Promesas que no valen nada

Pedro Sánchez ha prometido muchas cosas durante demasiados años. Y prometer no es simplemente contar lo que a uno le gustaría hacer ni expresar una intención. Cuando alguien dice “prometo” está dando su palabra. Está poniendo en juego algo que le pertenece y que, una vez perdido, resulta difícil recuperar. Y ese algo es su credibilidad.

El grupo de música Los Piratas construyó hace ya más de veinte años una de sus canciones más conocidas encadenando promesas que terminaban perdiéndose hasta no valer nada. Prometer, prometer y volver a prometer hasta que las palabras dejan de significar lo que realmente significan.

Quizá el problema no sea solo cuántas promesas ha incumplido Pedro Sánchez. Quizá sea cuánto vale hoy su palabra y si los españoles estamos dispuestos a creernos las nuevas promesas que haga en la campaña electoral.

Dar la palabra debería tener un precio. No por cumplirla, sino por romperla. Porque una promesa solo tiene valor cuando quien la hace sabe que incumplirla tendrá consecuencias. Y en política esa consecuencia debería ser la dimisión.

No se trata de exigir que un gobernante jamás cambie de opinión. Las circunstancias cambian, aparecen problemas que nadie podría prever y rectificar puede ser mucho más responsable que perseverar en un error. Pero una cosa es rectificar y otra convertir los compromisos en palabras de usar y tirar una vez que pasan las elecciones.

Porque si decir “me comprometo” no obliga a nada, tampoco significa nada. Y cuando las promesas dejan de comprometer a quien las hace, llega un momento en el que dejan también de convencer a quien las escucha.

Veintiún días. Ese es el tiempo que duró una de las últimas promesas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El 14 de septiembre aseguró que “las elecciones serán en 2027” y afirmó que su intención era culminar la legislatura y mantenerse como presidente “hasta el último día”. Veintiún días después, el 5 de octubre, anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre.

El problema es que no se trata de una excepción. En septiembre, Sánchez también aseguró que presentaría los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y que el debate se celebraría antes de terminar el año. No habrá ni una cosa ni la otra. La legislatura termina sin que su Gobierno haya conseguido aprobar unos nuevos Presupuestos y con las cuentas de 2023 prorrogadas durante todo el mandato.

Algo parecido ocurre con una de sus grandes promesas en materia de vivienda. En abril de 2023 anunció que el Gobierno habilitaría 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible y en 2026 estamos con una acampada en Sol por los problemas de acceso a la vivienda.

También llegó a asegurar que “no va a haber más desahucios en España cuando haya Gobierno socialista” y la realidad es que desde que llegó a La Moncloa se han producido más de 200.000 lanzamientos en España.

La distancia entre la promesa y la realidad es importante, pero lo es todavía más la distancia entre las palabras utilizadas y los hechos. Porque cuanto más rotundo es un compromiso, menos espacio queda después para reinterpretar lo que se quiso decir.

Podríamos seguir. Jornada laboral, registro horario, financiación autonómica, Estatuto del Becario, Ley de Industria… La lista sería larga. Pero convertir este artículo en un inventario de promesas incumplidas sería quedarse en la superficie.

Porque el problema no es solamente todo aquello que Pedro Sánchez prometió y no hizo. Es lo que ocurre con la siguiente promesa después de haber incumplido las anteriores.

Existe también una inflación de la palabra. Cuando se promete demasiado y se cumple demasiado poco, cada nueva promesa vale menos que la anterior. Las palabras siguen siendo las mismas, pero su valor se deprecia.

Y eso es precisamente lo más grave. Porque el daño de una promesa incumplida no termina en aquello que no se hizo. Se traslada inevitablemente a la siguiente. Y el riesgo cierto es la generalización, que los ciudadanos terminen creyendo que la palabra de todos los políticos vale lo mismo que la de Sánchez. Es decir, nada.

Durante años hemos escuchado “con Bildu no vamos a pactar” y pactaron, “me comprometo hoy y aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España” y lo amnistió, “hay que despolitizar el Consejo [del Poder Judicial], que los partidos dejen de proponer candidatos” y tampoco. El problema llega cuando el ciudadano empieza a aplicar a cada una de esas afirmaciones un descuento antes incluso de escucharlas. Cuando una promesa deja de ser un compromiso para convertirse en un eslogan.

Entonces ya no estamos hablando únicamente de promesas incumplidas. Estamos hablando de palabras que empiezan a no valer nada.

Dentro de unas semanas los españoles volveremos a las urnas y hasta entonces escucharemos nuevas promesas sobre vivienda, impuestos, empleo, pensiones o servicios públicos a aquellos que llevan incumpliendo las promesas anteriores ocho años. Algunos incluso volverán a votar a Sánchez fingiendo demencia ante estos ocho años de muro y mentiras.

Antes de preguntarnos si nos gustan las nuevas promesas electorales, quizá deberíamos recordar las anteriores, las incumplidas. Porque la credibilidad no debería renovarse automáticamente cada vez que se convocan elecciones.

No necesitamos políticos que nunca rectifiquen. Necesitamos que rectificar tenga una explicación y que comprometerse vuelva a significar algo. Que quien da su palabra entienda que está poniendo en juego su credibilidad y que, si la incumple, dimita.

Los Piratas cantaban sobre promesas que no valían nada. Y la política española debería aspirar exactamente a lo contrario, a que la palabra vuelva a tener valor.