Sánchez riega la Generalitat y Aragonés le da un “ultimátum secesionista”

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2018 en la famosa moción de censura a Mariano Rajoy después de la sentencia de la trama “Gürtel”, el Gobierno ha regado a la Generalitat de Cataluña con 38.409 millones de euros. Todo en concepto de préstamos para financiar la tremenda deuda autonómica, pero en realidad pocas veces se recuperan esos “créditos”.

Moncloa, lejos de escandalizarse, es consciente de este “pozo sin fondo” y sigue alimentando las arcas del gobierno catalán, que ha dejado un agujero económico en la comunidad de casi 67.000 millones en forma de deuda, según los últimos informes ofrecidos por el Banco de España. Un tipo de financiación que paga el Estado y al que también se acogen otras autonomías, como la Comunidad Valenciana. 

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Eso sí, Cataluña se “lleva la palma” en cuanto a “sobrefinanciación” y préstamos ofrecidos por el Gobierno central. Solo en este año 2021 que está a punto de acabar, Sánchez ha aportado 15.000 millones de euros “extra” en financiación autonómica para el gobierno independentista de Pere Aragonés. Algo que coincide en el tiempo con el visto bueno de Esquerra Republicana a los Presupuestos Generales del Estado. 

A ello hay que sumarle el resto de concesiones que el Gobierno ha dado a los independentistas: los indultos a los líderes del “procés” condenados, la “vista gorda” evitando que Sánchez diese su condena explícita al acoso del niño de Canet de Mar y, por supuesto, la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno central.

El “ultimatum” de Aragonés a Sánchez

Es precisamente esa mesa de diálogo la que tiene que ser “fructífera” para Aragonés, ya que los resultados y acuerdos que de ahí salgan serán usados electoralmente por Esquerra en plena guerra con Junts y la CUP. Por ello el “govern” mete presión a Sánchez y amenaza, antes de que acabe el año, con querer sacar lo máximo posible al Gobierno.

Además, Aragonés da un “ultimátum” a Moncloa: si el Gobierno no ofrece más concesiones ni entra en el terreno de la secesión, la Generalitat buscará “alternativas” fuera de la mesa de diálogo para lograr la independencia de Cataluña. Lo ha dicho el propio president en el mensaje navideño que se suele emitir el 31 de diciembre, pero que este año se ha adelantado. 

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En ese mensaje, Aragonés insiste en tomar las riendas de la negociación e intentar doblegar al Estado para que otorgue la amnistía a todos los presos o condenados por el “procés” y por los altercados del 1 de octubre. Además, ha exigido, como viene siendo habitual, que el Estado pacte con el gobierno catalán la celebración de un referéndum de autodeterminación inconstitucional.

En palabras del propio presidente de la Generalitat, este 2022 que empieza en unos días, “ha de ser el año en que empecemos a desbloquear el conflicto con el Estado” y “en que la negociación con el Estado avance y empiece a aportar resultados tangibles”.

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Un discurso en el que Aragonés no ha mencionado en absoluto, y mucho menos condenado, el ataque y señalamiento del niño de Canet cuya familia pidió al colegio que se le impartiese un 25% de las materias en castellano, tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo. El presidente autonómico se ha limitado a insistir en la batalla lingüística y en la imposición del catalán como única lengua en la región. 

Aragonés ha apuntado que mantendrán el sistema de “inmersión lingüística” en el que, en la mayoría de colegios e institutos se dan más clases en inglés que en castellano. Un modelo lingüístico que “potenciarán” en 2022 y que “jugará un papel neurálgico” en la “nación catalana”. Un contexto en el que la “diversidad cultural y lingüística del país no ha parado de crecer y de enriquecerse con aportaciones de todo el mundo”, según Aragonés, aunque esquivan a toda costa reconocer el castellano como idioma oficial del territorio, incumpliendo al propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.