El PP debe seguir combatiendo el asalto al Poder Judicial de Sánchez

El Gobierno ha aprobado, con el apoyo fundamental de ERC, la reforma de la ley exprés del sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, con la que desmonta parcialmente otra ley previa con la que se paralizó la actividad del Consejo General del Poder Judicial, lo que da una idea de la ausencia de principios que movió a ambas: Sánchez se contradice a sí mismo y legisla caprichosamente en función de sus intereses.

En este caso, podrá nombrar a dos de los cuatro magistrados del Constitucional que han acabado su mandato, garantizándose una mayoría progresista en el órgano que tiene que decidir los recursos a sus leyes más polémicas e ideológicas: aborto, educación, eutanasia o autodeterminación de género desde los 16 años, entre otras.

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Y también deja en el aire la sospecha de que podrá utilizar al mayor custodio de la Constitución en sus acuerdos políticos con los independentistas, por ejemplo para garantizar que no se reviertan los indultos o, incluso, que se revise la legislación vigente sobre los referendos, imposibles de celebrar en Comunidades Autónomas.

La decisión de Sánchez coincide con las observaciones formales que la Unión Europea le acaba de hacer sobre la necesidad de proteger la independencia de la Justicia y de la Fiscalía General, exigiéndole que permita la renovación del órgano de Gobierno de los jueces y cambie la ley para que sean ellos mismos quienes decidan su composición.

Y coincide también con una propuesta global del PP, despreciada, para despolitizar a la vez el Constitucional, el Supremo y el Poder Judicial y acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia, de la que Dolores Delgado es el mayor ejemplo.

El PP debe oponerse

Todo ello lo ha rechazado Sánchez, como también las protestas de las asociaciones de jueces y de fiscales y las de los Colegios de Abogados, que de manera casi unánime le han exigido que respete la separación de poderes y la independencia judicial.

En ese contexto, los intentos de asalto de Sánchez al Poder Judicial hacen prácticamente imposible la renovación del CGPJ: al PP se le puede exigir un acuerdo constitucional con el Gobierno; pero no suscribir sin más que Moncloa haga con el Consejo lo que ya ha culminado con la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y ahora el Tribunal Constitucional. Oponerse a ese ataque a la separación de poderes no es una opción, sino una obligación.