IVA del 21% cuando el recibo vuelve a tensionarse de esta manera.

España tiene capacidad para disponer de una energía competitiva. Tenemos renovables, infraestructuras, industria y conocimiento, pero necesitamos una política energética seria, estable y pragmática, que no se conforme con anunciar objetivos y que se preocupe también por cuánto paga finalmente el ciudadano.

Al final, la economía no se vive en una rueda de prensa ni en una estadística. Se vive cuando una familia hace la compra, cuando un autónomo paga sus gastos, cuando un pensionista enciende la calefacción o cuando cualquiera abre la factura de la luz y comprueba que este mes vuelve a pagar más. Y si esa realidad no mejora, por muchos buenos datos que se anuncien, habrá demasiada gente que seguirá preguntándose lo mismo: ¿para quién va bien realmente la economía?