El PNV tendrá en su mano la libertad de 66 presos etarras en dos semanas

La suspensión de la marcha en honor del etarra Henri Parot ha sabido a muy poco a las asociaciones de víctimas, en tanto que la plataforma Sare la ha sustituido por concentraciones en todo el País Vasco. 

Pero la verdadera cuenta atrás continúa, implacable. El 1 de octubre el Gobierno vasco asumirá de forma efectiva las competencias en materia de Instituciones Penitenciarias, en base al acuerdo que el entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, selló con el vicelendakari Josu Erkoreka el pasado mayo. Invocando los compromisos del Estatuto de Guernica. 

En otras palabras. En menos de dos semanas el Ejecutivo de Íñigo Urkullu tendrá en su mano la suerte de los 66 presos de ETA que actualmente cumplen condena en las tres cárceles vascas (las de Nanclares de Oca en Álava, Martutene en San Sebastián y Basauri en Vizcaya).

Se trata del mismo Ejecutivo cuyo portavoz, Bingen Zupiria, afirmó este viernes en Radio Euskadi entender "el sentido de la marcha" en favor del asesino de la casa cuartel de Zaragoza; así como que la izquierda abertzale y los familiares de los presos quieran "modificar la legislación en vigor que permitió, cuando el terrorismo existía, endurecer las penas a los condenados por delitos de terrorismo". Aunque en paralelo la  consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, participó este viernes en un homenaje a las víctimas de Parot en Vitoria.

Todos esos etarras han sido acercados a casa por la gracia de Pedro Sánchez. El primero fue Igor González Soria, trasladado en julio de 2020 a Martutene, y el último -por ahora- Josu Ordóñez Fernández, trasladado el 31 de agosto pasado a Álava, donde terminará de cumplir la condena por el secuestro del empresario Cosme Delclaux.

El etarra Josu Ordóñez, el último trasladado a una cárcel vasca (por ahora).

Son datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en permanente actualización y facilitados a ESdiario, porque Instituciones Penitenciarias se niega a reconocer la cifra de terroristas de ETA entre el total de presos en las prisiones vascas (1173 entre hombres y mujeres). Argumentan que se prestan a un "uso torticero". 

El tercer grado, el gran temor

La AVT y el resto de asociaciones de víctimas tienen la fecha bien señalada en el calendario. "El modelo vasco penitenciario se va a caracterizar por potenciar el régimen abierto: el tercer grado", advierten desde su departamento jurídico. 

En efecto, el Gobierno vasco no podrá decidir que cumplan más o menos condena que la que les ha impuesto un juez, pero sí la forma en que la cumple. En régimen cerrado (primer grado), normal (segundo grado) o abierto (tercer grado). "Los criterios para los distintos regímenes son nacionales, pero la interpretación de la norma corresponderá a las autoridades vascas. Y los jueces de Vigilancia Penitenciaria decidirán si está ajustada a derecho", matizan desde Instituciones Penitenciarias. 

En Cataluña la Generalitat, que también tiene transferidas las competencias en prisiones, concedió el tercer grado a los presos del procés, el Tribunal Supremo lo revocó, se lo volvieron a conceder horas antes de que arrancara la campaña de las elecciones catalanas (en enero de 2021) y dos meses después tuvieron que volver a entrar en prisión. Hasta que fueron indultados por Sánchez y su "magnanimidad". 

Desde el Gobierno de Urkullu aseguran que no darán "ningún trato de favor" a los presos de ETA. Así se lo prometió la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a una delegación de la AVT en una reunión mantenida en junio. Pero las víctimas quieren verlo con sus propios ojos.