El Gobierno “disminuido”: Sánchez y sus socios de dudosa legalidad

El Congreso ha iniciado este miércoles la reforma de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por la expresión “personas con discapacidad”, mucho más acertado. Sin embargo, disminuido, que la RAE define en una de sus acepciones como “reducido, encogido”, es un calificativo muy válido para este Gobierno que encabeza Pedro Sánchez.

Estamos ante un Gobierno reducido o encogido, no en tamaño obviamente, sino en capacidad de actuación. Sánchez está encogido ante sus socios, es un presidente reducido a mero pagador del ‘impuesto revolucionario’ que le exigen los separatistas en forma de cesiones inasumibles: desde la ley de amnistía o la entrega del ayuntamiento de Pamplona a los proetarras, hasta las reuniones en el extranjero en las que se negocian cuestiones fundamentales para España como un posible referéndum de independencia en Cataluña que exige Junts.

Este Gobierno disminuido lidia con unos socios que han actuado contra la integridad territorial de España y aseguran que lo volverán a hacer, con otros que han huido de la justicia y con otros más que llevan en sus filas a terroristas de ETA. Son socios de que se mueven en el alambre de la legalidad pero que, no obstante, campan a sus anchas debido a la debilidad de Pedro Sánchez y a su falta de escrúpulos a la hora de conservar el poder a cualquier precio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este martes una propuesta incómoda y molesta para algunos. Quiere que el Tribunal Supremo estudie a la luz de la ley de partidos si Bildu se ajusta a la legalidad. Considera que la presencia en sus listas de decenas de condenados por terrorismo y la ausencia de una condena clara y explícita de la violencia de ETA son elementos que los tribunales deberían valorar para decidir en consecuencia si esta formación puede estar vulnerando la ley de partidos.

No se trata de juzgar ideas sino actuaciones concretas. Las ideas son libres y, aunque puedan ser disparatadas, no vulneran la ley. Los comportamientos en cambio sí pueden ir contra la ley. Por poner un ejemplo, no es lo mismo desear un referéndum de independencia, algo totalmente lícito, que convocarlo, que es claramente delictivo.

Por eso no hay que tener miedo a los tribunales, que en España actúan con todas las garantías democráticas. Si Bildu no traspasa la ley de partidos, no tiene nada que temer. Si la trasgrede, entonces sí. En ese caso ganaríamos todos los españoles al ver fuera de la circulación a un partido ilegal, como debe ser.