| 29 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Carlos Lesmes y el Rey Felipe
Carlos Lesmes y el Rey Felipe

Bochorno judicial

Evitar que Sánchez culmine su evidente asalto al Poder Judicial es fundamental para preservar la calidad de la propia democracia española.

| ESdiario Editorial

Por si alguien tenía aún alguna duda sobre cuáles son los verdaderos planes de Pedro Sánchez con la Justicia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo las despejó con un tremendo alegato a favor de su independencia que fue, a la vez, un varapalo sin precedentes a las injerencias del presidente en un poder necesariamente autónomo.

Carlos Lesmes pidió consenso entre el PSOE y el PP, sin duda, pero dejó muy claro quién es el máximo responsable del lodazal judicial: le recordó a Sánchez que, mientras no haya consenso, es inaceptable paralizar el CGPJ con una ley exprés nefanda impulsada con Podemos. Y desautorizó sin ambages su intentona de "desjudicializar" el golpismo catalán evitando desde la política la acción de los tribunales.

 

Todo ello corona una deriva autoritaria del Gobierno, cuya obsesión por controlar al Poder Judicial viene de lejos e incluye casos tan escandalosos como el sometimiento de la Abogacía del Estado o la designación de una ministra socialista para la Fiscalía General, en la misma línea de ocupación total de las instituciones del Estado ya vista con el CIS, RTVE o hasta Correos.

Que ahora se empeñe en asaltar el Tribunal Constitucional, como prólogo de la invasión del CGPJ, culminaría ese ataque sin precedentes a la separación de poderes, pilar del Estado de Derecho y de la propia democracia, por mucho que el sanchismo se empeñe en esparcir la idea de que el problema es el bloqueo del PP y la falta de reflejo en los órganos judiciales de las mayorías parlamentarias.

Porque no está en juego quién controla más o menos el Poder Judicial, sino cuál es la calidad real de la democracia española.

Cierto es que no renovar el Poder Judicial es negativo, pero ese problema es inapreciable al lado de lo que supondría subordinarlo al Ejecutivo, cuyo empeño solo puede obedecer a objetivos inconfesables: porque un presidente digno entendería que sin una Justicia independiente no existe la Justicia, y atendería la casi unánime reclamación en ese sentido de las asociaciones de magistrados, de fiscales, de los Colegios de Abogados y de Europa.

El PP no parece dispuesto a transigir con ese desafío, por muchas y variadas que sean las presiones de los altavoces de Sánchez. Y una parte de la judicatura tampoco. Es de desear que ambos resistan y que muchos otros se sumen a esa oposición frontal. Porque no está en juego quién controla más o menos el Poder Judicial, sino cuál es la calidad real de la democracia española.