Los jóvenes no necesitan "ayuditas" del Gobierno, sino trabajo y buen salario

Los recelos del Consejo General del Poder Judicial hacia algunos aspectos de la futura Ley de la Vivienda, intervencionista en la propiedad privada y probablemente anticonstitucional en algunos de sus aspectos, ha desatado la enésima pelea entre los socios de Gobierno y ha puesto de nuevo en evidencia su escaso respeto a la separación de poderes.

La ley, que intenta trasladar al ámbito privado la responsabilidad del Estado interviniendo en los alquileres o defendiendo incluso la expropiación en determinados casos, ha tenido un informe negativo del Poder Judicial que ha provocado, una vez más, el desprecio a la independencia de la Justicia por parte de Podemos y la indiferencia del PSOE.

Una Ley de Vivienda chavista que amenaza la propiedad privada en España

Más allá del contenido de la Ley, que no está aprobada y es más una imposición de Podemos al PSOE que un proyecto del Gobierno, los ataques a la Justicia son inaceptables, injustos y de corte chavista: el CGPJ ha informado positivamente de buena parte del contenido de 13 leyes del Ejecutivo, que exige una fidelidad incompatible con el Estado de Derecho.

El inútil bono joven

De momento, en todo caso, el Gobierno solo ha aprobado el decreto que regula el “bono joven”, más publicitario que práctico por el escaso número de beneficiarios reales;  y deja para dentro de un mes la aprobación de una ley conceptualmente invasiva en la propiedad privada pero de escaso efecto práctico: la intervención en el precio de los alquileres dependerá de las Comunidades, lo que en la práctica la hará poco eficaz.

Menos "pagas" a los jóvenes y más trabajo para que decidan lo que quieran. Y menos invasiones y más diligencia.

En todo caso, tiene poco sentido aprobar esa Ley, que marca otro peligroso precedente de injerencia del Gobierno en la propiedad privada, cuando crecen las opciones de que el Estado se haga cargo del “banco malo”: si el Gobierno adquiere el 100% del Sareb a la banca (propietaria del 45% del mismo), tendrá hasta 144.000 activos inmobiliarios valorados en 30.000 millones para desarrollar políticas de vivienda sociales sin necesidad de intervenir en la propiedad privada ajena.

Ignorar la responsabilidad propia, utilizar la ajena y además no resolver nada más allá de la propaganda habitual de Sánchez; resume las consecuencias nefastas de una política que en lo conceptual es peligrosa y en lo práctico, inútil. Menos "pagas" a los jóvenes y más trabajo. Y menos invasiones y más diligencia.