Decencia o delincuencia

Hay algo que no consigo entender: por qué aceptamos en la política comportamientos que nos harían cambiar inmediatamente al responsable de nuestro propio negocio. Pensemos en una empresa familiar. En las horas que cuesta levantarla, en las preocupaciones que se llevan a casa y en las cuentas que deben cuadrarse para pagar nóminas y proveedores. Ahora imaginemos que quien la administra empieza a utilizar el dinero para favorecer a sus conocidos y, cuando aparecen preguntas, se dedica a desacreditar a quien las hace. ¿Cuánto tiempo le dejaríamos seguir? Conviene hacernos esa pregunta cuando hablamos de quienes administran los recursos de todos.

Sé que un Estado tiene obligaciones distintas de las de una empresa. Debe garantizar servicios y atender necesidades que nunca darán beneficios en una cuenta de resultados. Precisamente por eso merece tanto cuidado su dinero. Detrás de cada euro hay alguien que ha trabajado para aportarlo. Y detrás de una decisión equivocada puede haber una obra que se retrasa, una ayuda que no llega o un servicio que funciona peor. Me enfada que se pierda de vista esa relación mientras se nos pide paciencia, comprensión y, llegado el caso, otro esfuerzo para pagar la factura.

Desde un ayuntamiento se aprende pronto que los problemas no se resuelven explicándolos muchas veces. Si un saneamiento es necesario, toca preparar el proyecto, buscar financiación y sacar adelante el expediente. Después viene el seguimiento de la obra y la solución de las dificultades. El vecino quiere resultados y tiene todo el derecho a pedirlos. Por eso no comparto los balances satisfechos del Gobierno mientras tantas personas siguen pendientes de cuestiones tan básicas como encontrar vivienda o llegar a tiempo al trabajo. Quien gobierna debería dedicar menos tiempo a convencernos de lo bien que lo hace y más a conseguir que lo notemos.

Pero hay situaciones que van mucho más allá de una mala gestión. Las informaciones sobre el caso Leire Díez son de una gravedad que no podemos despachar como otra pelea entre partidos. Un informe de la UCO recoge testimonios sobre presuntos seguimientos a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente, y contactos con personas vinculadas al clan de los Rocho. Una testigo atribuyó al exjuez Sáenz de Tejada expresiones que interpretó como una intención de causar daño físico a la magistrada. Estos testimonios y las posibles actuaciones deben esclarecerse. Me indigna que estemos hablando siquiera de la sospecha de recurrir al entorno del narcotráfico para intimidar a una jueza.

En esa causa, el PP ha solicitado que el PSOE sea citado como investigado por cinco presuntos delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios, aunque considera prematura la imputación del partido mientras queden diligencias relevantes pendientes. Los tribunales determinarán las responsabilidades penales. Entretanto, la dirección socialista debe explicar qué se pagó, para qué y quién lo autorizó. Pedro Sánchez debería comprender que reclamar esas respuestas forma parte del control al poder. La gravedad de una sospecha no desaparece porque quien la señale sea un adversario político.

La cuestión también afecta a la economía. Si aparecen pagos dudosos, corresponde enseñar las facturas, aclarar los encargos y comprobar dónde fallaron los controles. Las descalificaciones a la oposición no sustituyen ese trabajo. La corrupción perjudica a quienes nunca aparecen en las noticias: a la empresa que pierde un contrato frente a alguien con mejores contactos, al trabajador que sostiene el presupuesto con sus impuestos y al ciudadano que recibe menos de lo que podría recibir. Protegerlos exige instituciones capaces de investigar irregularidades sin presiones y de impedir que se repitan.

Además, nuestras cuentas obligan a tomarse muy en serio cada compromiso. Según el Banco de España, la deuda pública se situó en el 101,4 % del PIB en junio de 2026. La proporción había bajado respecto al año anterior, pero seguía superando el valor de toda la producción anual española. Endeudarse puede ser necesario para invertir; lo importante es saber qué se financia y cómo se va a pagar. Los intereses también salen del presupuesto, y las obligaciones pendientes condicionan a quienes vienen detrás. Me gustaría que esa preocupación estuviera más presente cada vez que se anuncia un nuevo gasto.

Lo mismo sucede con la vivienda. El INE sitúa la subida del precio de compraventa de la vivienda libre en el 12,2 % interanual durante el segundo trimestre de 2026. Pensemos en lo que significa para alguien que lleva años ahorrando para la entrada de su primera casa. Mientras reúne dinero, el objetivo puede seguir alejándose. Esa persona necesita más viviendas disponibles y condiciones que le permitan acceder a ellas. La respuesta exige trabajar sobre el suelo, las licencias, la rehabilitación y la seguridad jurídica. Cada administración debe conocer su tarea y el plazo para cumplirla.

Facilitar avales para la entrada puede ayudar a quienes tienen ingresos suficientes y pocos ahorros, pero deben acompañarse de más oferta para evitar que terminen presionando los precios. Ahí se distingue una propuesta bien pensada de otra preparada para un anuncio. Las medidas necesitan encajar entre sí, prever sus efectos y corregirse si no funcionan. Las familias llevan demasiado tiempo esperando. Merecen conocer qué se va a hacer, cuánto tardará y quién asumirá las consecuencias si lo prometido se queda por el camino.

Como profesora, también me preocupa lo que estamos haciendo con el futuro de los jóvenes. La formación, la investigación y la tecnología necesitan continuidad y oportunidades. Un proyecto puede perder meses por un trámite innecesario o una convocatoria que se retrasa. Una empresa puede aplazar una inversión porque no sabe a qué atenerse. Todo eso tiene un coste, aunque resulte menos visible que una partida presupuestaria. Gobernar con solvencia incluye quitar esos obstáculos para que los profesionales dediquen su tiempo a aquello para lo que se han preparado.

Por eso creo que España necesita un cambio de Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dedicado demasiado esfuerzo a defender su continuidad y demasiado poco a resolver lo pendiente. Quiero una etapa en la que se asuman errores, se elija a personas capaces y se cuide el dinero público con la seriedad que merece. Esa exigencia debe alcanzar también a quienes proponemos la alternativa. Cada programa debería tener un objetivo claro, un responsable y resultados que cualquiera pueda consultar. Si no sirve, habrá que corregirlo o justificar por qué se mantiene.

Una empresa familiar procura dejar a la siguiente generación algo mejor de lo que recibió. Esa mirada me parece una buena guía para España: cuidar lo construido, resolver lo que falla y abrir oportunidades para quienes empiezan. La justicia debe perseguir los delitos; quienes ejercemos responsabilidades públicas tenemos que servir y rendir cuentas. Volver a la decencia empieza por ahí. Los españoles sostienen este país cada día con su trabajo. Merecen un Gobierno que esté a la altura de ese esfuerzo y que cuide España tanto como ellos cuidan lo suyo.