Susana hace la primera jugarreta a Moreno y Vox con la Ley de Memoria Histórica

El Gobierno en funciones de Susana Díaz ha seguido aplicando la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía estando en funciones, y tras conocer que el acuerdo entre el PP y Vox incluye derogarla y sustituirla por una Ley de Concordia. 

El 9 de enero Juan Manuel Moreno y el secretario general de Vox, Javier Ortega, suscribieron un pacto de 37 medidas entre las que se encontraba precisamente ésta.

Dos días después, la Dirección General de Memoria Democrática se movió rápidamente para incorporar nuevos emplazamientos cargados de simbolismo para el bando republicano al llamado Inventario de Lugares de Memoria Democrática, y así blindarlos. 

Entre ellos la antigua cárcel de Úbeda (Jaén), el Palacio de la Aduana de Málaga, la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla (en la plaza de la Concordia) y el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba. 

Todo ello bajo la supervisión de la mano derecha de Díaz y hasta ahora vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios. 

Los populares no tenían constancia de ello hasta que este jueves se han enterado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Pero hay más. Dos días después del varapalo de las urnas, el Gobierno en funciones de Susana Díaz autorizó nuevas exhumaciones e identificaciones en 14 emplazamientos: Cádiz, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Prado del Rey y El Puerto de Santa María (en Cádiz); Santa Eufemia (en Córdoba); Pinos Genil (en Granada); Galaroza, Santa Olalla del Cala y Valverde del Camino (en Huelva); Ronda y Vélez-Málaga (en Málaga); y Espartinas y Marchena (en Sevilla).

La memoria histórica fue este miércoles uno de los asuntos recurrentes de Susana Díaz y Teresa Rodríguez durante el debate de investidura de Moreno, en el que ambas acusaron al popular de haber pactado con "los herederos del franquismo".