La vivienda se construye, no se anuncia
Frente a las promesas e incumplimientos del Gobierno en materia de vivienda, se necesitan medidas reales como liberar suelo, rebajar impuestos a jóvenes y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos
Una pareja no puede instalarse en una rueda de prensa. Tampoco puede pagar el alquiler con una promesa electoral. Y, sin embargo, cada vez que Pedro Sánchez anuncia otro plan de vivienda, parece que los españoles debamos dar por resuelta una parte del problema.
Después llega el momento de buscar piso, hacer cuentas y comprobar que los números no salen. Que hace falta otro sueldo, más ayuda de los padres o seguir esperando. La vida continúa mientras se prepara el siguiente anuncio.
Me preocupa que estemos acostumbrándonos a esto. A que un joven con formación y trabajo no pueda independizarse. A que aceptar un empleo dependa de encontrar una habitación que pueda pagar. A que formar una familia sea una decisión aplazada una y otra vez por falta de vivienda.
Como madre y profesora, me cuesta aceptar que pidamos tanto esfuerzo a nuestros jóvenes y después asumamos con tanta resignación las dificultades que encuentran para empezar su vida. Les animamos a estudiar, a prepararse, a trabajar. Es razonable que esperen que todo ese esfuerzo les permita salir adelante. No podemos decirles eternamente que tengan paciencia.
La hemeroteca ayuda a entender el cansancio. En abril de 2023, el Gobierno anunció hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible y financiación para otras 43.000. Estas últimas volvieron a protagonizar un acto en julio de 2024, con la firma de los convenios de préstamos y avales. Había un avance administrativo, pero la cifra llevaba más de un año en los titulares.
El balance debería poder explicarse de forma sencilla: dónde están esas viviendas, cuántas familias viven ya en ellas y cuándo podrán entrar las que siguen esperando. No hace falta sumar cifras que pueden pertenecer a los mismos programas ni exagerar para exigir una respuesta.
En Miengo, un pequeño pueblo del norte de Cantabria, la política tiene una cercanía que obliga a poner los pies en el suelo. Los vecinos nos conocen y pueden preguntarnos por una obra, un servicio o un compromiso pendiente. Hay que responder, explicar los retrasos y seguir trabajando para resolverlos. Esa obligación debería ser igual de exigente cuando se gobierna España.
Si el presidente asume el protagonismo al presentar los planes, también debe asumirlo al explicar sus resultados. Las dificultades administrativas existen. Las conocemos bien quienes trabajamos desde los ayuntamientos. Pero los ciudadanos esperan que nos ocupemos de resolverlas, porque para eso tenemos responsabilidades.
Y quienes reclamamos un cambio tenemos también la obligación de explicar qué haríamos para mejorar las cosas.
Por eso comparto las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para facilitar suelo, reducir las trabas administrativas y dar seguridad jurídica, con el objetivo de impulsar un millón de viviendas en una legislatura. También su planteamiento de rebajar los impuestos de la primera compra a los jóvenes y facilitarle el acceso a una hipoteca mediante avales públicos.
Porque hay jóvenes que podrían afrontar una cuota, pero no han conseguido reunir el dinero de la entrada y los gastos de la compra. Esa dificultad merece una respuesta. No todas las familias pueden ayudar a sus hijos, y la posibilidad de empezar una vida independiente no debería depender tanto del ahorro de sus padres.
Pero construir lleva tiempo y hay que ocuparse también de quienes viven de alquiler y necesitan renovar su contrato. Feijóo propone deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que lo prorroguen hasta tres años con subidas inferiores al IPC. Me parece una propuesta acertada: favorecer que ambas partes lleguen a un acuerdo y que una familia pueda seguir en su casa con mayor estabilidad.
Defiendo ese proyecto porque confío en su capacidad para mejorar la vida de los españoles. Y quiero que esos compromisos se cumplan. A quienes confiamos en una alternativa también nos corresponde exigir que dé resultados.
Para avanzar habrá que ayudar a los ayuntamientos que no disponen de suficientes técnicos y evitar que un expediente se quede meses sobre una mesa esperando una respuesta. Los controles son necesarios, pero deben hacerse bien y a tiempo. Cada demora innecesaria encarece un proyecto y retrasa la posibilidad de que una familia encuentre casa.
También debemos construir vivienda asequible y recuperar inmuebles que puedan volver a utilizarse, especialmente donde hacen falta y existen servicios. Comprar debe ser una posibilidad real para quien lo desee; alquilar debe permitir vivir con estabilidad.
Quien busca una vivienda necesita un precio que pueda pagar. Quien pone la suya en alquiler necesita garantías. Ambas preocupaciones merecen atención. Y cuando una familia atraviesa una situación vulnerable, la Administración debe responder con recursos, apoyo y una solución. Esa obligación no puede descargarse sin más sobre un particular.
En Cantabria nos jugamos, además, el futuro de nuestros municipios. Si los jóvenes no encuentran dónde vivir, será más difícil que se queden, abran un negocio o formen aquí sus familias. Después nos preocupamos por la continuidad de los colegios, por el cierre del comercio o por la pérdida de servicios. La posibilidad de quedarse a vivir está en el origen de muchas de esas cuestiones.
No espero soluciones milagrosas. Sé que hay problemas que no se resuelven de un dí para otro. Precisamente por eso hay que aprovechar cada año de gobierno y explicar con honestidad qué se ha conseguido y qué sigue pendiente.
Detrás de cada retraso hay alguien que sigue dependiendo de sus padres, renuncia a un trabajo o aplaza formar una familia. Su vida no puede esperar al siguiente anuncio.
Quien lleva ocho años gobernando debe acudir ante los españoles con un balance. Las promesas ya las conocemos.