| 25 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua

Sánchez se entrega a Bildu y compra el relato de décadas de terror

La formación abertzale se felicita por el logro ya que la nueva ley de Memoria Democrática permitirá "sacudir el relato de la Transición ejemplar".

| Andrea Jiménez España

Pedro Sánchez se ha entregado por completo a Bildu. La Ley de Memoria Democrática ya ha sido aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y la formación abertzale, frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Y es que, la oposición se ha negado a comprar el relato que sí se ha 'tragado' el presidente, el que sirvió para justificar décadas de terror.

La lucha contra el franquismo y la defensa de los derechos de los vascos que habían sido torturados sistemáticamente por el régimen, sirvieron durante años de argumento para justificar la llamada "lucha armada" de ETA y ahora, ese mismo argumento, ha servido para ampliar los efectos de la ley, que no solo revisará la historia hasta la llegada de la democracia, sino que irá más allá, hasta 1983, en plena democracia, donde los abertzales insisten en que se siguieron produciendo violaciones de los derechos humanos.

Bildu, además, se felicita por ello, porque han conseguido imponer el relato que han sostenido miles y miles de veces y que ha servido de justificación para que ETA consumase su barbarie y centrase su causa en atentar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Han conseguido sacar a la luz la realidad silenciada que tantas veces se ha negado", ha asegurado la portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua.

De hecho, ha ido más allá, al asegurar que se ha allanado el camino para "sacudir el relato de la Transición ejemplar" ya que abre la posibilidad de "revisar las violaciones a los derechos humanos ocurridas hasta 1983". De hecho, ese ha sido el caballo de batalla de Bildu ya que, además, abre la puerta a reconocer como víctimas a los que fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Se creará una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura"

De hecho, ahora el Gobierno intenta minimizar su importancia y asegura que la extensión de la norma hasta 1983, solo afecta a esta enmienda y no al texto completo, de manera que la investigación judicial de supuestas violaciones de derechos humanos a defensores de valores democráticos llegaría hasta 1978, y la ampliación a 1983 pactada la pasada semana con Bildu se refiere sólo al reconocimiento y reparación de hechos que habían quedado fuera de la Ley de Memoria de 2007. 

Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

ERC considera que la ley es insuficiente

Por su parte, Esquerra Republicana ha optado por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente. Creen que faltan cuestiones como fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, que a su juicio sella la "impunidad" del franquismo. "Se sigue sin poder juzgar los crímenes del fascismo", ha señalado su portavoz adjunta, Carolina Telechea.

Así, si nada cambia, la Ley de Memoria Democrática del Gobierno será aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados con la idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño, y la ley que termina por comprar el relato que han sostenido durante décadas los terroristas verá la luz.