El informe judicial más demoledor y completo de la amnistía ya está en Bruselas

Los jueces, los grandes damnificados por el atropello jurídico de la ley de amnistía cedida por Pedro Sánchez a Carles Puigdemont están dispuestos a que se escuche su voz al más alto nivel. Así que un completo informe sobre sus consecuencia está en ya en los principales despachos de Bruselas.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la UE "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho" en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts y ha remitido a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces.

En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, se informa de "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España".

Según las fuentes del CGPJ consultadas, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.

Las cuatro asociaciones de jueces condenan por unanimidad el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont

En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se informa de "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España".

"Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción".

El CGPJ alerta de que "el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes".

"En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes", le traslada.

Con soporte documental

Como soporte a la información, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la "abolición" del Estado de Derecho en España.

El CGPJ pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos "a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales".

Los jueces decanos se suma

Por su parte, cerca de 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lérida, Gerona, Madrid o la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por todas las asociaciones judiciales -tanto conservadoras como progresistas- a la parte del acuerdo que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de 'lawfare' y que se deriven "consecuencias".

"Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción", advierte el CGPJ

"Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias", han dicho los firmantes, en un comunicado donde se adhieren al texto conjunto emitido el jueves por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Las cuatro asociaciones se hicieron eco de que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Cabe recordar que las tres asociaciones de fiscales -AF, UPF y APIF- también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial, lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.