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El acceso a la vivienda reabre el debate sobre la regulación y el futuro del mercado del alquiler

La primera jornada del Congreso de Cátedras de Derecho Registral, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, reunió a especialistas del ámbito jurídico y registral para analizar los desafíos del mercado residencial y plantear posibles soluciones

Europa Press

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales de España. El incremento de los precios, la dificultad para encontrar alquiler y la reducción de la oferta disponible han situado el funcionamiento del mercado inmobiliario en el centro del debate público. Sin embargo, detrás de la cuestión de cuánto cuesta una vivienda existe otra pregunta que empieza a adquirir cada vez más relevancia: ¿Qué condiciones necesita el mercado para garantizar una oferta suficiente y facilitar el acceso a quienes buscan un hogar?

Esta cuestión estuvo presente en la primera jornada del Congreso de Cátedras de Derecho Registral, celebrado el 19 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, en un encuentro impulsado desde el ámbito registral y académico para reflexionar sobre las posibles soluciones al problema de la vivienda. La jornada reunió a especialistas del ámbito jurídico y registral que abordaron las dificultades del mercado residencial desde distintas perspectivas, prestando especial atención a los contratos de arrendamiento, la regulación de los precios y la financiación de la compraventa.

«Solo si creamos fórmulas eficaces para el mercado, tendremos éxito». Con esta reflexión, Chantal Moll de Alba Lacuve, directora de la Cátedra de Derecho Registral de la Universitat de Barcelona, abrió una jornada de debate sobre uno de los problemas económicos y sociales más complejos de la sociedad actual.

Su intervención puso sobre la mesa una cuestión que acompañaría buena parte de la sesión: la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los arrendatarios, la seguridad de los propietarios y el mantenimiento de una oferta suficiente de vivienda en alquiler. «El mercado no progresará si no se protege a los propietarios, sin propietarios no hay arrendatarios», afirmó, planteando uno de los principales interrogantes del debate: ¿hasta qué punto la regulación puede proteger el acceso a la vivienda sin debilitar los incentivos para poner inmuebles en alquiler?

Uno de los aspectos que centró el debate fue la relación entre las medidas de intervención del mercado y la disponibilidad de viviendas en alquiler. Durante una de las intervenciones se planteó la necesidad de evaluar las políticas públicas no únicamente por su capacidad para contener las rentas, sino también por sus efectos sobre el conjunto del mercado. La estabilidad de los contratos y la protección de los arrendatarios constituyen beneficios que deben valorarse, pero resulta igualmente necesario observar si estas medidas pueden provocar una reducción de la oferta, mayores dificultades para los nuevos demandantes o el desplazamiento de la actividad hacia mercados informales.

Los datos expuestos durante la sesión ofrecieron una aproximación a la presión que soporta el mercado catalán. Según las cifras presentadas, los anuncios de alquiler reciben una media de 319 personas interesadas durante sus diez primeros días de publicación, una cifra muy alejada de las 15 solicitudes que se señalaron como referencia de una presión de demanda saludable. La exposición también distingue entre dos factores detrás de la reducción de viviendas disponibles: un 35 % relacionado con la menor rotación de los contratos y un 65 % correspondiente a inmuebles que dejan de ofertarse. Una diferenciación que permite observar que la contracción del mercado no responde a un único fenómeno, pero que teme en conjunto a las consecuencias de convertir su propiedad en el hogar de otra persona en el actual contexto.

La discusión también puso sobre la mesa el papel de la seguridad jurídica y la autonomía contractual. María Goñi Rodríguez de Almeida, especialista en Derecho inmobiliario, cuestionó la progresiva intervención legislativa sobre los contratos de arrendamiento, al considerar que está reduciendo el margen de decisión de propietarios e inquilinos. En su intervención defendió que el legislador está conduciendo el alquiler hacia un contrato prácticamente normado, con menos capacidad para que las partes determinen sus condiciones y su duración.

Frente a este escenario, planteó una alternativa basada en la incorporación voluntaria de propietarios a sistemas de alquiler asequible de larga duración. Su propuesta contempla acuerdos en los que propietario, arrendatario y Administración participen en la determinación de la renta, acompañados de incentivos fiscales, deducciones y mayores garantías. El objetivo sería conseguir que más viviendas privadas se incorporasen al mercado asequible mediante mecanismos de colaboración y estímulo económico.

La protección del derecho de propiedad y la flexibilidad contractual aparecieron también en las intervenciones posteriores. El registrador Francisco Javier Gómez Gálligo expresó su preocupación por lo que considera una excesiva compresión del mercado del alquiler derivada de la intervención normativa. Durante su exposición abordó, además, las cláusulas estatutarias que pueden limitar el arrendamiento de viviendas en las comunidades de propietarios y la necesidad de que las normas sean comprensibles y respeten el contenido esencial del derecho de propiedad.

En una línea de reflexión relacionada, Fernando P. Méndez González incidió en la importancia de la autonomía y la reciprocidad en las relaciones contractuales. Su planteamiento fue que, cuando se alteran sustancialmente las condiciones sobre las que se construyen esos acuerdos, pueden cambiar también los incentivos de los propietarios para mantener sus inmuebles en el mercado del alquiler.

Más allá de las diferencias entre las propuestas, las intervenciones compartieron una preocupación: la necesidad de analizar las consecuencias de las decisiones regulatorias sobre el funcionamiento real del mercado. Contener los precios, proteger a los arrendatarios y ofrecer seguridad a los propietarios son objetivos que deben examinarse conjuntamente, especialmente en un contexto en el que la demanda supera ampliamente la disponibilidad de viviendas.

La primera jornada del congreso permitió así trasladar el debate sobre la vivienda más allá de la evolución de los precios y situarlo en un terreno donde confluyen el Derecho, la economía y las políticas públicas. La participación de especialistas procedentes de distintas disciplinas puso de manifiesto la importancia de estos espacios de encuentro para examinar un problema complejo, contrastar diagnósticos y plantear alternativas.

Facilitar el acceso a la vivienda no depende exclusivamente de cuánto se regula el mercado, sino también de comprender qué incentivos, garantías y condiciones permiten que funcione y que la oferta llegue a quienes la necesitan.

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