Pumpido levanta ampollas en el Supremo al sumarse al acoso de Moncloa y Junts

Lo nunca visto en décadas en el Poder Judicial español: el Tribunal Constitucional convertido en órgano de casación del Tribunal Supremo, en lugar de garante de la Constitución que le encarga la ley.

El estupor, el enfado y la indignación reinan en estas horas en la sede judicial de la madrileña Plaza De la Villa de París tras las dos humillaciones consecutivas que le ha infringido, no el TC, sino su discutido presidente Cándido Conde Pumpido y los otros seis magistrados de la llamada mayoría progresista.

La Sala Segunda del TS es la única voz autorizada para interpretar el derecho penal, de modo que el Constitucional debería limitarse a determinar si dicha interpretación ha causado alguna vulneración de derechos fundamentales, explican fuentes judiciales

Y es que en el Supremo “no dan crédito” -segun fuentes del propio tribunal- al avance de las dos resoluciones del Constitucional conocidas esta semana y a su forma de hacerlas públicas, “en forma de varapalo manifiesto” a otros jueces. Se trata de la retirada del escaño al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, y al amparo al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso Bateragune.

Pumpido y la "mayoría progresista" del TC amparan y blanquean del todo a Otegi

“En el primero se extralimita claramente en su argumentación y en el segundo sus fundamentos son claramente discutibles”, afirma a ESdiario un ex magistrado del Supremo que se declara “perplejo” con ambas decisiones.

Y enfatiza un matiz: ambas se han producido sin consenso, con la mayoría progresista y los cuatro vocales no afines al PSOE enfrentados, y las dos resoluciones con votos particulares aún no difundidos aún.

"Invasión competencial"

Desde el Supremo aprecian en sendas sentencias una "excesiva intromisión" del Constitucional en su estudio de las dictadas por el TS. Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en señalar que las competencias de ambos tribunales están perfectamente delimitadas, siendo el alto tribunal el máximo intérprete de la ley en todos sus órdenes jurisdiccionales y la corte de garantías, de la Carta Magna.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán.

Ello implica que la Sala Segunda del TS -que preside Manuel Marchena, uno de los objetivos a batir por Junts- es la única voz autorizada para interpretar el derecho penal, de modo que el Constitucional debería limitarse a determinar si dicha interpretación ha causado alguna vulneración de derechos fundamentales, exponen las citadas fuentes.

En estos casos, estiman que el Constitucional se ha excedido porque entra a analizar si las soluciones que aportó el Supremo fueron las correctas, un nivel de detalle que creen que no se ajusta a las funciones encomendadas a este órgano. porque supone invadir la jurisdicción ordinaria, que es precisamente el "campo de juego" del TS.