| 29 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, el pasado 23 de enero en la Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, el pasado 23 de enero en la Moncloa

Las 22 sombras de Sánchez: una historia 'porno' con la ley de amnistía y El País

El diario El País publica este jueves en portada un artículo disparatado para hacernos tragar los planes de Sánchez con Puigdemont. Ni Bolaños lo habría hecho mejor.

| Mr. Meme España

Este jueves El País dedica el principal espacio de su portada a una información, o algo parecido, que cae casi en la manipulación pornográfica e impúdica de la realidad. El texto asegura que la ley de amnistía “tiene encaje” en la Carta Magna según se desprende del “análisis de 22 sentencias del Tribunal Constitucional y distintos juristas consultados”. Añade que “la medida de gracia” consta también en “una treintena” de tratados internacionales firmados por España. Además, como tercer argumento, explica que “las amnistías de 1976 y 1977 no se consideraron contrarias a la Constitución”.

 

Vamos por partes, porque la catarata de disparates es de tal calibre que requiere echarle un poco sentido del humor y cierto orden para rebartirlas. 

1.- 22 sentencias del TC

De la información de El País cabe deducir que lo raro es que alguien se planteé siquiera que una ley de amnistía pueda ser inconstitucional. No hay una ni diez ni quince, sino 22 sentencias que analizadas oportunamente avalan el encaje de lo que quiere perpetrar Sánchez dentro de la Constitución. Seguramente podrían haber encontrado 44 si fuera necesario.

Es inexplicable también que el propio Pedro Sánchez y más de una decena de ministros, además de muchos cargos del PSOE y del PSC como Salvador Illa, hayan mostrado su rechazo a la ley de amnistía en múltiples ocasiones con el argumento precisamente de que es inconstitucional. Unos ignorantes todos a ojos del diario de Prisa. 

2.- Juristas consultados

Lo de encontrar juristas que digan que la ley de amnistía cabe en la Constitución es como buscar periodistas del Madrid o del Barça. Hay a patadas. Podemos encontrar tantos o más expertos en contra como a favor de la amnistía y muchos de estos que ahora ven el encaje en la Constitución hace muy poco se manifestaban en contra. Es el jurista flexible o maleable. 

3.- La “medida de gracia”

El País llama “medida de gracia” a la amnistía cuando a todas luces no lo es. El indulto, un perdón, sí es una gracia reservada al presidente del Gobierno, pero la amnistía conlleva el olvido del delito porque se reconoce que no existió. Ahí precisamente deriva la gravedad de lo que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. Implica reconocer que el Estado en su conjunto -el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- actuó de forma arbitraria y represiva y que, en consecuencia, hay que borrar el delito. 

4.- Las amnistías de 1976 y 1977

El colmo de lo grotesco en la información de El País consiste en afirmar, como prueba irrefutable, que “las amnistías de 1976 y 1977 no se consideraron contrarias a la Constitución”. En fin, esimposible considerar contrario a la Constitución algo aprobado antes de la existencia de la propia Constitución, promulgada en 1978. No hace falta comentar mucho más al respecto porque da hasta un poquito de vergüenza ajena. 

La información -o algo parecido- de El País que firma Xavier Vidal-Folch, parece a todas luces dictada por el jurista Bolaños en una mala tarde o por María Jesús Montero en una tarde inspirada. Seguro que no ha sido así, pero lo parece.

El artículo de las 22 sentencias es casi pornógráfico, son las 22 sombras de Sánchez, sombras de sospecha sobre el propio Tribunal Constitucional al que maneja ya de manera impúdica desde la Moncloa y que será el que tenga la última palabra sobre la ley de amnistía.