| 12 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Los jueces dicen basta: Europa debe amparar a la Justicia española

Es inadmisible el reiterado intento de Pedro Sánchez de someter al Poder Judicial y ponerlo a su servicio. Sin separación de poderes, el Estado de Derecho desaparece.

| ESdiario Editorial

 

Un total de 2.500 jueces, reunidos en tres de las cuatro asociaciones de magistrados existentes, se han dirigido a la Comisión Europea para pedir su amparo y frenar la injerencia del Gobierno en la independencia de la Justicia en España, una más de las muchas que protagoniza Sánchez desde su llegada al poder caracterizada por una visión invasora de las libertades y un ataque sistemático a la separación de poderes.

Su decisión coincide con otra que tal vez apruebe el actual Consejo General del Poder Judicial en su pleno del 22 de abril: acudir al Tribunal Constitucional para intentar paralizar la “ley exprés” aprobada por el PSOE y Podemos que, en síntesis, pretender amordazar al CGPJ hasta que se deje reformar con arreglo a los intereses del Ejecutivo.

 

Europa ya advirtió formalmente al Gobierno de lo inadecuado de su proceder a finales de 2020, en un intento de que desistiera en sus planes que parece no haber tenido demasiado éxito. Y va a llevar a Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aprobar leyes muy similares, incompatibles sin duda con la letra y el espíritu del Tratado.

El Gobierno quiere someter a la Justicia y ponerla al servicio del poder político, ahondando en una deriva liberticida

Pese a las advertencias europeas y las consecuencias que ya han tenido en otros socios de la Unión, el empeño del Gobierno en controlar el Poder Judicial no ha declinado, hasta el punto de haber creado una ley ad hoc para congelar su actividad e inducir su sometimiento fuera de los procedimientos marcados por la Constitución.

Liberticidio

Si los medios utilizados por Sánchez son inaceptables, los objetivos son perversos: subordinar a los jueces al Poder Ejecutivo y socavar los cimientos del Estado de Derecho, que solo alcanza su plenitud cuando está clara la separación de poderes y la autonomía de cada uno de ellos.

Que el Gobierno quiera hacer con el Poder Judicial lo que ya ha hecho con la Fiscalía General o con la Abogacía del Estado lo dice todo de sus deplorables intenciones: hacer de la Justicia una herramienta más de su acción política, cada día más liberticida e inquietante.