El TSJC ratifica la sentencia del español y pone contra las cuerdas a Aragonés

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que el 25% de las clases en la comunidad autónoma deben der impartidas en castellano, dando por buena la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo. 

Además, ha dado un ultimátum a la Generalitat, dejando a Pere Aragonés contra las cuerdas, pues ya ha comunicado el contenido del fallo a fin de que "una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".

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 Fue el pasado mes de noviembre cuando el Tribunal Supremo confirmó la obligación de que haya un mínimo del 25 por ciento de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán al no admitir un recurso de casación de la Generalitat catalana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Y desde entonces, Aragonés ha ignorado cualquier sentencia al respecto ante la pasividad de un Gobierno, que se ha escudado en el mantra de que la ley está para cumplirla, sin llegar a exigírselo jamás a sus socios de ERC.

Casado pidió la aplicación del '155'

De hecho, hace tan solo una semana, el líder del PP reprochaba la falta de iniciativa del Ejecutivo y exigió al presidente, Pedro Sánchez, que requiera el cumplimiento de la sentencia sobre la enseñanza en castellano en Cataluña y "si hay rebeldía por parte de la Generalitat", que aplique el artículo 155 de la Constitución.

Casado explicó que "es muy preocupante, no que un instituto se declare en rebeldía a una sentencia judicial", sino que "lo importante" es que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "se declararon en rebeldía frente a esa sentencia y que el Gobierno de España lo tolera".

Así, hizo referencia a las palabras de los miembros de la Generalitat que cuando se conoció la sentencia del Supremo, la tacharon de ser "un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes".

Además, animó a los centros educativos a seguir trabajando como hasta ahora, sin cambiar sus proyectos lingüísticos, porque la enseñanza "no va de porcentajes". 

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 Además, ante esta 'insumisión', la tensión sobre este asunto ha ido en ascenso, sobre todo después de que en diciembre la justicia dictase que en una escuela de Canet de Mar se aplicase ya la cuota del 25% de castellano en la clase de un alumno cuyos padres lo habían solicitado. Se desató  un movimiento de protesta y los padres de la alumna, así como diversas asociaciones partidarias del bilingüismo escolar, denunciaron acoso y presiones por parte de los contrarios a ello, ante la impasibilidad del Gobierno y el desprecio de la Generalitat. 

Pero ahora, con esta sentencia, queda más claro que nunca que el Gobierno catalán tiene que revisar su política lingüística en las aulas, y cumplir con lo que marca la justicia, por lo que se avecina otro choque de trenes.