Sánchez tiene planes A, B y hasta C para los presupuestos

Con energías y sensaciones renovadas, tras el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado en el calendario un nuevo objetivo y unas nuevas fechas: quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 y su opción inicial pasa por hacerlo con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, en primer lugar, y de ERC y Bildu, para continuar.

Existen ya conversaciones en marcha con los distintos Grupos desde el Ministerio de Hacienda, aunque las fuentes del Gobierno de Sánchez consultadas por EsDiario, aseguran que, si en un primer momento se acarició la posibilidad de convocar un pleno extraordinario a finales de este mes de julio, para dejar aprobado el primer paso que requieren las cuentas públicas, que es la aprobación del techo de gasto, esto se ha pospuesto al mes de septiembre. Según estas mismas fuentes, la intención es que se pueda aprobar ese techo de gasto en el primer o segundo pleno, a la vuelta del verano.

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 En el calendario monclovita, está fijado el 2 de agosto como la fecha que se celebrará el último Consejo de ministros, antes del parón estival y, para la semana del 22 de agosto, esas conversaciones de estos días deberían haber madurado lo suficiente como para tener ya no solo un pre acuerdo sobre el techo de gasto, sino para que estén plasmadas las grandes líneas del presupuesto correspondiente al año 2023.

La tarea no parece nada fácil, dado que la incertidumbre sobre la economía española, europea y mundial en buena medida es absoluta y las previsiones no son nada halagüeñas. Con todo, Sánchez ha dado órdenes muy claras a la ministra María Jesús Montero para que acelere todos los pasos necesarios y en el gabinete del presidente advierten que no es una “pose” ni un amago del presidente, sino que está convencido de que podrá sacar adelante los presupuestos de 2023.

Sin embargo, de no lograrlo, Pedro Sánchez tendría también su Plan B en mente, tal como aseguran quienes le conocen bien. De acuerdo con esta tesis sobre un hipotético rechazo de las Cuentas Públicas, si Sánchez se viera “obligado” a prorrogar los Presupuestos actuales para el ejercicio del 2023, varios de sus compromisos con los más vulnerables, en materia de ayudas y pensiones, podrían verse afectados o bloqueados, de cara al año próximo. Las subidas de las pensiones o el salario de los funcionarios podrían verse afectados y bloqueados por una prórroga presupuestaria.

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Esa es una circunstancia que, bien “manejada”, trabajada y “comunicada”, intentaría proyectarse desde La Moncloa hacia la ciudadanía española, como la consecuencia del voto contrario a los presupuestos, como se espera, de la derecha de PP y Vox, además de Cs, pero también de aquellos que, dentro del espectro de los socios gubernamentales, se negasen a apoyar unas cuentas públicas “sociales” y con la mirada puesta en los que más sufren la crisis.

De cara al exterior y, en especial, a la UE, una hipotética derrota en la votación de los Presupuestos Generales del Estado -la primera que sufriría el Gobierno de Pedro Sánchez en una legislatura tan convulsa como la actual y contando con que ha habido idas y venidas de socios parlamentarios, que no han sido un bloque homogéneo, hasta el punto de que el PSOE ha tenido que sacar adelante votaciones muy delicadas, con los votos del PP (incremento del presupuesto de Defensa) con Vox (Fondos Europeos) o con Ciudadanos (prórroga del Estado de Alarma en Pandemia), mientras sus socios habituales le daban la espalda- supondría la justificación política del por qué no se acometen ciertas reformas que se apuntan desde Bruselas, temerosos de que la relajación de los objetivos de déficit se nos haya subido a la cabeza y llegue un resacón imparable, pero también, como decimos, paralizaría algunas medidas ya anunciadas y que suponen un fuerte desembolso de las arcas públicas y que, sin presupuestos, ya no serán. Con o sin presupuestos, Pedro Sánchez tiene un plan. Y si no le sirve, diseñará un tercero.