Para el Gobierno, media España es ultraderechista: también los transportistas

La huelga de transportistas se ha convertido en otro problema añadido para el Gobierno y, también para la ciudadanía: el desabastecimiento empieza a ser muy visible en el comercio y afecta a productos básicos como la leche, el aceite, el pescado o incluso el papel higiénico.

Si los precios de la energía ya provocaban paros industriales; la paralización de la distribución puede cerrar temporalmente actividades empresariales de todo tipo y empezar a dejar imágenes inéditas en España de estanterías vacías en los supermercados: algo temible para cualquier Gobierno, pero especialmente para uno que hasta anteayer se vanagloriaba de su gestión con ese indignante lema de "Salimos más fuertes".

Los transportistas noquean al Gobierno y paralizan a Sánchez y Yolanda Díaz

De momento, la reacción del Gobierno ha sido nula, tanto en el problema concreto de los transportistas cuanto en el general de los precios de la luz, el gas y el combustible; aplazando las medidas a las decisiones que se puedan adoptar en el seno del Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo.

Lejos de entender sus razones y buscar alternativas; el Gobierno se ha centrado en los excesos cometidos por piquetes “informativos” para denigrar al conjunto del sector, sugiriendo incluso que sus motivaciones son políticas y, en concreto, de inspiración “ultraderechista”: no solo es injusto el calificativo, sino que además demuestra el desprecio del Gobierno por la clase trabajadora en general, sin duda muy parecida a los propios transportistas y afectada por problemas similares, cuando no idénticos.

Cuando el Gobierno insulta a los transportistas, insulta a todos los españoles que sufren los mismos problemas y la misma indiferencia

Lo cierto es que, mientras en Francia y otros países ya se han adoptado decisiones para reducir el precio del combustible o en España presidentes como Feijóo ha aprobado un bono de 100 euros mensuales para que los más necesitados puedan pagar el recibo de la luz; el Gobierno opta por esperar a Bruselas o por proponer medidas anárquicas según el Ministerio.

Hagan algo

Así, mientras Sánchez parece partidario de mantener la enorme presión fiscal sobre la energía, que le da al Estado ingentes recaudaciones; su vicepresidenta Yolanda Díaz quiere crear impuestos especiales a las eléctricas, por ejemplo, sin renunciar a una reformas fiscal ahora aplaza que, en realidad, es otro acto más de confiscación de los recursos privados.

Lo cierto es que, según todos los indicios, la escalada inflacionista esta lejos de terminar y la práctica totalidad de los especialistas la sitúan en los dos dígitos, por encima del 10%, esta primavera. En un escenario de probable subida de los tipos de interés, España se acerca a una “tormenta económica perfecta” sin que se divise una reacción clara del Gobierno, más allá de su endémica tendencia a buscar culpables externos y exhibir la jaula de grillos que es el Consejo de Ministros.