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ELECCIONES CON LA TRANSPARENCIA EN EL TAPETE

Un 'error informático' saca a la luz un extraño contrato millonario en el ICAM

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Alonso, el candidato que ondea la bandera de la Transparencia, objeto de una campaña que intenta desviar la atención sobre contratos abultados en el Colegio de Abogados. Ésta es la historia.

El Colegio de Abogados de Madrid es una institución poderosa que, dentro de una semana, tendrá nuevo decano. Entre el continuismo y la renovación, la batalla por lograr la victoria se desarrolla entre Javier Íscar, heredero de la actual dirigente, Sonia Gumpert; y José María Alonso, el "aire fresco" que, según su entorno, quiere abrir las ventanas para que entre la transparencia.

En un mundo de leyes, el juego sucio directo, a menudo presentado como un error involuntario, puede estar paradójicamente a la orden del día en una campaña durísima repleta de polémicas: la última, hace horas cuando el propio Colegio de Abogados (ICAM) se ha visto forzado a pedir disculpas al candidato renovador José María Alonso y a todos los colegiados por el sorprendente envío masivo y repetido de emails de la candidatura de Alonso a más de 60.000 letrados, provocando un efecto spam desde la institución y un daño inmenso al candidato que se perfila hasta ahora como favorito para suceder a Gumpert.

Alonso, objeto de spam representa el aire fresco a su juicio; frente a un Íscar que ya viene de la Junta saliente

El ruido ha sido mayúsculo y ha puesto al conjunto de los colegiados, tras este “fallo técnico” del Colegio, mirando a un contrato firmado recientemente con IBM, que ya estaba siendo visto con recelo, y cuyo montante (difícil concretarlo, por la falta de transparencia pública del ICAM  ahora encabezado por Sonia Gumpert) puede alcanzar hasta los 4 millones de euros.

Y ello, a pesar de que como Corporación de Derecho Público, el ICAM está obligado por la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y a pesar de que el ICAM es perceptor de subvenciones millonarias de las administraciones públicas, principalmente de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

3 millones

En la Junta General Ordinaria de 17 de noviembre de 2015, el ICAM aprobó los presupuestos de 2016, abordando por primera vez el “Proyecto Tecnológico”, tan cuestionado por sus sobrecostes y resultados. La Decana, Sonia Gumpert, lo presentó en su momento como pilar de la modernidad y con objeto de que transforme y cambie la forma de trabajar del Colegio, modernizando el sistema informático y las aplicaciones. Lo valora como una inversión de 3 millones de euros “…que no incide en la cuota colegial porque se financia a cuenta de las reservas del Colegio”.

 

José María Alonso, presentado como el candidato de la renovación

 

En la documentación a la que ha tenido acceso ESD  Gumpert señala que para esa primera fase se pidieron ofertas a empresas, sin decir cuáles, y que luego a una tercera, IBM, el 6 de julio de 2015 se le encargará que definiera el modelo futuro. Trabajo que ejecutó en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015 y del que no indica el importe que se pagó a IBM por el estudio previo. Todo sin la publicidad acostumbrada en este tipo de contratación, algo que ya llamó poderosamente la atención hace dos años a los colegiados.

En el presupuesto de 2016 se señala que se trata de una inversión de 3 millones de euros, aunque indica que se realizará en un periodo de 3 a 5 años. El cuestionado proyecto se inicia en abril de 2016 y se pretende que esté finalizado en abril de 2018, con una nueva Junta Directiva al frente del Colegio.

 

Contratos millonarios y falta de Transparencia, dos de los asuntos más polémicos de la campaña

 

Fuentes jurídicas indican que la circunstancia de que la misma empresa desarrolle el estudio previo y luego ejecute el proyecto podría ser una " grave falta de responsabilidad administrativa" de la actual Junta, de la que forma parte el candidato Íscar, considerado continuista de la propia Gumpert. Y explican que el artículo 45 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley anterior, indican la incompatibilidad para realizar las especificaciones técnicas de un contrato y luego concurrir a la licitación.

Críticas a la opacidad

En la Junta General Ordinaria de 28 de marzo de 2017 la Decana Gumpert apeló a  la Ley de Protección de Datos para no trasladar a todos los colegiados la información que reclama un contrato de tan importante coste. Dijo desconocer qué otras empresas se presentaron y, a estas alturas, aún no se conocen las bases del proyecto ni los  pliegos ni se publicitó. La contratación de servicios puede regirse por distintos procedimientos, en función de la naturaleza del órgano contratante y de la cuantía del objeto a contratar, pero en todo caso suele ser costumbre en instituciones del relieve público del ICAM optar por las vías más transparentes.

Desde la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), que promueve a la también candidata Elena Jara denuncian en redes sociales y distintos medios la ausencia de transparencia en la gestión de la Junta Directiva de Gumpert, de la que forma parte su ahora delfín Íscar. Insisten en que han pasado cinco años y la Junta saliente no cumple los criterios de transparencia aceptados por el Consejo General de la Abogacía Española, que ha recomendado al ICAM que se dote voluntariamente de un régimen de transparencia superior al establecido legalmente.

 

íscar, en el centro con una hoja en la mano, es el candidato salido de la actual Junta Directiva

 

Desde ALA y otros sectores de la Abogacía que señalan a ESD “la imperiosa necesidad de que llegue al ICAM un cambio en esta forma opaca de hacer las cosas”, apuntan asimismo que la Institución no sigue escrupulosamente “las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno”. Es la alusión clara al candidato Javier Íscar, secretario general de cortes y asociaciones de arbitraje que ha recibido subvenciones de todos los colegiados.

Otros gastos llamativos

No es la primera vez que los gastos del ICAM saltan a la luz pública por su dimensión y objeto: otro de los aspirantes denunció hace sólo  unos días el derroche o mala gestión de hasta once millones de euros por parte de la Junta Directiva que, ahora, aspira a dirigir quien ya estaba en ella.

Después de destinar una cantidad astronómica a modernizar los servicios informáticos, desde la candidatura de José María Alonso (víctima del envío ‘spam’ “por error” del ICAM) aseguran a este medio que esta es “la prueba del algodón de que el Colegio está mal gestionado: producen una avería y unas molestias tremendas a decenas de miles colegiados para enviar un simple correo electrónico”.

 

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