Con la Sanidad no se juega, señor Sánchez

Con la costumbre  ya endémica de irrumpir en las campañas electorales con leyes propagandísticas de limitado efecto, tardía aplicación y gran despliegue publicitario como ya hiciera en Castilla y León; Pedro Sánchez ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

El presidente la anticipó en un mitin en Andalucía asegurando que, gracias a ella, se frenaría la “privatización” de la Sanidad y se blindaría su carácter público, como si ahora no existiera o estuviera amenazado por peligros insondables.

Sánchez 'posturea' con blindar la sanidad pública pero ya está en la Constitución

La realidad es que el carácter público y universal de la Sanidad ya es un derecho fundamental recogido en el artículo 43 de la Constitución de 1978 y en la Ley General de Sanidad de 1986 que no necesita, por tanto, de la intervención salvadora de Pedro Sánchez, tan eficaz en pelear contra monstruos inexistentes como incompetente para paliar los peligros reales.

Asustar al ciudadano con la privatización de la Sanidad obedece, desde hace años, al intento de relacionar a partidos como el PP en Madrid o ahora Andalucía con una apuesta por acabar con el servicio que más define la calidad de vida de la ciudadanía: el presupuesto del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, es de 5.400 millones de euros, 3.000 menos que el de la Comunidad de Madrid y 6.000 por debajo del de la Junta de Andalucía.

No existe “privatización” de la Sanidad en España, pues lo que convierte a cualquier servicio en algo público es la manera de acceder a él del usuario, y no la relación laboral de los empleados con la Administración: que cientos de miles de funcionarios reciban sus servicios sanitarios a través de Mutuas es la prueba incontestable de ello.

Asustar al ciudadano

El anteproyecto de Ley, que tardará meses en aprobarse definitivamente, es interesante a efectos de igualar la cartera de servicios sanitarios en toda España o por empezar modestamente a prestar asistencia bucodental, una asignatura pendiente sin duda.

Pero es una vergüenza que Sánchez la utilice para atacar a la Junta de Andalucía, acusada en vano como antes Madrid de privatizar la Sanidad, a costa de preocupar con una mentira a los ciudadanos. La Sanidad debe quedar excluida del debate político, salvo para planificar mejoras desprovistas de tensiones electorales y sustentadas en un objetivo compartido por todos.